Trump asegura que Google ya no ignora sus llamadas y presume de poder sobre la tecnológica ante un auditorio de Kentucky. El presidente de Estados Unidos contó el sábado 17 de octubre que llamó a la compañía para que su mapa reflejara el cambio de nombre del Golfo de México y remató la anécdota con una frase que resume el nuevo equilibrio entre la Casa Blanca y Silicon Valley: ‘me besa el culo’.
Claves de la operación
- Trump convierte una llamada en demostración de fuerza. Sostiene que Google atendió su petición sobre el nombre del Golfo de México después de ignorarle durante su primer mandato.
- La versión de la empresa no encaja con ese relato. Google ha defendido que aplica denominaciones oficiales aprobadas por las autoridades, no encargos presidenciales directos.
- El sector lo lee como un precedente incómodo. Alinearse con el poder abarata el corto plazo y encarece la defensa antitrust en Washington y en Bruselas.
El escenario fue el mitin de Highland Heights, en Kentucky, un acto en el que el presidente repasó lo que considera sus logros del segundo mandato. Entre ellos citó la decisión de renombrar el Golfo de México y también una referencia al lago Ontario. La secuencia importa menos que el mensaje: Trump vende su capacidad de mover a las grandes tecnológicas con una llamada. Y lo vende porque cree que ese es el termómetro real del poder.
Sus palabras, recogidas por The Verge, fueron algo más explícitas: ‘Puedo hacer cosas que son increíbles… Llamé a Google, a Google Maps. Google no habría aceptado mi llamada en el primer mandato. Ahora me besan el culo’. La frase, pronunciada ante un público entregado, admite dos lecturas. La primera es la que busca el orador: acceso directo y pleitesía. La segunda es la que interesa a los mercados: una cotizada presentada como interlocutor dócil del poder político.
Del teléfono que nadie descolgaba al beso en público
La política de nombres de Google Maps no se decide en un despacho de la Casa Blanca, pero la narración presidencial funciona igual. El presidente sugiere que convenció a la compañía de reflejar el cambio de forma personal. La explicación que la empresa ha mantenido en público es otra: su mapa aplica la denominación oficial del golfo que aprueban las autoridades competentes, y esa actualización llegó por la vía administrativa antes que por ninguna llamada.
Según la información publicada, la versión del mandatario choca con el comunicado que la compañía difundió sobre el asunto. Ese detalle es el que conviene retener: no estamos ante un cambio de mapa, sino ante una disputa por el relato de quién manda.
Una llamada no cambia un mapa; cambia la percepción de quién puede cambiarlo, y en Washington esa percepción cotiza.
Para Alphabet, la anécdota llega en un momento incómodo. La compañía acumula frentes abiertos en Washington y en Bruselas: remedios antitrust sobre su negocio publicitario, obligaciones del Reglamento de Mercados Digitales y el despliegue del reglamento europeo de inteligencia artificial. Su estrategia pasa por no convertir ningún roce en titular. Discutir con un presidente en público sale más caro que sonreír en privado.
Lo que Google se juega cuando el nombre de un mapa es una decisión política
El negocio de Google no depende del nombre del Golfo de México. Depende de que administraciones, anunciantes y medios sigan tratando sus productos como infraestructura neutral. Ahí está el coste real: cada episodio que retrata a la empresa como apéndice del poder erosiona ese activo. Y no solo en Estados Unidos. La compañía mantiene denominaciones distintas según el país desde el que se consulte el mapa, una decisión que ya generó fricción diplomática con México.
El calendario tampoco ayuda. Alphabet presenta sus resultados del tercer trimestre a finales de este mes y las preguntas sobre regulación volverán a ocupar buena parte de la llamada con analistas. La publicidad seguirá siendo el termómetro de las cuentas, pero el relato político ya forma parte de la prima de riesgo que el mercado descuenta. La incertidumbre regulatoria se ha vuelto estructural en el sector.
El episodio tampoco es aislado. Las grandes tecnológicas han multiplicado en los últimos dos años los gestos de aproximación hacia el poder ejecutivo, inversiones anunciadas en centros de datos, presencia en actos oficiales, silencios calculados, sin que ninguna quiera quedar retratada como la empresa que besa el anillo. La diferencia es que ahora el propio presidente se encarga de contarlo en un escenario electoral.
El precedente que España ya conoce: cuando el regulador marca el paso
En España el pulso entre Google y el poder público se libra en otro terreno: el de la publicidad digital y la protección de datos. Las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos contra su filial europea y las obligaciones del Reglamento de Mercados Digitales han convertido a la compañía en un actor vigilado de forma permanente. La diferencia con el caso estadounidense es de método, no de fondo: aquí no hay llamadas, hay expedientes.
Ese modelo tiene una virtud y un límite. La virtud es la trazabilidad: cada decisión queda documentada y recurrible. El límite es la velocidad, porque un expediente tarda meses en resolverse mientras una conversación privada tarda minutos. En esta redacción entendemos que el riesgo para el sector no está en la anécdota de Kentucky, sino en la normalización de que las decisiones de producto se negocien con quien gobierna. Trasladado a Bruselas o a Madrid, eso tiene otro nombre y otras consecuencias para la cotización.
Queda por ver si Google mantiene el silencio institucional o si algún ejecutivo pone distancia pública respecto al relato presidencial. La compañía tiene dos hitos inmediatos en el calendario: la presentación de cuentas del tercer trimestre a finales de octubre y el avance de los remedios antitrust sobre su negocio publicitario. En ambos frentes se jugará algo más que ingresos.
