EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de seis contratos de concesión para construir y explotar ocho áreas de servicio con estación de recarga ultrarrápida en la Red de Carreteras del Estado, por 611,9 millones de euros sin IVA.
- ¿Quién está detrás? El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Mitma), que activa el programa piloto de carga eléctrica en carretera alineado con el Reglamento europeo AFIR.
- ¿Qué impacto tiene? Ocho puntos en Asturias, Cantabria, Zaragoza, Córdoba, Madrid, Cuenca, Valencia y Barcelona, de titularidad pública y con concesiones de entre 20 y 25 años. España suma 58.075 puntos públicos, pero solo el 5% supera los 250 kW.
El Gobierno autoriza la licitación de ocho estaciones de recarga ultrarrápida en la Red de Carreteras por 611,9 millones. La operación se reparte en seis lotes y aspira a tapar el agujero histórico de la carga eléctrica en los grandes ejes del país.
Ocho áreas de servicio en la A-2, A-3, A-4, A-8 y AP-7: dónde y por cuánto
El paquete se articula a través del Consejo de Ministros, que ha autorizado la licitación de seis contratos de concesión de obra, según confirma el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Los ocho puntos se reparten entre Asturias, Cantabria, Zaragoza, Córdoba, Madrid, Cuenca, Valencia y Barcelona, sobre cinco corredores estratégicos: las autovías A-2, A-3, A-4 y A-8, y la autopista AP-7.
De los 611,9 millones de euros estimados, unos 78 millones corresponden a la construcción de las áreas de servicio; el resto se reparte en el valor de explotación. La Roca del Vallés (Barcelona, AP-7) y Montoro (Córdoba, A-4) lideran el presupuesto con 16,40 y 16,30 millones, seguidas por Algemesí (Valencia) con 15,82 y Saelices (Cuenca) con 15,71.
Los lotes más modestos se concentran en el norte y el centro: Penagos (Cantabria) con 11,20 millones, Perales de Tajuña (Madrid) con 6,66, Calatayud (Zaragoza) con 6,52 y La Caridad (Asturias) con 5,84. Cinco de las ocho áreas serán dobles, con instalaciones en ambos márgenes de la vía.
Titularidad pública y hasta 25 años: la letra pequeña que miran las energéticas
Las estaciones serán de titularidad pública y se explotarán en régimen de concesión durante un periodo de entre 20 y 25 años, a cambio del pago de un canon a la Administración. Los terrenos elegidos son de propiedad estatal y estaban infrautilizados, según el Mitma, que los pone a a disposición de empresas privadas para acelerar el despliegue.
El Gobierno espera que concurran las grandes energéticas —Repsol, Iberdrola, Moeve, Endesa, Naturgy, Acciona, EDP y TotalEnergies— junto a operadores especializados en carga rápida como Zunder, Allego, Electra, Fastned y Powerdot. La puja se adivina intensa: quien se quede con los lotes estratégicos controlará el corredor de la AP-7 y del eje noreste, los tramos con más tráfico pesado y turístico.
El Estado asume el papel que dejó la iniciativa privada: licita tarde la red ultrarrápida que España debía tener hace un año.
Sobre el papel, la red pública española alcanzó los 58.075 puntos operativos al cierre del tercer trimestre de 2026, un 11,4% más que un año antes, según datos de Anfac. La lectura del dato es menos brillante de lo que parece: 39.347 puntos, el 68% del total, no llegan a 22 kW; solo 2.991, un 5%, superan los 250 kW; y 17.965 instalaciones, casi una de cada cuatro, están fuera de servicio.
Hoja de Ruta: Claves del Viaje
El impacto de la licitación es doble. Para el conductor eléctrico, la promesa es cerrar los huecos de carga ultrarrápida en los ejes transversales, donde hoy un viaje Madrid-Cantabria o Zaragoza-Valencia depende de desviarse o de encontrar un punto libre. Para las energéticas, la operación abre veinte años de explotación con suelo público y un marco estable, algo que el sector lleva reclamando desde que la crisis energética disparó el coste de la inversión en red.
La zona cero son los corredores secundarios. La A-8 en Asturias y Cantabria, la A-2 en Zaragoza y la AP-7 entre Valencia y Barcelona concentran buena parte de los lotes, justo los tramos donde la red ultrarrápida es más débil. El dato que resume el movimiento es la brecha de potencia: solo 2.991 puntos superan los 250 kW en un país con más de 58.000 enchufes públicos, y esa es la casilla que el Gobierno quiere mover.
Cabe recordar el precedente: el Reglamento (UE) 2023/1804 —conocido como AFIR— fija obligaciones de despliegue en los grandes ejes transeuropeos. España llega con retraso relativo y este paquete piloto funciona como atajo administrativo. El pulso se libra entre las energéticas verticales —Repsol, Iberdrola, Endesa— y los operadores puros de carga rápida.
El reto no es menor: adjudicar, construir y poner en marcha ocho áreas exige aprobar primero los proyectos en la Dirección General de Carreteras, licitar después y encajar los plazos de conexión eléctrica, el cuello de botella clásico. El hito a vigilar es la publicación de los pliegos definitivos y la apertura de ofertas, prevista en los próximos meses.
