Los servicios de ajuste eléctricos acumulan 4.360 millones de euros hasta mediados de octubre, un 41% más que en el mismo tramo de 2025.
El sobrecoste ya pesa tanto como las redes
La cifra la firma el último informe del Observatorio del coste de los servicios de operación, la plataforma que reúne a las patronales de las grandes eléctricas, a las comercializadoras independientes, a la gran industria electrointensiva y a las organizaciones de consumidores. Su metodología mide el sobrecoste que asume el consumidor por mantener el sistema en equilibrio entre oferta y demanda.
En la primera quincena de octubre ese sobrecoste fue de 25,95 euros por megavatio hora, más de 260 millones de euros en quince días. Desde el 1 de enero, el promedio se sitúa en 22,4 euros/MWh. El propio Observatorio lo compara con una referencia incómoda: el coste de las redes. La partida que nació como un servicio técnico marginal pesa ya lo mismo que la infraestructura que transporta la electricidad.
La trayectoria del indicador tampoco invita al optimismo. El Observatorio ha elevado su estimación en cada actualización del año: 3.360 millones, después 3.570, luego 3.850, más tarde 4.100 y ahora 4.360. Cada revisión ha añadido entre 200 y 300 millones al cálculo, sin que ninguna haya corregido la cifra a la baja.
El reparto por tipo de consumidor explica la inquietud. Estos costes representan un 8% de la factura de un hogar, un 11% en una pyme y hasta un 16% para un consumidor electrointensivo.
Cuando vendedores, compradores y usuarios finales firman el mismo diagnóstico, el problema ya no es de precio: es de diseño del mercado.
Del Observatorio forman parte Aelec —con Endesa, EDP España e Iberdrola en su seno—, ACIE y Acenel por el lado de las comercializadoras independientes, AEGE por la gran industria, la CEOE, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, la confederación de consumidores Consumes y Cepyme. No es un lobby contra otro: coinciden vendedores, compradores y usuarios finales.
El documento sostiene que estos costes ‘se trasladan directamente a la factura eléctrica’ y que en numerosos periodos alcanzan ‘niveles superiores al propio precio de la energía’. De ahí la conclusión que repiten las entidades: la señal de precios llega distorsionada y la competitividad de la economía se resiente.
Conviene precisar qué se paga bajo esa etiqueta. Los servicios de ajuste son los mecanismos con los que el operador del sistema casa en tiempo real la producción de las plantas con la demanda de los consumidores: reservas que arrancan en minutos, órdenes para modular la salida de una central y pagos por resolver cuellos de botella en la red. Sin ellos, la frecuencia del sistema se desestabiliza. La discusión no es si deben existir, sino cuánto cuesta tenerlos y quién los abona.
Red Eléctrica eleva a 4.219 millones el coste de los servicios de ajuste
Red Eléctrica de España publicó su propia contabilidad a principios de octubre, con otro corte. El operador del sistema cifró en 4.219 millones de euros los servicios de ajuste hasta el cierre de septiembre, un 37,3% más interanual. La brecha con los 4.360 millones del Observatorio no es un error: no miden exactamente lo mismo ni con la misma fecha de corte.
El desglose resulta revelador. De esos 4.219 millones, 3.614 millones corresponden a solución de restricciones técnicas, 312,8 millones al Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD) y 292 millones a reserva de regulación secundaria.
La denominada programación reforzada, activada tras el apagón del 28 de abril de 2025, se quedó por debajo de 275 millones en los nueve primeros meses del año. Para un usuario acogido al PVPC con 300 kilovatios hora mensuales, ese refuerzo cuesta unos dos céntimos al día.
El contexto completa la foto. Los costes totales del sistema eléctrico ascienden a 29.500 millones de euros, y la generación ingresó 3.906 millones por los servicios de ajuste de restricciones técnicas y regulación secundaria en el mismo periodo. El ajuste se ha convertido en un mercado dentro del recibo.
El 85,7% del problema no es la operación reforzada
La lectura fácil atribuye el repunte a las medidas extraordinarias posteriores al apagón. Los números no lo sostienen del todo. El refuerzo explica menos del 7% de lo contabilizado por Red Eléctrica hasta septiembre. El grueso, un 85,7% del total, son restricciones técnicas: el pago por resolver congestiones de red y por ordenar a las plantas cómo producir.
Ahí está la contradicción que el debate público esquiva. La operación reforzada es visible, tiene fecha de nacimiento y relato propio. Las restricciones técnicas son un goteo sin titular que crece con cada megavatio renovable conectado donde el mallado no llega. Cuanta más potencia se instala en zonas sin capacidad de evacuación, más veces hay que compensar a una planta para que produzca o para que se detenga.
El refuerzo aprobado tras el apagón explica menos del 7% del ajuste. El resto es la factura silenciosa de conectar generación donde la red no llega.
El riesgo evidente es que la excepción se consolide. La programación reforzada nació con vocación temporal; su intensificación, según el Observatorio, ha agravado la carga que soportan hogares y empresas. Si se prorroga mientras las restricciones siguen el ritmo de la nueva potencia, la partida no se corrige: se institucionaliza.
Hay una segunda tensión, de más calado. Estos costes se fijan en un ámbito regulado, sin señal de precio para quien los paga, y se repercuten después en la factura. El Observatorio reclama ‘reducir estos costes, mejorar la transparencia y la competitividad de la economía’, una formulación amplia que no concreta qué medidas, en qué plazo ni a costa de quién.
Ese detalle tiene consecuencias industriales. Si el sobrecoste del ajuste supera en determinados periodos al precio de la energía, el coste marginal de producir acero, cemento o papel en España deja de depender solo del mercado mayorista y pasa a depender también de la congestión de la red. Para una planta electrointensiva, un 16% de sobrecoste sobre un recibo que ya compite con factorías alemanas o francesas pesa en cada decisión de inversión.
La pregunta abierta ya no es cuánto cuesta mantener el sistema en equilibrio, sino durante cuánto tiempo el consumidor seguirá asumiendo en solitario el desajuste entre la generación que se instala y la red que debe evacuarla. El cierre anual de Red Eléctrica y la próxima actualización del Observatorio darán la primera prueba: si el sobrecoste medio se mantiene por encima de los 22,4 euros/MWh, el problema habrá dejado de ser coyuntural. De momento, la cifra que comparten patronales, industria y consumidores es esa. Nadie la ha discutido. Nadie la ha corregido.
