El fraude de las comercializadoras eléctricas vuelve el lunes a la Audiencia Nacional con 61,3 millones de euros en juego.
El desglose del fraude: 19,83 millones a Endesa, 17,29 a Naturgy y 4,84 a Repsol
La cifra global la puso Red Eléctrica al cuantificar el perjuicio: 61,3 millones de euros. De ese total, 19,83 millones corresponden a Endesa Generación, 17,29 a Naturgy y 4,84 a Repsol. Las tres partidas suman 41,96 millones, por debajo del daño global, porque la acusación sostiene que el golpe no se detuvo en las productoras: alcanzó también a las distribuidoras y podía acabar repercutiendo en el precio final de la electricidad.
El escrito de acusación, de 69 páginas y al que ha tenido acceso EFE, describe una estructura organizada de sociedades cuyo fin declarado era obtener beneficios ilícitos y ocultar su destino. La Fiscalía atribuye a transferencias a distintas mercantiles 50,3 millones de euros, fondos que habrían pasado por cuentas bancarias y empresas patrimoniales hasta introducirse en circuitos económicos aparentemente legales.
Hay 17 acusados. Los delitos que les imputa el ministerio público son estafa continuada, organización criminal y blanqueo de capitales. El presunto cabecilla es Esteban Roig Padrosa, para quien se piden 16 años de prisión.
La vista quedó fijada para los días 19, 20, 21 y 22 de octubre. En el arranque del proceso, la Fiscalía adelantó que una parte importante de los procesados había alcanzado acuerdos de conformidad, lo que reduce el margen de debate en sala. La suspensión del 12 de octubre, provocada por una indisposición del fiscal, dejó las cuestiones previas sin abordar.
Las conformidades desactivan la parte más vistosa del juicio: lo decisivo ya no es quién se sienta en el banquillo, sino quién asume el quebranto.
El manual de la trama: precios de captación, compras al 5% y trasvase de clientes
El procedimiento descrito en la acusación tiene una lógica casi industrial. Se constituían o se adquirían sociedades, se depositaban las garantías iniciales necesarias para operar y se generaba una apariencia de legalidad suficiente para entrar en el sistema. Después llegaba la captación: ofertas con precios muy por debajo del mercado, diseñadas para sumar el mayor número posible de consumidores y engordar la facturación en el menor tiempo. La entrada, en la práctica, era barata.
Comprar solo el 5% de la energía que se factura no es un error de previsión: es el núcleo del modelo que describe la Fiscalía.
El siguiente paso era dejar de comprar. Según la acusación, las comercializadoras reducían de forma progresiva sus adquisiciones de electricidad mientras seguían emitiendo facturas a los clientes ya captados. En algunos casos llegaron a adquirir apenas un 5% de las necesidades previstas. El resto del consumo se facturaba sin respaldo de compra.
Cuando una sociedad acumulaba impagos y quedaba inhabilitada, la estructura no se detenía. Los clientes y parte de la actividad se trasladaban a otra compañía del entramado, que reiniciaba el ciclo con papeles nuevos y la misma cartera bajo otro nombre comercial.
Las garantías que debe depositar una comercializadora para operar se calculan con criterios que no siempre acompañan al ritmo al que crece su cartera. En un mercado con libertad de entrada y cambios de suministro casi inmediatos, una sociedad recién creada puede sumar miles de contratos en semanas y responder con un aval pensado para un volumen muy inferior. La acusación describe precisamente ese desfase: apariencia legal, clientes reales y compras menguantes.
El margen de maniobra lo daba el calendario. El retraso de siete u ocho meses en la liquidación definitiva de determinados desvíos eléctricos, recoge el escrito, permitía estirar la actividad lo suficiente para no conocer el alcance real de la deuda antes de saltar a la siguiente sociedad. La trampa no necesitaba prisa. Necesitaba tiempo, y el sistema se lo daba.
Quién paga el agujero: el coste difuso de las comercializadoras fugaces
El caso deja una pregunta incómoda sobre el diseño del mercado. La liquidación de los desvíos eléctricos tarda meses, y ese retraso, que en en condiciones normales es pura burocracia, aquí funcionó como escudo. Una comercializadora podía facturar durante un ejercicio completo con garantías mínimas y desaparecer antes de que el sistema cerrara las cuentas. Cuando el desajuste se hacía visible, la sociedad ya estaba vacía y los clientes, en otra marca.
El reparto del quebranto tampoco es neutral. Los 61,3 millones que la Fiscalía atribuye a la trama no salen solo de las cuentas de Endesa, Naturgy y Repsol: se distribuyen por el sistema eléctrico y pueden acabar repercutiendo en el recibo que paga el conjunto de los consumidores. Es la parte menos visible del fraude. La que no se sienta en el banquillo.
El sector ya atravesó una sacudida parecida entre 2021 y 2022, cuando varias comercializadoras pequeñas cesaron su actividad tras la espiral de precios del mercado mayorista y miles de clientes acabaron adscritos a la comercializadora de referencia. Entonces el problema era la volatilidad. Ahora el supuesto es otro: no un operador que quiebra empujado por el mercado, sino una estructura que, según la acusación, se organizó para no pagar. La diferencia importa, porque el remedio también es distinto.
La vista se prolonga hasta el 22 de octubre y la sentencia dirá si el relato de la acusación se sostiene prueba a prueba. Lo que no resolverá por sí sola es la pregunta de fondo: si una comercializadora nueva puede seguir comprando el 5% de la energía que vende y tardar meses en que alguien lo detecte. La CNMC tiene competencias sobre el registro y la supervisión de estas empresas; el calendario de garantías y liquidaciones se decide en otro ámbito. Hasta que ese punto se mueva, el juicio será un correctivo, no una reforma.
