La CNMC ha incoado un expediente sancionador contra 11 empresas de autocares, nueve directivos y dos asociaciones patronales por manipular y repartirse las licitaciones de transporte escolar en Castilla-La Mancha.
El alcance del expediente: once empresas, nueve directivos y dos asociaciones
El expediente, registrado como S/0017/25, investiga un presunto cártel que habría operado sobre los contratos de transporte escolar por carretera en la comunidad autónoma, un negocio intensivo en licitación pública y de contratación recurrente. La instrucción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia alcanza a once sociedades de autocares, a nueve de sus directivos y a las dos patronales que agrupan al sector en la región.
- Autocares Álvarez Serrano Hermanos
- Autocares Demetrio Álvarez e Hijos
- Autocares García Bus
- Autocares IM Gómez
- Autocares Marín Colmenero
- Compañía Europea de Viajeros España
- Jesús Álvarez Escobar, S. L.
- Ramos Bus
- Ricardo y Navabus
- Te Llevo 2003
- Victorino Álvarez
Las dos asociaciones incluidas en la instrucción son la Federación Regional de Transporte de Viajeros por Carretera de Castilla-La Mancha y la Asociación Provincial de Transportistas de Viajeros por Carretera de Toledo. La incorporación de patronales responde a un patrón conocido en la práctica del regulador: cuando una asociación sectorial actúa como cauce para difundir recomendaciones de tarifas o para coordinar la posición de sus asociados ante una licitación, Competencia la incluye como parte responsable.
La investigación arrancó a raíz de una comunicación de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, según recoge el propio expediente. En octubre de 2025, los servicios de Competencia inspeccionaron las sedes de Compañía Europea de Viajeros España y Autocares Marín Colmenero, dos de las compañías señaladas, en busca de documentación sobre la fijación de precios y el reparto de contratos.
Las prácticas bajo sospecha: ofertas de cobertura y reparto de licitaciones
Lo que persigue la CNMC es un esquema clásico de cártel trasladado al transporte de viajeros: acuerdos e intercambios de información para manipular y repartirse las licitaciones de transporte escolar, además de pactos para fijar precios y dividir el mercado del transporte discrecional por carretera en Castilla-La Mancha. El foco se sitúa sobre un ámbito donde el cliente final es la administración educativa y, por extensión, las familias.
La materialización de estas conductas se habría canalizado, según la instrucción, mediante intercambios de información estratégica entre competidores, recomendaciones de tarifas mínimas, ofertas de cobertura y la no presentación de ofertas. Las ofertas de cobertura consisten en que una empresa presenta un precio deliberadamente alto para que el contrato recaiga en la adjudicataria pactada, una mecánica que encarece el servicio y vacía de competencia real el proceso. Varios organismos autonómicos y locales, junto a clientes privados, estarían afectados por estas prácticas.
El daño no se mide solo en euros por contrato: cuando un cártel se enquista en el transporte escolar, la administración pierde su principal palanca para contener el gasto público.
Las conductas descritas encajan en las prohibiciones de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia, que tipifica como infracción muy grave los acuerdos entre competidores para repartirse mercados o fijar precios. El expediente se encuentra en fase de instrucción, de modo que la incoación no equivale a una declaración de culpabilidad: la resolución definitiva llegará después de la fase de alegaciones y del análisis de la prueba recabada.
Qué se juegan las adjudicatarias: multa, clemencia y prohibición de contratar
Más allá de la eventual sanción económica, el riesgo que de verdad pesa sobre estas compañías es la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas, una consecuencia accesoria que en un negocio cuyo principal cliente es la consejería de educación puede resultar letal. Para un operador de autocares cuya actividad depende de adjudicaciones públicas de transporte escolar, perder la capacidad de pujar equivale a quedarse sin mercado.
El caso incorpora además una derivada decisiva: el programa de clemencia. La CNMC recuerda que la empresa que aporte pruebas que permitan detectar el cártel puede beneficiarse de la exención del pago de la multa y, si finalmente resulta sancionada, eludir la prohibición de contratar. Es una de las palancas más eficaces del organismo para romper acuerdos de colusión que, de otro modo, permanecen opacos.
La instrucción de los cárteles es una de las prioridades declaradas de la CNMC por su impacto directo sobre los consumidores y sobre el funcionamiento de los mercados. En sectores de servicios con licitación pública recurrente —limpieza, seguridad, mantenimiento o transporte—, el sobrecoste termina trasladándose al contribuyente. El contraste con los mercados más vigilados es nítido: cuando la colusión se enraíza en un nicho regional poco supervisado, la propia administración que contrata es la primera interesada en alertar al regulador.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: El calendario de la fase de instrucción y la eventual propuesta de resolución, además de las solicitudes de clemencia que puedan presentarse en las próximas semanas.
- Reacción del valor: Ninguna de las afectadas cotiza en el Ibex 35 ni en el BME Growth, por lo que el impacto se limita al negocio regional y a la renovación de contratos con la Junta de Castilla-La Mancha.
- Precedente sectorial: Los expedientes de cártel en servicios licitados muestran que la prohibición de contratar pesa más sobre el operador que la propia sanción económica.
