El IPC de España en septiembre se disparó al 4,9%, un repunte que la CEOE atribuye directamente a la escalada de los precios energéticos. La patronal eleva su previsión de inflación media anual hasta el 3,6%, muy por encima del objetivo del 2% que persigue el Banco Central Europeo.
La CEOE eleva su previsión de inflación media anual al 3,6%
El dato no llega solo. Detrás del 4,9% hay una subida sostenida de los carburantes que ha terminado por contaminar el índice general y, de paso, ha dejado al descubierto lo frágil que resulta cualquier escenario que diera por amortiguada la crisis energética. Según la CEOE, el encarecimiento de la energía explica buena parte del desvío respecto a los meses anteriores.
La cifra preocupa porque llega en un momento en el que la economía española debería estar recogiendo los frutos de la desinflación. No los está recogiendo. La previsión de un 3,6% de media anual implica que los precios seguirán creciendo por encima de la referencia europea durante todo el ejercicio, y eso condiciona salarios, contratos y márgenes empresariales.
En paralelo, el mercado laboral y los convenios colectivos ya están incorporando esa referencia del 3,6%. Es el efecto de segunda ronda que tanto preocupa a los economistas: cuando la inflación se instala en las expectativas, deja de ser un fenómeno pasajero y pasa a formar parte de las decisiones cotidianas de empresas y familias. El INE publicará el próximo dato con la vista puesta en si esa inercia se confirma.
Los carburantes obligan a mantener el descuento de 20 céntimos
La consecuencia más tangible ya tiene fecha. El descuento de 20 céntimos por litro de gasolina y diésel se mantendrá en noviembre, una prórroga que nació como medida temporal y que, curso tras curso, se ha instalado en el paisaje fiscal sin que nadie se atreva a retirarla. Cada extensión cuesta dinero público y normaliza una ayuda que en teoría iba a durar semanas.
El mapa autonómico confirma el diagnóstico. El IPC de Gipuzkoa se ha disparado al 4,3%, su nivel más alto desde 2023, un reflejo de cómo el precio de los carburantes golpea con más fuerza en los territorios donde el transporte por carretera pesa más. No es casualidad que las provincias con mayor dependencia del vehículo privado lideren el repunte.
La inflación energética ya no se combate con parches fiscales cada dos meses, sino con una política que nadie parece dispuesto a asumir.
Desde el lado empresarial, la lectura de la CEOE es prudente y, a la vez, incómoda. Una media anual del 3,6% deja claro que el problema no se resolverá en un trimestre. Y ahí aparece la contradicción de fondo: cuanto más tarda la inflación en ceder, más difícil resulta justificar el final de las ayudas sin provocar un nuevo repunte de precios.
Una inflación pegajosa que estrecha el margen de maniobra
Llevo meses sosteniendo que la batalla contra la inflación no se ganará en los tipos de interés, sino en la energía. El repunte al 4,9% de septiembre lo confirma. Mientras el precio del petróleo y del gas siga marcando el paso, cualquier previsión de convergencia hacia el 2% será más un deseo que un plan. La patronal lo sabe y por eso no se arriesga: habla de un 3,6% de media, una cifra que en la práctica obliga a convivir con precios altos hasta bien entrado 2027.
El riesgo real no está en el dato de septiembre, que era previsible. Está en la respuesta. Mantener el descuento de 20 céntimos alivia al consumidor hoy, pero retrasa la señal de precios que el mercado necesita para ajustar la demanda. Es una contradicción clásica de la política económica: se combate la inflación con medidas que, en el fondo, la sostienen. Y el coste de esa contradicción termina pagándolo siempre el mismo: el contribuyente. El precedente de la anterior escalada energética, cuando el índice tocó máximos que parecían imposibles, sirve de advertencia.
Para las empresas, el escenario es incómodo. Un IPC que ronda el 4% encarece la financiación, tensiona las negociaciones salariales y comprime los márgenes de sectores que no pueden trasladar el coste al cliente final. Las pymes lo notan antes que las grandes. Es el patrón que ya se vio en la anterior crisis energética: las compañías con músculo aguantan y las demás ajustan plantilla o cierran.
Habrá que vigilar dos hitos concretos. El primero, el dato de octubre, que dirá si la escalada de los carburantes ha tocado techo o si el invierno energético aprieta de nuevo. El segundo, la reunión del BCE de diciembre, donde se verá si Frankfurt cede a la tentación de endurecer otra vez la política monetaria o prefiere esperar. Si el índice vuelve a superar el 4%, ningún descuento bastará para disimular el problema. La prudencia tiene un límite, y ese límite se llama credibilidad.
