¿Qué diría hoy la derecha política si alguna institución diera a conocer que dos tercios de los evasores fiscales son votantes del PP o de Vox, monárquicos, ciudadanos nacidos en España y de piel blanca, supuestos patriotas españoles y aficionados al Real Madrid?
Probablemente dirían que se trata de una caricatura ofensiva, una generalización injusta que estigmatiza a millones de personas por el comportamiento de ciertas élites. Probablemente denunciarían un intento de criminalizar a todo un colectivo por motivos ideológicos o identitarios. Y probablemente no faltarían las acusaciones de persecución.
Ese ejercicio imaginario es, en el fondo, el que parece plantear la vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ante el debate abierto por la decisión de varias policías autonómicas de empezar a publicar el origen nacional de las personas detenidas.
Primero fue la Ertzaintza. Después se sumaron los Mossos d’Esquadra. Y también la Policía Foral de Navarra ha entrado en esa dinámica pese a no contar con el aval de Gobierno de Navarra. Los organismos que defienden esta práctica lo hacen en nombre de la transparencia. El argumento es que publicar los datos permitiría desmontar bulos que circulan en redes sociales o en determinados discursos políticos que exageran o manipulan las cifras de criminalidad.
Sin embargo, la decisión llega en un momento político especialmente delicado. El auge de la ultraderecha en buena parte del mundo occidental ha ido acompañado de un discurso cada vez más insistente que intenta vincular inmigración y delincuencia.
En ese contexto, la publicación sistemática del origen de las personas detenidas deja de ser un simple dato estadístico para convertirse en un elemento que puede alimentar ese marco interpretativo. Algunas voces creen que detrás de estas decisiones también puede haber un cálculo político.
Determinados gobiernos autonómicos, especialmente en Euskadi o Cataluña, podrían estar intentando anticiparse a ese debate o incluso congraciarse con un clima político cada vez más marcado por el discurso ligado a la seguridad. No sería la primera vez que partidos tradicionales se desplazan en cuestiones migratorias cuando perciben presión electoral desde posiciones más radicales.
En cualquier caso, cualquiera que se acerque con un mínimo de rigor al fenómeno de la delincuencia sabe que la variable clave no es el color de piel ni el pasaporte. Los estudios criminológicos llevan décadas señalando que los factores que más influyen en la criminalidad tienen que ver con la desigualdad social: la pobreza, la exclusión, las familias desestructuradas o el fracaso escolar. Es decir, el problema tiene mucho más que ver con la renta que con la nacionalidad.
Aun así, el debate político sigue centrado en el origen de las personas detenidas. Y eso ha provocado incluso tensiones internas dentro de algunos partidos. En el País Vasco, por ejemplo, la cuestión ha abierto una pequeña guerra dentro del PNV.
Una de las tensiones más visibles en las últimas semanas ha tenido como protagonista al alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, una de las figuras institucionales más relevantes del partido, y al presidente del PNV, Aitor Esteban. La polémica surgió a raíz de la decisión del Ayuntamiento de Bilbao de no publicar la nacionalidad de las personas detenidas por la Policía Municipal.
El trasfondo de esta discrepancia es más profundo que un simple debate sobre seguridad. Para algunos dirigentes del partido, el episodio refleja también una forma de liderazgo que genera incomodidad entre cargos institucionales acostumbrados a una mayor coordinación interna.
EL CASO NAVARRO
En Navarra, el Gobierno foral ha fijado una posición clara contra la difusión sistemática del origen de las personas detenidas. El Ejecutivo ha mostrado su disconformidad con una proposición de ley presentada por UPN, que sigue en horas bajas a nivel demoscópico y sufre el auge de Vox, para modificar la Ley Foral de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia y obligar a la Administración a analizar y publicar trimestralmente los países de origen de las personas detenidas por la presunta comisión de delitos.
El Gobierno de Navarra sostiene que esa medida no supone una mejora en la prevención de la criminalidad y que, por el contrario, puede generar efectos negativos en la convivencia social. Desde el Ejecutivo se recuerda además que existe abundante legislación europea, estatal y foral destinada a prevenir la discriminación por motivos de origen o nacionalidad, que es algo que según algunos colectivos no siempre se cumple. Y es que, según esta fuente, son las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los que realizan más inspecciones o controles sobre la población migrante.
La vicepresidenta tercera del Gobierno navarro, Begoña Alfaro, ha advertido de los riesgos que puede tener este tipo de prácticas. Como explicó durante la presentación de la posición del Ejecutivo, «la difusión innecesaria del origen nacional de personas detenidas cuando no resulta relevante para la comprensión de los hechos puede contribuir a un tratamiento discriminatorio indirecto y afectar al derecho al honor, al vincular de forma reiterada determinadas nacionalidades con la criminalidad».
En un momento político marcado por la polarización y el auge del discurso xenófobo, la pregunta de fondo es si determinados datos ayudan realmente a comprender la realidad o si, por el contrario, terminan reforzando los prejuicios con los que algunos ya la miraban antes.
