Pedro Sánchez se enfrenta a la posibilidad de un adelanto electoral en un momento especialmente incómodo en el terreno mediático. La eventual convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre, que ha cobrado fuerza después de que el Congreso tumbara los dos decretos de vivienda del Gobierno, no solo obligaría al PSOE y a sus socios a acelerar una campaña para la que apenas habría margen: también pillaría a contrapié a buena parte de los medios de comunicación más próximos al Ejecutivo.
El presidente del Gobierno afronta un horizonte electoral con un problema añadido al puramente político: el Gobierno tiene muy pocos grandes medios de comunicación de su lado y, en cambio, mantiene relaciones frías, malas o muy malas con buena parte de los principales propietarios del negocio mediático español.
Los números ayudan a dimensionar el problema. Sánchez no tiene buenas relaciones con Atresmedia ni con Mediaset, los dos principales grupos televisivos privados, que controlan 13 canales que acumulan casi el 50% del ‘share’ televisivo y el pasado año sumaron el 69,3% de la inversión publicitaria en televisión, según InfoAdex. En radio, tampoco cuenta entre sus aliados con los tres grandes operadores privados —Prisa, Atresmedia y COPE—, propietarios de siete de las diez emisoras más escuchadas del país. En prensa escrita, ninguno de los cuatro grandes periódicos nacionales editados en Madrid —El País, El Mundo, ABC y La Razón— forma parte del espacio mediático más próximo al Gobierno. Y en internet el desequilibrio es todavía mayor: 18 de los 20 principales diarios digitales están alejados del Ejecutivo; solo eldiario.es y Público escapan de este mapa.
El Gobierno, en definitiva, no tiene quien le escriba en buena parte de los grandes escaparates mediáticos. Y el problema se agrava durante una campaña electoral, cuando las televisiones privadas, las radios y los diarios se convierten en los principales intermediarios entre los candidatos y los ciudadanos.
El Ejecutivo dispone de RTVE, cuya actual dirección y línea informativa han sido objeto de constantes críticas por parte del PP, pese a la gestión manipuladora que lo de Génova 13 realizan en distintas televisiones autonómicas; de la afinidad de escasos medios digitales; del Grupo Godó, aunque su pragmática posición cambiará si se produce un cambio político, tal y como ocurrirá con dos gigantes afines al Gobierno pero sin medios influyentes en el tablero, Telefónica y Mediapro; y de un proyecto televisivo que todavía ni siquiera ha comenzado sus emisiones: La Séptima, la cadena impulsada por José Miguel Contreras que tiene previsto arrancar el próximo 5 de noviembre.
El eventual adelanto convertiría así la campaña electoral en una carrera contrarreloj para un canal que apenas habría tenido tres semanas de emisiones antes de unos hipotéticos comicios del 29 de noviembre. La Séptima había diseñado su lanzamiento con la perspectiva de disponer de varios meses para consolidar su parrilla, ganar audiencia y convertirse en un actor relevante del nuevo mapa televisivo.
Una campaña electoral prácticamente inmediata alteraría por completo esos planes.
RTVE, también en una posición incómoda
El otro gran damnificado sería RTVE. Un adelanto electoral en noviembre rompería los planes de una corporación que, en el escenario inicialmente previsto, afrontaba un horizonte electoral más próximo al verano. La dirección encabezada por José Pablo López habría preferido disponer de más tiempo para completar la temporada y evitar que una eventual alternancia política coincidiera con el arranque de un nuevo curso televisivo.
Una convocatoria inmediata colocaría bajo presión a la cúpula de RTVE, pero también a buena parte de los profesionales externos y contratos vinculados a la programación. Entre ellos figuran rostros como Jesús Cintora, Silvia Intxaurrondo o Gonzalo Miró, además de producciones y contratos actualmente en vigor como ‘La Revuelta’, o la dirección liderada por su presidente José Pablo López.
Un adelanto en noviembre, por tanto, podría dejar a RTVE en plena temporada con una dirección cuya continuidad quedaría condicionada por el resultado electoral y con contratos de presentadores y productoras pendientes de un hilo.
