El decreto estatal sobre centros de datos amenaza con dejar en suspenso la red de CPD que Euskadi lleva cuatro años levantando. La exigencia de que estas instalaciones consuman un mínimo del 80% de energía renovable choca con un mix de generación vasco que apenas supera el 15%, y pone en riesgo una inversión movilizada de 100 millones de euros.
Claves de la operación
- El umbral de 1 MW lo superan todos los nodos vascos proyectados, de modo que la red autonómica entra de lleno en el ámbito de la nueva norma estatal.
- La plataforma aDi Data Center Euskadi aspira a movilizar 100 millones con Euskaltel (MasOrange), Teknei, Dominion, Kutxabank, Iberdrola, Mondragon, Gertek y las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa.
- Merlin Properties desarrolla en Álava el mayor centro de España, con más de 300 MW proyectados y contratos ya firmados con Meta y Amazon.
La iniciativa arrancó en 2022 bajo el paraguas del Ejecutivo autonómico y con una etiqueta propia. Comenzó con un puñado de socios industriales y hoy suma una decena de empresas y administraciones, entre ellas la corporación Mondragon y las dos diputaciones forales. El objetivo declarado era movilizar 100 millones de euros y aprovechar los dos cables submarinos de fibra óptica que tocan la costa vasca.
De aquel diseño ya hay una pieza en marcha. El centro de Abanto-Zierbena, en el parque tecnológico de Bizkaia, opera con 2 MW de potencia. El segundo nodo, proyectado en Mondragon (Gipuzkoa) sobre una parcela de más de 5.000 metros cuadrados, alcanzará los 3 MW por fases y tiene prevista su entrada en servicio en 2027. El tercero, en Álava, cerraría la red.
El problema no está en la obra, sino en el marco regulatorio. El Gobierno de España quiere ordenar el desembarco de centros de datos que han fagocitado el acceso a la energía de la red eléctrica, y para lograrlo endurece los requisitos verdes. La propuesta exige un 80% de consumo renovable a toda instalación que supere 1 MW, umbral que rebasan todos los nodos vascos.
En Euskadi esa cifra es hoy inalcanzable. El mix autonómico apenas supera el 15% de renovables, muy lejos del listón estatal. El Gobierno vasco presentó el mes pasado un paquete de alegaciones en el que reclama que se computen las repotenciaciones previstas en los parques eólicos vascos como generación nueva y que se relaje la obligación de que producción y consumo coincidan en el tiempo. Fuentes del Ejecutivo confían ahora en que el adelanto electoral deje en suspenso la redacción actual del texto.
El mapa de la nube española se redibujará según el tendido eléctrico disponible, no según la fibra que llegue a la costa.
La norma no necesita pasar por el Congreso, pero acumula un aluvión de peticiones del sector y de varias comunidades autónomas. La mayoría de las alegaciones presentadas apunta en la misma dirección. El Ejecutivo central se ha abierto a atender parte de las demandas, consciente de que el texto tal y como está deja fuera a buena parte del territorio. Sin cambios, Euskadi pierde el argumento energético que sostiene su apuesta por la economía del dato.
Merlin Properties y el pulso por el mayor centro de datos de España
A pocos kilómetros del futuro nodo alavés está el proyecto que sí avanza con músculo privado. Merlin Properties desarrolla en el polígono logístico de Arasur, en el sur de Álava, el mayor centro de datos de España: más de 300 MW por fases y una inversión cercana a 1.000 millones de euros. Las obras arrancaron a finales de 2024 en un acto institucional con el lehendakari Imanol Pradales.
La compañía, integrada en el IBEX 35, ya tiene contratos firmados con Meta y Amazon y una asociación estratégica con Iberdrola, que opera al lado un parque fotovoltaico de 107 MW, el mayor de Euskadi, en el que también participan el Gobierno vasco y la Diputación alavesa. Ese es el modelo que el decreto quiere extender: generación propia pegada al consumo. Y es, a la vez, la prueba de que el capital privado no espera a la norma.
Los dos cables submarinos que amarran en la costa vasca explican por qué esta esquina del mapa importa tanto. Marea conecta con Estados Unidos y cuenta con Microsoft, Meta y Telefónica entre sus socios. Grace Hopper está vinculado a Google. Sin centros de datos que procesen ese tráfico aquí, la ventaja de la latencia se queda en el agua.
Una red autonómica frente a la lógica de los hiperescalares
La paradoja vasca se enuncia rápido: hay conectividad, hay suelo industrial y hay empresas dispuestas a coinvertir. Lo que no hay es electricidad verde suficiente. El pulso entre el decreto estatal y la planificación autonómica es un conflicto competencial disfrazado de normativa energética.
El precedente más útil lo firma Merlin Properties, referencia del IBEX 35 en inmobiliario logístico y ya uno de los grandes propietarios de centros de datos del sur de Europa. Su apuesta alavesa demuestra que el inversor institucional resuelve la energía por su cuenta, asociándose con una eléctrica del selectivo, y no espera a que se aclare la tramitación. La red pública vasca, en cambio, depende de un texto que sigue en fase de alegaciones.
Hay un riesgo de concentración y de calendario. Si la versión definitiva mantiene el 80% y descarta las repotenciaciones eólicas, buena parte de los 100 millones previstos queda sin justificación energética. El proyecto de Mondragon, con servicio previsto para 2027, es el primero que notaría el bloqueo. Tampoco ayuda la dependencia de un único marco estatal para una red diseñada por una comunidad autónoma.
Queda por ver si el adelanto electoral congela la tramitación o si, por el contrario, el Ejecutivo central prefiere cerrar el texto antes de disolver las Cortes. Ese es el hito que conviene seguir, junto con la letra pequeña que se publique en el BOE. Euskadi se juega ser algo más que el punto de aterrizaje de dos cables submarinos.
