El Gobierno admite por escrito que participa ‘de manera muy activa’ en la estrategia de la SEPI. La respuesta parlamentaria registrada en el Congreso el 22 de septiembre confirma lo que hasta ahora el Ejecutivo esquivaba en público: el Estado orienta la marcha de Indra, Telefónica y el resto de las cotizadas del holding.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, adscrita al Ministerio de Hacienda, es el brazo inversor del Estado. Su cartera incluye participaciones en Telefónica, Indra, Redeia, Hispasat y CAF, entre otras compañías de defensa, energía y transporte. La contestación detalla que su función central es ‘fijar la estrategia y la planificación’ de las empresas controladas y ‘fijar los criterios’ de gestión en aquellas donde solo mantiene una posición minoritaria.
La respuesta que formaliza la tutela pública
El documento responde a una iniciativa de control escrita que cuatro diputados de Vox registraron en julio. Los parlamentarios pedían precisiones sobre la permanencia de la SEPI en el capital de las cotizadas del Ibex controladas por el Estado y sobre los ex altos cargos que se sientan en sus consejos de administración. La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes no se anduvo con rodeos.
El objetivo del holding, escribe el Gobierno, es ‘fijar la estrategia y la planificación de las empresas del sector público empresarial’, así como ‘fijar los criterios para la gestión de las participaciones en las compañías privadas. Todo, añade, ‘siempre conforme al interés público’. La respuesta íntegra se puede consultar en la web del Congreso de los Diputados.
La presencia estatal, argumenta el texto, ‘responde a una visión de largo plazo, con un carácter estable’ en sectores considerados estratégicos. La justificación oficial pasa por ‘fortalecer la resiliencia del tejido productivo’ y por ‘impulsar la inversión, especialmente la inversión tecnológica. El listado de áreas estratégicas es amplio: defensa, energía, telecomunicaciones, transporte, agricultura, aeroespacial y postal.
El Estado deja de hablar de neutralidad: la SEPI no es un accionista pasivo, sino el brazo que orienta la estrategia de sus cotizadas.
El matiz no es menor. En procesos anteriores de relevo en la alta dirección o en debates de gobernanza en Telefónica e Indra, la postura pública del Ejecutivo tendía a desvincular a la Administración de las decisiones internas y situarlas en el ámbito exclusivo de la autonomía de los consejos. Esta vez lo formaliza por escrito: el Gobierno se define como participante activo en la orientación general y en los criterios de gestión de sus participadas.
El pulso político llega en plena precampaña
La divulgación llega con las elecciones generales fijadas para el 29 de noviembre en el horizonte. La política accionarial de la SEPI se ha convertido en uno de los ejes del debate económico. Vox ha cuestionado de forma reiterada la ampliación del peso estatal en el accionariado de las cotizadas, con el argumento de que distorsiona el funcionamiento de los mercados y los principios de gobernanza privada.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha situado la ‘despolitización’ del Ibex 35 entre las prioridades de su programa. Su propuesta pasa por revisar el papel de la SEPI y preservar la autonomía directiva en firmas como Telefónica, Indra, Redeia, Enagás o Aena ante un hipotético cambio de ciclo político.
Una doctrina de largo plazo que tensiona el Ibex
España lleva décadas discutiendo hasta dónde debe llegar el Estado en la empresa privada. La SEPI nació en 1995 heredando el viejo Instituto Nacional de Industria, y desde entonces su papel ha oscilado entre la gestión de participaciones y la intervención estratégica en sectores sensibles. Lo que cambia ahora no es la práctica, sino el reconocimiento explícito de esa práctica. Y esa diferencia importa para cualquiera que invierta en el Ibex con la expectativa de que las decisiones se toman en el consejo y no en un despacho ministerial.
No es casualidad que la respuesta llegue por escrito y en septiembre, justo cuando el Gobierno ultima su relato económico para la campaña. Tampoco es casual que mencione la inversión tecnológica como justificación principal. Indra es hoy una de las mayores apuestas industriales del Estado en defensa y digitalización, y la SEPI controla su capital como accionista de referencia. Defender esa posición exige una doctrina, y el Ejecutivo acaba de ponerla negro sobre blanco.
Hay una contradicción que el documento no resuelve. Se presenta la participación estatal como garantía de estabilidad y de inversión tecnológica, pero también como criterio de gestión sujeto al interés público. Ambas cosas conviven en Indra, donde la SEPI tutela un proyecto de defensa con fuerte componente tecnológico. Encajan peor en Telefónica, expuesta a la competencia global y a los mercados de capitales. Cuanto más explícito es el accionista público, más difícil resulta defender ante un inversor extranjero que la estrategia responde solo a criterios industriales.
El debate, además, tiene fecha. Si el 29 de noviembre altera el mapa político, la política accionarial del Estado quedará sobre la mesa entre las primeras cosas a revisar. Hasta entonces, la SEPI seguirá fijando estrategia y criterios. Después, ya veremos quién los firma.
