El proceso de licitación abierto por Renfe sigue generando molestias en el sector del autobús. La apuesta de la empresa pública de tener un servicio propio que sirva como opción alternativa en caso de interrupciones de los sistemas de alta velocidad o cercanías debería servir para paliar la situación en casos como el de la interrupción de la ruta por el accidente de Adamuz, o el caos del Rodalies.
El problema, según avisan las empresas del sector, es que las exigencias mínimas a las firmas que se presenten en el proyecto solo permiten que dos de ellas puedan intentar ganar la licitación, Alsa y Avanza. Pero además, preocupa que la ganadora acabe por afectar la competencia del sector, pues hasta ahora, cuando la empresa pública tenía la necesidad de cubrir un problema particular, podía recurrir a las Pymes del sector, algo que no ocurriría con la nueva empresa de autobuses que quiere crear Renfe.
El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), ha insistido a la propia empresa pública que reconsidere la propuesta, pidiendo que busquen opciones que cubran estas necesidades «sin distorsionar el equilibrio del sector». «La participación de una empresa pública en un ámbito como el transporte en autobús -sector que ha demostrado sobradamente su capacidad para atender la demanda de movilidad de forma eficiente y valorada por millones de usuarios- se considera innecesaria y contraproducente», afeó el CNTC a Renfe en un comunicado.
El CNTC va más allá, asumiendo la posibilidad de tomar medidas legales. «El sector rechaza, por tanto, esta iniciativa y, una vez se conozcan los detalles del correspondiente pliego de licitación, no descarta la adopción de las medidas oportunas en defensa de los intereses que tiene legalmente encomendados. Todo ello sin perjuicio de la plena disposición y capacidad de las empresas privadas para atender, de manera puntual y circunstancial, las necesidades de transporte derivadas de incidencias o situaciones extraordinarias, siempre dentro de los límites de su ámbito competencial.”
A pesar de sus problemas, varias empresas han manifestado a Renfe su interés en participar en la licitación. El problema es no sólo la exigencia de unos 500 autobuses disponibles en caso de que se trate de una empresa solitaria y de unos 300 en al menos una de las que participe en la licitación, en caso de que un grupo de ellas sea la que se presente en la licitación. No es un dato menor, pues no son demasiadas las empresas que pueden cumplir con estas condiciones.
Según informa la propia empresa pública, la prestación del servicio objeto del Acuerdo Marco se realizará a través de una sociedad anónima participada entre el adjudicatario y Renfe Viajeros, al 51% y 49% respectivamente, y cuyo objeto social será el transporte de pasajeros por autobús. Esta sociedad se subrogará en todos los derechos y obligaciones del adjudicatario derivados de la adjudicación del Acuerdo Marco de servicio de transporte alternativo por carretera.
MADRID TAMBIÉN PROTESTA CONTRA EL NUEVO «CHIRINGUITO» DE RENFE
La patronal no ha sido la única que ha reclamado contra el nuevo proyecto de Renfe. Desde Madrid, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha insistido en que la medida puede expulsar del mercado al «99%» de las empresas del sector.
Tras reunirse con representantes de la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra), Rodrigo ha reiterado que este “chiringuito” creado para “tapar fallos” dejará fuera a más de 480 compañías y cerca de 10.000 puestos de trabajo directos.
En este contexto, ha instado al Gobierno central a que “rectifique” una propuesta que, a su juicio, “distorsiona el mercado, debilita al sector y perjudica gravemente a las pymes”. “España no necesita más estructuras públicas ni más chiringuitos para tapar fallos: necesita que los trenes funcionen y que se respete a quienes han sostenido el servicio durante años”, ha enfatizado.
UNA APUESTA POR 15 AÑOS PARA CUBRIR LOS PROBLEMAS DE RENFE
En cualquier caso, la empresa pública no ha cambiado su posición hasta ahora. Han considerado que el nuevo contrato, que han valorado cerca de los dos mil millones de euros, puede servir para reducir sus gastos en las situaciones de crisis, y para tener una respuesta más rápida de cara a los usuarios en situaciones como las de las rutas del sur del país tras el accidente en Adamuz o los problemas que ha atravesado el servicio de Rodalies en Cataluña.
El acuerdo con la empresa ganadora durará unos 10 años inicialmente, pero puede ampliarse otros 5 si ambas partes lo consideran viable. Además, ha señalado que este acuerdo debería servir para que se ahorren unos 200 millones de euros en ese periodo.
