El veto de DeepSeek en EEUU ya tiene perímetro: las agencias civiles federales deberán desinstalar la tecnología china de sus sistemas. La orden, fechada el 24 de julio de 2026 y publicada ahora en el Registro Federal, no se queda en el chatbot que cualquiera abre en una web. Alcanza también a los productos de terceros construidos sobre su API.
Claves de la operación
- Desinstalar, no solo dejar de comprar. La orden obliga a retirar lo ya instalado en las agencias civiles, admite excepciones previas y llega sin cifra pública del coste de sustitución.
- El software de terceros entra en el perímetro. Un producto con otro nombre puede quedar afectado si se construyó sobre la API del modelo, lo que traslada la auditoría a integradores y consultoras.
- Ventaja para los proveedores estadounidenses. OpenAI, Anthropic y los grandes de la nube se convierten en la alternativa que no exige justificar jurisdicción ante un comprador de contratos plurianuales.
La orden fija un ámbito concreto y una doble obligación. Afecta a las agencias civiles de la rama ejecutiva federal, les impide cerrar nuevas compras de productos y servicios de la firma china y les exige retirar los que ya operan. El texto deja fuera la seguridad nacional y admite excepciones previa solicitud, un detalle que lo convierte en marco negociable y no en prohibición blindada.
Ninguna agencia ha publicado el inventario. Tampoco hay estimación pública del coste de sustituir herramientas que hoy funcionan. la migración forzosa arranca sin presupuesto identificado y con el calendario en manos de cada organismo. El problema se traslada a los proveedores: quien vendió el software asume la auditoría y el riesgo de perder el contrato.
La arista menos discutida es la del software que no lleva la marca. Un modelo puede llegar a una agencia dentro de una herramienta con otro nombre, otro contrato y otro responsable de compra. el veto cubre el código levantado con tecnología DeepSeek aunque se venda como propio. Ahí se abre un frente para integradores y consultoras: certificar que el producto entregado no contiene una implementación china.
El argumento de Washington apunta menos al modelo que a los datos que lo alimentan. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene en la propia orden que la compañía aloja servidores en China y que sus servicios pueden recopilar información personal, rastrear a los usuarios y procesar sus consultas. el temor es que ese material quede al alcance de las autoridades chinas. No hay acusación judicial: basta una presunción regulatoria para ordenar la retirada.
No es el primer cerco. Una ley promulgada en diciembre de 2025 encargó al Director de Inteligencia Nacional las normas para retirar la aplicación de los sistemas de la comunidad de inteligencia, con excepciones para investigación. el veto nació en la inteligencia y ha llegado a la contratación administrativa. La diferencia es de perímetro, y en EEUU el perímetro es la política.
Desinstalar tecnología ajena es una obra de dos ejercicios presupuestarios; el titular dura un día.
En paralelo, el escrutinio técnico sigue su curso. El pasado mes de septiembre, la NSA, el FBI y la agencia de ciberseguridad CISA advirtieron sobre campañas de destilación a gran escala, contra modelos estadounidenses, y la compañía aparece entre las señaladas. La técnica no es ilegal por sí misma. OpenAI y Anthropic atribuyen a la firma usos no autorizados de sus sistemas. Pekín lo niega y acusa a Washington de politizar el comercio.
Del chatbot al código ajeno: la auditoría que nadie presupuestó
Para una agencia, el problema operativo no es borrar una aplicación del catálogo. Es demostrar que ninguna de las herramientas que usa, incluidas las que compró a un integrador local, incorpora una implementación del modelo. Eso exige inventario de software, declaraciones de proveedor y, en muchos casos, renegociar contratos vigentes. la orden no crea sello de certificación ni procedimiento único: cada organismo decide cómo verifica. En una administración que externaliza buena parte de su informática, esa libertad se traduce en coste.
La excepción previa solicitud es la válvula que puede vaciar el veto. Cualquier agencia que acredite necesidad operativa puede pedir quedarse con la herramienta. No sabemos cuántas lo harán. Sí sabemos que el primer mapa real de lo que sobrevive no lo dará la orden, sino las resoluciones que se vayan conociendo.
Quién gana: el hueco federal que OpenAI y Anthropic ya disputan
El efecto competitivo inmediato es una transferencia de cuota dentro del mercado federal civil. Los proveedores estadounidenses de modelos, con OpenAI, Anthropic, Google y Microsoft como cabezas visibles, no necesitan ganar una licitación nueva: les basta con ser la alternativa que no obliga a justificar jurisdicción. Siguen sujetos a controles de seguridad, pero no arrastran el problema de origen que la orden atribuye a la firma china.
Hay un matiz incómodo para la propia Casa Blanca. El veto encarece el software de sus agencias justo cuando el discurso oficial es de eficiencia en el gasto. Y no resuelve el fondo: la tecnología viaja dentro del producto, no solo en un contrato de servicio. la frontera administrativa no coincide con la frontera técnica, y esa grieta es la que van a explotar los integradores del resto del mundo.
El precedente de Huawei que Telefónica ya pagó
En España ya hemos pasado por esto. Telefónica afrontó la sustitución de Huawei en el núcleo de su red 5G bajo presión estadounidense, un cambio de proveedor que se ejecutó con calendario y con despliegues reprogramados. La lección no es diplomática. retirar tecnología embebida cuesta más que no comprarla, y la factura no aparece el día del anuncio, sino en los trimestres siguientes.
La segunda lección es de perímetro, y aquí el veto se contradice. La orden excluye los sistemas de seguridad nacional y la información compartimentada, es decir, los entornos donde una filtración hacia un tercer país sería más grave. Deja el peso sobre la Administración civil, que es la que tiene menos capacidad de auditar código ajeno. La lógica política se entiende; la lógica de seguridad, bastante menos.
Mientras la UE mantiene su enfoque de evaluación de riesgos en el AI Act, sin listas de proveedores vetados, las empresas españolas que contratan con agencias federales de EEUU tendrán que decidir si certifican el origen de su software o renuncian a ese negocio. Es la cascada silenciosa de cualquier veto: no cambia el mundo, cambia los contratos de quien toca el mercado vetado. El hito a seguir no es la publicación en el Registro Federal, sino las primeras excepciones resueltas.
