La Audiencia Nacional arranca este martes el juicio contra la trama conocida como el ‘rey de los piratas’ de la luz, a la que la Fiscalía atribuye un fraude de 61,3 millones de euros a Endesa, Naturgy y Repsol, tres cotizadas del Ibex 35.
El escrito de acusación, de 69 páginas y al que ha tenido acceso Efe, señala a 17 acusados por delitos de estafa continuada, organización criminal y blanqueo de capitales. Para el presunto cabecilla de la organización, Esteban Roig Padrosa, el Ministerio Público reclama 16 años de prisión. La mayoría de los acusados afronta penas de cárcel y multas.
Un fraude de 61,3 millones contra tres cotizadas del Ibex 35
La cuantificación del perjuicio corresponde a Red Eléctrica Española (REE), gestor técnico del sistema. De los más de 61 millones presuntamente defraudados, 19,83 millones recaen sobre Endesa Generación; 17,29 millones sobre Naturgy, y 4,84 millones sobre Repsol.
| Compañía perjudicada | Perjuicio | Peso sobre el total |
|---|---|---|
| Endesa Generación | 19,83 millones | 32,3% |
| Naturgy | 17,29 millones | 28,2% |
| Repsol | 4,84 millones | 7,9% |
| Suma a las tres cotizadas | 41,96 millones | 68,4% |
El impacto no se agota en las tres generadoras. La Fiscalía sostiene que el daño alcanzó también a las distribuidoras y que, por la vía de los costes del sistema, podía repercutir en el precio final de la electricidad. El resto del perjuicio, hasta los 61,3 millones, corresponde a otros agentes del sistema eléctrico. Ninguna de las tres cotizadas está imputada. Comparecen como perjudicadas.
El modus operandi: precios bajos y compras fantasma
La mecánica descrita es una ingeniería societaria. La organización constituía o adquiría comercializadoras de electricidad, depositaba las garantías iniciales exigidas para operar y se dotaba así de una apariencia de legalidad. Después ofrecía precios muy por debajo de mercado para captar un volumen elevado de clientes y engordar la facturación. El esquema era simple.
Con la cartera ya cautiva, las sociedades reducían de forma progresiva las compras de energía en el mercado mayorista. En algunos casos, según la acusación, llegaban a adquirir solo un 5% de la electricidad que necesitaban para atender a sus clientes, a los que seguían facturando con normalidad.
El fraude no se apoyaba en una filial opaca, sino en un entramado de comercializadoras que se relevaban cada vez que el sistema detectaba los impagos.
Cuando una de esas sociedades acumulaba impagos y era inhabilitada, la estructura trasladaba clientes y parte de la actividad a otra mercantil del entramado para seguir operando. El retraso de entre siete y ocho meses en la liquidación definitiva de los desvíos eléctricos, apunta la acusación, ampliaba la ventana antes de que el sistema conociera el alcance real de la deuda. La ventana era amplia.
La Fiscalía cifra en 50,3 millones de euros el dinero desviado a distintas sociedades mediante transferencias destinadas a ocultar fondos e introducirlos en circuitos económicos lícitos. Los movimientos partían, según el escrito, de centros situados principalmente en Barcelona y Madrid. Los fondos se canalizaban hacia sociedades vinculadas, cuentas bancarias y empresas patrimoniales con el fin de diluir su trazabilidad.
Qué se juegan las tres cotizadas y el sistema eléctrico
Más allá del plano penal, el proceso interesa al inversor por dos motivos. El primero es la posición de las tres compañías: Endesa, Naturgy y Repsol comparecen como perjudicadas, de modo que el litigio no compromete su gobernanza ni su cúpula directiva, pero sí abre la puerta a una reclamación civil de daños una vez exista sentencia firme.
El segundo es sistémico. El caso ilustra el riesgo recurrente que la comercialización libre introduce en el mercado minorista español: operadores que entran con precios agresivos, capturan clientes con garantías mínimas y desaparecen dejando la deuda en el sistema. Ese coste acaba repartiéndose entre el resto de agentes y, potencialmente, entre los hogares.
Las garantías obligatorias para operar en el mercado minorista no bastaron, según la acusación, para frenar el relevo continuo de sociedades. La secuencia que describe el escrito —captar clientes, facturar, dejar de comprar y desaparecer— convierten a los generadores en acreedores de un deudor opaco y de difícil ejecución.
No se trata de un fenómeno aislado. El mercado eléctrico liberalizado ha visto repetirse episodios de comercializadoras que operan con avales mínimos y desaparecen dejando impagos al conjunto del sistema. La diferencia aquí está en la escala —61,3 millones— y en el salto del terreno administrativo al penal, con una organización criminal como figura central de la acusación.
Conviene matizar la magnitud. Para tres grupos con facturación anual de miles de millones de euros, los 19,83 millones de Endesa, los 17,29 de Naturgy y los 4,84 de Repsol son importes acotados, sin efecto material previsible sobre sus cuentas trimestrales ni sobre su guidance. El golpe relevante es el de la confianza en los mecanismos de garantía del sistema, no el de la línea de resultados.
Lo que el mercado descuenta, en todo caso, es que el desenlace penal no altera los planes industriales de las tres energéticas, inmersas en sus agendas de inversión en redes y renovables. El foco vuelve al terreno operativo.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: El desarrollo de las vistas orales en la Audiencia Nacional y si las acusaciones particulares de Endesa, Naturgy y Repsol cuantifican la reclamación patrimonial tras una eventual condena.
- Reacción del valor: Los importes son inmateriales frente a la facturación de los tres grupos, por lo que el mercado no descuenta impacto en cotización ni en política de dividendo.
- Precedente sectorial: Los fraudes de comercializadoras pirata ya tensaron las garantías exigidas para operar, el mismo debate que el caso reabre ahora.
