El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la tramitación por vía de urgencia de dos reales decretos sobre autoconsumo colectivo. La decisión, adelantada por El Periódico de la Energía, persigue un objetivo con fecha: que ambos textos estén publicados en el Boletín Oficial del Estado antes del 29 de noviembre, día de las elecciones generales.
El Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Sara Aagesen acumulaba meses de trabajo sobre estas dos normas sin haberlas llevado al Consejo de Ministros. Este martes se ha activado el resorte que faltaba: la tramitación de urgencia, un procedimiento que recorta los plazos internos, reduce los informes preceptivos y permite cerrar la aprobación en semanas en lugar de meses. La lectura que hace el sector es directa. Si el calendario electoral se cumple, la legislatura termina antes de que estos textos puedan desarrollarse con calma.
La fecha manda. Y en materia de autoconsumo, la fecha lleva meses condicionando cada decisión del departamento.
El real decreto que crea la figura del autoconsumidor colectivo
El primero de los textos regula el autoconsumo. Su novedad principal es la creación de la figura del autoconsumidor colectivo, pensada para que las comunidades de vecinos puedan desplegar instalaciones compartidas en cubiertas y zonas comunes sin que cada propietario tenga que darse de alta por separado. El modelo ataca uno de los frenos más persistentes del segmento residencial: la gestión administrativa repartida entre varios titulares y la dificultad de repartir la producción entre viviendas con consumos muy distintos a lo largo del día.
El segundo bloque del texto afecta al almacenamiento. La norma incorpora la tecnología vehicle-to-grid, conocida como V2G, que permite usar la batería de un coche eléctrico como acumulador doméstico. La energía que generan las placas durante las horas de sol se guarda en el vehículo y se devuelve a la vivienda cuando el precio del mercado aprieta. Para un hogar con coche eléctrico y paneles, el ahorro potencial es doble, porque reduce la compra de red en las horas caras y aprovecha mejor cada kilovatio producido en casa.
La letra pequeña del V2G, eso sí, es exigente. Requiere contadores bidireccionales, protocolos de comunicación compatibles entre vehículo y cargador, y un marco de responsabilidad claro sobre el desgaste de la batería. Nada de eso se resuelve con un real decreto aislado.
Comunidades energéticas: prioridad en el acceso y la conexión a la red
El segundo real decreto regula las comunidades energéticas. En España funcionan ya más de 300 comunidades energéticas, la mayoría con tecnología solar, una cifra que queda lejos del potencial que el propio ministerio atribuía al modelo cuando lo incorporó a su planificación. El texto no se detiene en crear nuevas figuras jurídicas, sino en desatascar dos trámites concretos: la tramitación administrativa y el acceso y la conexión a la red, donde estas entidades pasarán a contar con cierta prioridad.
El acceso a la red es el punto donde más proyectos se caen. Los promotores locales llevan años señalando que una comunidad energética de barrio compite en igualdad de condiciones con un operador industrial por un punto de conexión que suele resolverse por orden de llegada. La prioridad que introduce la norma pretende corregir ese desequilibrio, aunque el alcance real dependerá de cómo se redacte el procedimiento y de la capacidad que las distribuidoras tengan para absorber un volumen creciente de solicitudes sin trasladar el cuello de botella a la fase siguiente.
Hay otro factor que no aparece en el texto y que condiciona el resultado. Muchas de estas comunidades dependen de subvenciones autonómicas y de cesiones de cubierta municipal. Sin esa capa de apoyo, la prioridad en la conexión sirve de poco.
El Gobierno quiere dejar cerrado el marco del autoconsumo antes de que se disuelvan las Cortes, con o sin desarrollo posterior.
El PNIEC exige 19 GW y España ronda los 11.000 MW instalados
La urgencia tiene una explicación numérica. El autoconsumo cubre ya el 4,1% de la electricidad que se consume en España, un peso que dejó de crecer en los últimos ejercicios por la evolución de los precios. La capacidad instalada ronda los 11.000 MW, frente a los 19 GW que fija el Plan Nacional Integrado de Energía y Pima. La brecha supera los 8.000 MW y no se cierra sola.
El contexto de precios ha cambiado el escenario. La crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio ha devuelto el mercado eléctrico a niveles de 200 euros por MWh, un umbral que vuelve a hacer rentable la instalación doméstica y, sobre todo, la batería de respaldo. Sin esa señal de precio, el plan del ministerio difícilmente habría salido del cajón con este nivel de ambición.
El precedente histórico ayuda a entender el patrón. El autoconsumo español ha ido siempre detrás de dos variables: el precio y la norma. El impuesto al sol, creado en 2015 y derogado en octubre de 2018 por el Real Decreto-ley 15/2018, congeló el mercado durante tres ejercicios. El Real Decreto 244/2019 ordenó después el marco técnico y abrió la puerta a la compensación simplificada. Cada cambio normativo ha movido la instalación en una dirección u otra con una fiabilidad casi mecánica.
Esa es la contradicción que deja la vía de urgencia. Aprobar dos reales decretos en semanas acelera la cobertura política, pero estrecha los plazos de audiencia y deja flecos técnicos que se resolverán por desarrollo reglamentario posterior. Y ese desarrollo puede acabar en manos de un Gobierno distinto al que firma los textos. Los ciclos anteriores demuestran que las normas energéticas aprobadas en el tramo final de una legislatura rara vez se ejecutan tal y como se escriben.
Ocho gigavatios de diferencia no se cierran con un procedimiento de urgencia. Se cierran con años de instalación sostenida y con un marco estable que los instaladores puedan leer sin esperar a la siguiente reforma.
La norma más ambiciosa del autoconsumo español puede nacer con fecha de caducidad política antes incluso de llegar al BOE.
Queda la letra pequeña. La prioridad de acceso a la red, la retribución de la energía compartida en una comunidad de vecinos y el encaje fiscal del autoconsumidor colectivo son los tres puntos donde se juega la eficacia real de ambos textos. El primer indicador llegará cuando se publique el dato de instalación del cuarto trimestre y se pueda medir si la norma ha movido la aguja o si se ha quedado en el gesto. Hasta entonces, la única certeza es el calendario: dos reales decretos, dos meses y una cita con las urnas.
