La COP17 biodiversidad arranca este lunes en Armenia con una brecha anual de 700.000 millones de dólares y una paradoja: la banca que debe proteger la naturaleza sigue financiando su destrucción.
Durante dos semanas, los gobiernos reunidos en Ereván evaluarán el avance del Marco Kunming-Montreal, el acuerdo de 2022 para detener y revertir la pérdida de biodiversidad antes de 2030. Los debates son tres: objetivos, implementación y, sobre todo, dinero. La cumbre llega sin mecanismo claro para cerrar la brecha y con los países desarrollados lejos de sus compromisos de financiación.
Hay una pregunta previa que debería ordenar la discusión. ¿Qué ocurre cuando el sistema financiero llamado a pagar la naturaleza es el mismo que la destruye? El análisis de la coalición Forests & Finance, difundido esta semana por IPS, pone cifras a esa contradicción.
La letra pequeña de la cumbre: 595.000 millones hacia el bosque que se tala
El Marco Kunming-Montreal fijó dos referencias: movilizar 200.000 millones de dólares anuales para biodiversidad en 2030 y recortar al menos 500.000 millones en subsidios que dañan la naturaleza. La brecha entre lo que se necesita y lo que se moviliza ronda los 700.000 millones al año. No es un problema de escasez, sino de dirección del capital.
Desde 2020, la banca ha canalizado 595.000 millones de dólares a empresas de agronegocio de alto riesgo y de minería en regiones de bosque tropical. El reparto lo dice casi todo: 351.000 millones a materias primas agrícolas y 244.000 millones a minería. Son las industrias detrás de la deforestación, la degradación del suelo, la contaminación y los conflictos con comunidades en Sudamérica, el Sudeste Asiático y África Central y Occidental.
El dinero no falta: está colocado en el lado equivocado del balance, en las industrias que degradan el capital natural del que dependen las economías.
La cifra importa por el volumen. Importa más por lo que revela del diseño del sistema. Los gobiernos prometieron en Kunming-Montreal alinear los flujos financieros con los objetivos de biodiversidad; cuatro años después, las entidades siguen prestando con libertad a quien destruye naturaleza y tratan el daño como un riesgo propio, no como un perjuicio que ayudan a causar.
Un objetivo a 2030 sin reglas vinculantes sobre el dinero es una declaración de intenciones, no una política de biodiversidad.
Los riesgos ligados a la naturaleza no se comportan como los financieros al uso. Un banco puede modelar cómo afectaría una sequía a los ingresos de una empresa sin preguntarse si esa empresa contribuyó a provocarla talando bosque o drenando humedales. Para cuando el deterioro aparece en la cuenta de resultados, el ecosistema puede haber cruzado un umbral del que cuesta volver. Los marcos de riesgo vigentes, concluye el informe, no miden esos impactos reales.
Brasil e Indonesia: mismo patrón, distinto cultivo
Brasil es el caso más nítido. Los bancos han prestado 83.000 millones al sector de la soja desde 2020, incluidos 6.800 millones solo este año, pese a que en enero se hundió la Moratoria de la Soja de la Amazonía. Ese pacto voluntario se atribuía una reducción del 69% de la deforestación asociada a la soja en las zonas monitorizadas, y cayó cuando los grandes exportadores se retiraron.
Con ellos se fue el sistema de trazabilidad que mantenía bosque en pie. La banca no ha fijado públicamente posición sobre ese colapso. Se firma mientras es voluntario y se abandona cuando cuesta.
Indonesia repite el patrón con otro producto. Las entidades han canalizado 67.100 millones a pasta de papel y aceite de palma desde 2020, con financiación a compañías vinculadas a incumplimientos repetidos de sus propios compromisos. El drenaje de turberas y la tala dejan paisajes menos capaces de retener agua y frenar el fuego, lo que eleva la vulnerabilidad de las comunidades ante los extremos climáticos.
📊 Impacto ecológico en cifras
- Capital movilizado: 595.000 millones de dólares desde 2020 a agronegocio y minería en regiones de bosque tropical.
- Reparto: 351.000 millones a materias primas agrícolas y 244.000 millones a minería.
- Tendencia: la financiación minera en países con bosque tropical creció un 55% entre 2016 y 2025.
- Salvaguardas: nota media del 25% en las políticas forestales de los bancos analizados; JPMorgan Chase, 18%.
La transición energética también arrasa bosque tropical
La minería merece capítulo aparte porque llega envuelta en etiqueta verde. Gobiernos y empresas compiten por asegurar cobre, litio, níquel y cobalto para baterías, redes y centros de datos, con la geopolítica y la expansión de la inteligencia artificial añadiendo presión. La financiación minera en países con bosque tropical creció un 55% entre 2016 y 2025; la del litio se multiplicó por más de once y la del níquel subió un 183%.
Conviene desmontar un error de cálculo: dar por limpia cualquier mina porque su mineral acabará en una tecnología baja en carbono. En esas regiones, la minería se asocia a destrucción de ecosistemas, contaminación, conflictos por la tierra y vulneración de derechos de pueblos indígenas. Una transición que sacrifica paisajes con enorme biodiversidad y a quienes dependen de ellos no es sostenible, sea cual sea el producto final.
De la promesa voluntaria a la regla que obliga
Las políticas bancarias suspenden cuando se miden. La puntuación media en cobertura de materias primas de riesgo forestal es del 25%, y un 39% de las entidades evaluadas queda por debajo del 20%. JPMorgan Chase, uno de los mayores bancos del mundo, se queda en el 18%. La mayoría de las entidades financieras mantiene la misma laxitud. El precedente del clima lo confirma: el objetivo de 100.000 millones anuales de financiación climática se alcanzó con dos años de retraso.
El informe plantea tres reglas vinculantes: diligencia debida ambiental y de derechos humanos en todo el grupo y la cadena de suministro, publicación de dónde va el dinero y con qué impactos, y consecuencias para quien financia daños graves sin resolver. En Europa ese camino está trazado a medias. La directiva de diligencia debida (CSDDD) y la de reporte (CSRD) empujan en esa dirección; el reglamento de deforestación (EUDR) exige trazabilidad a la soja, el aceite de palma y la madera que entran en el mercado comunitario, con un calendario de aplicación ya retrasado dos veces.
Falta lo esencial. Ninguna de esas normas impone a los supervisores tratar la pérdida de biodiversidad como un riesgo sistémico. No existe un equivalente al marco que se aplica a los bancos considerados sistémicos. Y los bosques tropicales sostienen los sistemas alimentarios y el suministro de agua de regiones enteras, como recuerdan el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Programa de la ONU para el Medio Ambiente.
Y no hace falta esperar a que Bruselas legisle. Un banco puede fijar líneas rojas contra la deforestación, la conversión de ecosistemas y las violaciones graves de derechos humanos, hacerlas exigibles en los contratos, verificarlas con auditores independientes y cortar la financiación si el cliente no corrige. Con una condición: respetar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y garantizar remedio a las comunidades afectadas. Ese movimiento empuja a toda la cadena, del exportador de soja a la estantería del supermercado donde el consumidor busca etiquetas que hoy no existen.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: Alinear los 595.000 millones canalizados desde 2020 frenaría buena parte de la pérdida de bosque tropical ligada a soja, palma y minería.
- Modelo que cambia: La moratoria voluntaria de la soja, hundida en enero, deja paso a la trazabilidad obligatoria que ya exige el reglamento europeo de deforestación.
- Para las próximas generaciones: Detener la pérdida de biodiversidad antes de 2030 exige que el capital que hoy financia la destrucción pague, como mínimo, la misma factura.
