Housers captó 167 millones de euros de sus inversores y asegura haber devuelto 110. La startup española del ladrillo no explica el destino de los 57 millones que faltan, ni siquiera un año después de rebautizarse como Crowpire.
Claves de la operación
- 57 millones sin justificar. La compañía sostiene que recaudó 167 millones y devolvió 110, pero no detalla a qué proyectos fue el resto del dinero.
- Un entramado societario eludía el control. Las promociones acababan en manos de administradores vinculados a la propia empresa, con domicilios compartidos en Madrid.
- Tres reguladores sancionaron a la firma. La CNMV, el Banco de España y el supervisor italiano CONSOB han multado a Housers o a algunos de sus dirigentes.
El hueco de 57 millones que ni Crowpire explica
La nueva dirección, que rebautizó la compañía como Crowpire hace un año, atribuye el desfase a una etapa anterior. Según su versión, la mayoría de los proyectos siguen en desarrollo o construcción y el resto están en fase de recobro o en los tribunales. La empresa sostiene que no puede facilitar cifras concretas hasta que el dinero se vaya repartiendo entre los inversores.
El problema no es menor. Housers fue una de las primeras plataformas de financiación participativa que la CNMV autorizó en España, y durante años se promocionó con un reclamo potente: invertir en promociones inmobiliarias con la misma lógica que un gran fondo. Su oferta, sobre el papel, era la de un simple intermediario que desaparecía en cuanto el proyecto quedaba financiado.
Docenas de inversores entrevistados y la documentación recabada apuntan a algo más incómodo: un modelo en el que el dinero entraba por un lado y la responsabilidad salía por otro. Varios afectados describen comisiones del 10% detraídas, sin factura nominativa, lo que les impedía deducirse el gasto en el IRPF. La firma responde que esa práctica corresponde a etapas anteriores a la actual dirección.
Las cifras oficiales tampoco ayudan. Housers llegó a presumir de 167 millones captados y 110 devueltos. Nadie aclara en qué se fue el resto, y menos aún cuándo volverá.
La trampa no fue la promesa de rentabilidad, sino un organigrama diseñado para desaparecer justo cuando el inversor más lo necesitaba.
Un entramado de sociedades con el mismo domicilio en Madrid
Sobre el papel, la responsabilidad de Housers terminaba en cuanto se cerraba la financiación de una promoción. En la práctica, esas promociones acababan gestionadas por un administrador supuestamente independiente que, en buena parte de los casos, era Atrium Lex. El responsable de esa sociedad estaba vinculado a Housers a través de varias empresas radicadas en un mismo piso del barrio madrileño de Peñagrande.
El rastro se enreda. El administrador de Atrium era también apoderado de Firsthom Properties, la firma que en 2019 compró las filiales de Housers en Italia y Portugal por casi un millón de euros. El presidente de esa compañía presidió a su vez Lemon Key, una sociedad que uno de los fundadores de la startup, Antonio Brussola, usó para desviar más de 55.000 euros, según una sentencia ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Atrium acumula quejas y denuncias judiciales de decenas de inversores que la acusan de llevar años sin presentar cuentas ni convocar juntas en promociones paralizadas. En una promoción de Barcelona, la gestora aseguró a los inversores que el edificio estaba tapiado cuando en realidad se encontraba en perfecto estado. La Agencia Española de Protección de Datos la multó con 100.000 euros por tratar datos financieros sin base legal, y llegó a tener el NIF revocado por insolvencia durante unos meses entre 2021 y 2022.
La confianza rota del crowdfunding inmobiliario español
España diseñó su marco de financiación participativa con la Ley 5/2015, que obligó a plataformas como Housers a operar bajo supervisión de la CNMV. La norma llegó más tarde que en otros mercados europeos y con un sesgo claro: protegía al inversor exigiendo que el intermediario no gestionara directamente los proyectos. Esa separación, pensada como garantía, se convirtió aquí en un paraguas. El administrador independiente que debía vigilar la promoción solía tener lazos con quien la promovía.
El balance sancionador retrata esa fragilidad. La CNMV multó a Housers con 215.000 euros en 2019, y el supervisor italiano CONSOB hizo lo propio con 100.000 euros ese mismo año. Pocas semanas antes de asumir la presidencia, Juan Guruceta recibió una sanción de 54.000 euros del Banco de España junto a Divilo, la empresa que preside. La dirección actual sostiene que todo ello pertenece al pasado y es ajeno a Crowpire.
Lo que queda es un mercado que prometió democratizar el ladrillo y ha dejado a miles de pequeños inversores atrapados en promociones paralizadas. El sector arrastra una crisis de credibilidad que ningún cambio de nombre resuelve. El próximo hito será comprobar si las demandas en curso aclaran el rastro del dinero y si las sociedades gestoras presentan por fin las cuentas que llevan años debiendo. Hasta entonces, los 57 millones seguirán sin dueño conocido.
