Del 45% al 15%: el tope que deja media subida pendiente
La tarifa regulada de gas deja 200 millones de euros en el aire. Los hogares acogidos a la TUR que se beneficien este trimestre del tope del 15% devolverán la diferencia, con su coste financiero, a partir de enero de 2027.
La revisión trimestral de la Tarifa de Último Recurso apuntaba a un encarecimiento superior al 45% entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre. El Gobierno aprobó el 29 de septiembre un real decreto para que ese golpe no llegara entero a las facturas: la subida se queda en el 15%. El mecanismo es idéntico al que se activó durante la crisis energética de 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania desbocó los precios del gas. Ahora el detonante es otro: el enquistado conflicto en Irán y su efecto sobre los combustibles.
El alcance no es menor. La TUR del gas natural cubre a unos tres millones de consumidores, cerca del 40% de los ocho millones que hay en España entre hogares, comunidades y pequeños negocios. El resto opera en mercado libre, con ofertas anuales que se negocian puerta a puerta. Los de la tarifa regulada, en cambio, solo pueden esperar a la siguiente revisión.
El texto publicado en el BOE no esconde la letra pequeña. La diferencia entre el precio que saldría de aplicar la fórmula ordinaria y el que resulta del tope, ‘más el coste financiero asociado, se recuperará mediante el incremento del término Cn aplicado en las revisiones trimestrales posteriores de la TUR a partir de la revisión de 1 de enero de 2027, con el límite establecido (…) hasta su completa amortización’. Traducido: lo que no se cobra ahora se cobra después. Y con recargo.
Quién pone el dinero y cómo se recupera
La diferencia la adelantan las comercializadoras de último recurso, no el Estado. Son 200 millones de euros de desfase que las compañías irán repercutiendo a los usuarios en las revisiones trimestrales a partir del año que viene, hasta recuperar el total. El real decreto incluye además una cláusula de salida: quien cambie de comercializadora deberá abonar la parte proporcional al periodo en que se benefició del mecanismo.
En términos individuales, el desfase equivale a unos 67 euros por hogar si se reparte linealmente entre los tres millones de afectados, según el cálculo que resulta de las propias cifras oficiales. No es una fortuna. Tampoco es gratis, y ahí está el problema de fondo: la factura de la calefacción de este invierno se paga, en parte, en el invierno siguiente.
Aplazar una subida no la elimina: la convierte en una cuota que el consumidor paga más tarde, con el frío ya pasado y sin recordar por qué.
El precedente de 2022 y el riesgo de cronificar el aplazamiento
España ya ha jugado esta partida antes. Durante la crisis de 2022 el Ejecutivo limitó la subida de la TUR con el mismo mecanismo, y el resultado fue una factura más suave en el momento y una resaca posterior que se diluyó en las siguientes revisiones. La diferencia es que entonces había una excusa con fecha —la guerra de Ucrania, el gas por encima de los 300 euros el megavatio hora— y hoy la excusa es un conflicto en Irán que nadie sabe cuándo termina.
El riesgo tiene nombre técnico y precedente eléctrico: el déficit de tarifa. Aquel desfase entre lo que costaba la luz y lo que se cobraba por ella acabó acumulando más de 20.000 millones de euros de deuda y tardó más de una década en titulizarse. La TUR del gas no va por ese camino, porque los 200 millones son una fracción mínima del sistema. Pero el principio es el mismo: cuando el precio real y el precio político se separan, alguien acaba pagando la diferencia. La pregunta es cuándo y con qué Gobierno delante.
Mi lectura es que el tope del 15% fue una decisión razonable en el momento y un mal precedente en el diseño. Razonable porque una subida del 45% en pleno octubre, con la calefacción encendida y tres millones de hogares cautivos en la tarifa regulada, es material político inflamable. Mal precedente porque traslada al consumidor un coste que no puede negociar: los que están en mercado libre pueden cambiar de oferta; los de la TUR solo pueden esperar. Y si el invierno se complica, el Gobierno tendrá la tentación de volver a aplazar. El frío no negocia. El hito a vigilar es la revisión del 1 de enero de 2027: ahí se sabrá cuánto sube el término Cn y si el mecanismo se aplica con la misma generosidad con la que se aprobó.
La bombona también tiene techo: 19,55 euros hasta junio de 2027
Junto al gas canalizado, el Ejecutivo ha fijado el precio máximo de la bombona de butano en 19,55 euros, frente a los 18,84 euros actuales, y no podrá superarse al menos hasta junio de 2027. Afecta a unos siete millones de personas, con especial peso en el medio rural, donde la bombona sigue siendo la fuente principal de calefacción y de agua caliente.
Ahí, en los pueblos, el aplazamiento no llega. La bombona se paga al contado y sin revisión trimestral que valga. Es la parte del ajuste que no sale en los titulares y que, sin embargo, mide mejor que ninguna otra el coste real de una política energética que sigue tapando con decretos lo que el mercado no deja de decir.
