Endesa ha cruzado con inteligencia artificial los vídeos promocionales de influencers y la facturación eléctrica de 16 restaurantes de Barcelona. El rastro digital destapó un fraude presuntamente conectado al alumbrado público.
Claves de la operación
- El fraude eléctrico cuesta 150 millones al año. Es la estimación de la CNMC, un sobrecoste que acaba en la factura de todos los consumidores con contrato.
- e-distribución acierta en una de cada dos inspecciones. El machine learning y el deep learning dispararon la tasa de detección, el doble que en 2017.
- El Código Penal solo castiga con multa. El artículo 255 prevé de tres a doce meses de sanción económica, sin prisión salvo para plantaciones de marihuana.
El algoritmo que lee Instagram para cazar enganches ilegales
El razonamiento de la Unidad contra el Fraude de Endesa es casi de sentido común. Un local enorme, lleno a rebosar en cada vídeo, con la cocina industrial, las cámaras frigoríficas y el aire acondicionado a pleno rendimiento no puede registrar el mismo consumo que un piso vacío. Para salir de dudas, los técnicos pasaron el asunto por por su propio algoritmo, que cruzó tamaño y consumo. La conclusión saltó sola: esos restaurantes deberían estar pagando bastante más.
Poco después llegó la inspección. A las pocas semanas se documentó el fraude: los locales andaban presuntamente pinchados al alumbrado público. La propia compañía lo resume con una frase que suena a sentencia: ‘Las redes son hoy lo que fue en el pasado la Guía del Ocio de Barcelona’.
No es la primera vez. En diciembre de 2025, la operación ‘Nihari’ halló a 24 de los 26 supermercados inspeccionados enganchados ilegalmente a la red, con 33 técnicos desplegados sobre el terreno. El patrón se repite: negocios que crecen en volumen pero no en facturación eléctrica.
Los números de e-distribución, la filial de redes de Endesa, dibujan un problema estructural. En 2025 detectó 72.700 fraudes, la cifra más alta del último lustro y 1.700 más que el año anterior. Son unos 200 al día, más de ocho cada hora. Entre 2021 y 2025 se cerraron más de 320.000 expedientes y se recuperaron 3.750 GWh.
El 52% de la energía defraudada corresponde a industrias y grandes consumidores. Solo el 5% se atribuye a pequeños suministros de menos de 3 kW, y cerca del 60% son enganches directos sin contrato. El pícaro doméstico, ese que la imaginación popular coloca al frente del fraude, es una minoría estadística.
Lo que empieza como un truco de marketing termina siempre en la misma cuenta: la paga el consumidor que sí tiene contrato.
Barcelona concentró 5.487 casos en 2025, 891 más que en 2024. Cataluña sumó 24.347, un 7% más que el ejercicio anterior. La comunidad se ha convertido en el epicentro del fenómeno.
150 millones que paga el consumidor con cada enganche
El coste del fraude no desaparece. Se reparte. La CNMC estima que estas prácticas encarecen la factura eléctrica en unos 150 millones de euros anuales. La cifra que abona el cliente honesto por el vecino que pincha la luz.
La parte administrativa tiene su propio recorrido. El artículo 87 del Real Decreto 1955/2000 permite suspender el suministro de forma inmediata ante enganches fuera de contrato. Y si no hay criterio objetivo, factura la potencia que el local debería haber contratado por seis horas de uso diario durante un año.
Hagamos la cuenta. Seis horas por 365 días son 2.190 kWh por cada kilovatio de potencia. Un local de 30 kW arrojaría 65.700 kWh. A 15 céntimos el kWh, unos 9.855 euros antes de la vía penal y de cualquier recargo.
La vía penal es más tibia de lo que parece. El artículo 255 del Código Penal castiga la defraudación de fluido eléctrico con multa de tres a doce meses. Si lo defraudado no supera los 400 euros, la sanción baja a uno o tres meses. La reforma de la Ley Orgánica 1/2026 añadió un subtipo agravado con prisión de 6 a 18 meses, pero solo para casos ligados a plantaciones de marihuana. No aplica a un restaurante.
Endesa e Iberdrola: el fraude como arma competitiva en el IBEX 35
Endesa compite en distribución con Iberdrola, su gran rival en el IBEX 35. La antigua empresa pública, privatizada a finales de los noventa y controlada por la italiana Enel desde hace casi dos décadas, mantiene en e-distribución una de sus filiales más rentables y menos visibles. El fraude eléctrico es un problema de doble filo: erosiona ingresos y obliga a invertir en tecnología, pero también refuerza su papel como guardiana de la red.
Iberdrola libra la misma batalla a través de i-DE. En un mercado donde el margen de la distribución está tasado y vigilado por la CNMC, cada kilovatio recuperado suma. Eso sí, la tecnología abre un flanco nuevo.
Ninguna norma europea prohíbe captar imágenes de redes sociales. El Reglamento de IA, sin embargo, prohíbe los sistemas que amplíen bases de datos de reconocimiento facial mediante extracción no selectiva. Estimar la ocupación de un local queda fuera; identificar rostros, no. Los términos de Meta, vigentes desde el 7 de octubre de 2024, exigen permiso expreso y por escrito para rastreadores y bots, con sanciones de cuenta o reclamaciones civiles como castigo.
La Defensoría del Pueblo ya ha advertido de que las distribuidoras usan el artículo 87 como sustituto imperfecto del derecho sancionador. La frontera entre perseguir un fraude y vigilar a los ciudadanos es más fina de lo que la compañía admite. Habrá que ver cómo se resuelven los expedientes que lleguen a los tribunales a lo largo de 2027, cuando la justicia tenga que decidir si un vídeo de Instagram sirve como prueba. Los foodinfluencers, mientras tanto, van a tener que buscarse otra metodología.
