Carlo Capuano, director ejecutivo, y Marta Sáenz Abenz, directora del sector soberano y público, de Scope Ratings, revisan las elecciones generales anticipadas en España.
Las elecciones generales anticipadas en España generan incertidumbre en cuanto a la gobernanza y la ejecución de las políticas, más que por suponer un desafío directo a los fundamentales del crédito soberano, respaldados por un sólido crecimiento económico, la mejora de los indicadores fiscales y la reducción de las vulnerabilidades externas.
España entra en el período electoral desde una posición de relativa fortaleza económica. El crecimiento del PIB, aunque se prevé que se modere del 2,8% en 2025 a una media de alrededor del 2,0% durante el período 2026-2031, se mantendrá notablemente por encima de la media de la zona del euro y de sus países homólogos.
El sólido crecimiento, la diversificación económica, la resiliencia del mercado laboral y las expectativas de inversión sostenida constituyen un importante respaldo para la calificación soberana. La consolidación fiscal también ha continuado, con la deuda pública en una trayectoria gradualmente a la baja y los déficits reduciéndose con respecto a los niveles posteriores a la pandemia.
Esta valoración sirvió de base para nuestra mejora del rating de España a A+/Estable el 11 de septiembre.
Elecciones en España: riesgo crediticio de carácter político, no económico
Por lo tanto, el principal riesgo crediticio asociado a las elecciones es de carácter político, más que económico. El panorama parlamentario cada vez más fragmentado de España ha complicado la formación de coaliciones, lo que limita la capacidad de los gobiernos para aprobar presupuestos o impulsar reformas estructurales clave. La fragmentación política puede ralentizar la toma de decisiones, diluir las medidas políticas y complicar la gestión fiscal, especialmente cuando es necesario tomar decisiones difíciles en materia de gasto.
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Para los inversores de deuda, la cuestión principal será si las elecciones dan lugar a un gobierno capaz de mantener una amplia continuidad en las políticas, incluida la prudencia fiscal. Un período prolongado de negociaciones para formar una coalición o un nuevo recurso a presupuestos prorrogados podrían ralentizar la aplicación de las reformas y reducir la flexibilidad política, aunque ello no altere de forma inmediata la trayectoria fiscal de España.
Al mismo tiempo, la perspectiva crediticia de España sigue respaldada por factores que son relativamente independientes del ciclo electoral. Entre ellos se incluyen la previsión de que la inversión continúe más allá de la ejecución de los fondos del programa «Next Generation EU», un sector turístico sólido, tendencias migratorias favorables, la mejora de la balanza de pagos y unos costes moderados del servicio de la deuda. Estos puntos fuertes aportan un cierto grado de resiliencia frente a la incertidumbre política a corto plazo.
Es poco probable que las elecciones, por sí solas, constituyan un evento crediticio significativo. Una mayoría de gobierno clara o una coalición duradera favorecerían la previsibilidad de las políticas. Por el contrario, un estancamiento político prolongado podría lastrar el impulso reformista y ralentizar los avances a la hora de abordar los retos pendientes de España, en particular la elevada deuda pública, el alto nivel de desempleo, las presiones de gasto relacionadas con el envejecimiento de la población y la asequibilidad de la vivienda.
En general, las elecciones representan un riesgo para la gobernanza y la ejecución de las políticas, más que una amenaza inmediata para los fundamentos crediticios de España. La perspectiva crediticia debería seguir respaldada por tendencias económicas y fiscales favorables, siempre que la evolución política no descarrile la trayectoria a medio plazo de la consolidación fiscal y las reformas estructurales.