La vivienda cambia el tablero
El origen inmediato de la posible convocatoria electoral está, además, en una cuestión que puede resultar especialmente incómoda para los medios que tradicionalmente han servido de altavoz de las posiciones gubernamentales: la vivienda, que al menos ha quitado del foco a otro tema todavía más incómodo para Moncloa, Ceuta.
El Gobierno aprobó la pasada semana dos reales decretos con medidas destinadas a proteger a los inquilinos, entre ellas la prórroga automática de determinados contratos, medidas contra los desahucios y restricciones a la compra de viviendas por fondos de inversión. Las medidas llegaron después de una intensa movilización social impulsada por el Sindicato de Inquilinas y tras el caso de Maricarmen, una mujer de 87 años cuyo desahucio provocó una fuerte reacción social.
El Sindicato de Inquilinas ha conseguido, mediante presión social y movilización, sacar la vivienda del segundo plano y colocarla en el centro de la agenda política. La organización convocó movilizaciones, impulsó el denominado ‘decreto Maricarmen’ y mantuvo la presión en la calle mientras el Ejecutivo negociaba las medidas.
Después, el Congreso rechazó los decretos, abriendo la puerta a la posibilidad de un adelanto electoral. La primera fecha disponible que se maneja es el 29 de noviembre.
Para Sánchez, el fracaso parlamentario puede convertirse en un problema, pero también en un argumento electoral: presentar al Gobierno como defensor de los inquilinos frente a una mayoría parlamentaria incapaz de aprobar las medidas. El problema es que esa estrategia necesita un altavoz. Y ahí aparece de nuevo la debilidad del ecosistema mediático del Ejecutivo.
Mediaset, el gran escenario de Ayuso
El Gobierno sabe que algunos grupos mediáticos pueden convertirse en una pieza especialmente importante durante una campaña. Mediaset aparece como uno de los principales escenarios de exposición política, sea por interés de los Berlusconi de promover un cambio de Gobierno en España o porque la compañía ha encontrado una brecha de negocio que compense con Cuatro, en parte, el drama de Telecinco.
Dentro de ese escenario destaca Isabel Díaz Ayuso, necesitada de visibilidad tras la crisis motivada por la compra del ático con dinero público y por la alarma que ha generado en su equipo el reciente estudio elaborado por DOS30 con datos de Fifty5Blue, que revela que la presidenta madrileña es la segunda política que más tiempo ha pasado en entrevistas televisivas en 2026, con 5,1 horas repartidas en diez apariciones, solo por detrás del ministro José Manuel Albares, con 6,7 horas y, sin embargo, cuando se mide el número de espectadores alcanzados, Ayuso ni siquiera aparece entre los diez primeros.
La explicación está, en buena medida, en dónde se producen esas entrevistas. El 45,1% del tiempo de Ayuso en televisión corresponde a un canal regional con escasa audiencia, Telemadrid, es decir, 2,3 de las 5,1 horas acumuladas.
Es precisamente esta fotografía la que habría llevado al equipo de Ayuso a buscar una mayor presencia en las televisiones privadas nacionales. Según fuentes conocedoras de la estrategia, su entorno está ofreciendo a la presidenta madrileña a distintos espacios para aumentar su exposición fuera de Telemadrid y llevar su discurso a audiencias mucho mayores.
Y en esa estrategia aparece Mediaset, con Cuatro como uno de los principales escenarios. El movimiento resulta especialmente significativo en el caso de ‘Horizonte’, porque el programa del polémico Iker Jiménez había mantenido hasta ahora el criterio de no invitar a políticos. La decisión de abrir el plató a Ayuso supone, por tanto, una excepción a una línea que el espacio había mantenido y que su equipo ha aprovechado para colocar a la presidenta madrileña en un programa de ámbito nacional y en horario de máxima audiencia.
A raíz de la visita, Sergio del Molino dice en El País que la entrevista evidencia que «la presidenta de Madrid va a por todas con la porción más demenciada e intratable del electorado, frecuentando programas que hasta ahora se consideraban vulgares para el debate político», y que Iker Jiménez «asume su papel de propagandista al servicio de las variantes ibéricas del trumpismo».
