En los próximos días se repetirá un argumento ya conocido: que los datos de Navarra sobre el alquiler no son fiables, que esconden trampas estadísticas o que responden a intereses ideológicos. Lo advertía ayer la vicepresidenta tercera del Gobierno foral y consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, al señalar que «los poderosos enemigos de la regulación de vivienda» tratarán de desacreditar unos resultados en la Comunidad Foral que desmontan uno de los grandes dogmas del mercado inmobiliario español: que regular los precios del alquiler no ayuda a contener los precios y provoca el desplome de la oferta.
Navarra ha logrado lo que hasta ahora muchos calificaban de imposible. Desde la entrada en vigor de la declaración de 21 municipios como Zona de Mercado Residencial Tensionado, el precio del alquiler ha caído un 8,6% en el segundo semestre de 2025, mientras la oferta no solo no se ha reducido, sino que se ha mantenido estable. Todo ello en un contexto nacional en el que el precio de la vivienda subió un 8,5% en el conjunto de 2025, según datos de Idealista.
El contraste no es menor. Mientras buena parte del país sigue atrapada en una espiral de encarecimiento de la vivienda, Navarra presenta un descenso significativo de los precios del alquiler sin que se haya producido la temida retirada masiva de viviendas del mercado. Un resultado que refuerza la senda ya iniciada por comunidades como Cataluña y Euskadi, y que conecta con políticas de intervención del mercado similares a las que se aplican, con distintos matices, en países como Alemania, Francia, Suecia, Países Bajos o incluso el Reino Unido.
Los datos no proceden de encuestas privadas ni de portales inmobiliarios, sino del Registro de Contratos de Alquiler de Navarra, que es el único registro público existente en la comunidad y en el que, además, es obligatorio inscribir todos los contratos.
Desde que entrara en vigor a mediados del año pasado la declaración de 21 municipios como Zona de Mercado Residencial Tensionado, el precio del alquiler ha descendido un 8,6% en dichas localidades. En concreto, en el cuarto trimestre de 2025 el alquiler medio pasó de 848,7 euros en el segundo trimestre a 774,3 euros. La declaración de estas zonas fue aprobada por el Gobierno de Navarra el 18 de mayo de 2025 y entró en vigor el 30 de julio del mismo año.
La evolución de la oferta es uno de los elementos clave del debate. A lo largo de 2025 se formalizaron en Navarra un total de 4.202 contratos de alquiler, frente a los 4.176 de 2024, es decir, 29 contratos más. Además, el 88,5% de los contratos firmados en 2025 se concentraron en los municipios declarados Zona de Mercado Residencial Tensionado, frente a tan solo un 11,5% en municipios no declarados como tal.
«No estamos hablando de ninguna encuesta de ningún portal inmobiliario, sino de datos oficiales de nuestro registro», recalcó Alfaro, insistiendo en que se trata de información verificable y de carácter público. El Gobierno foral reconoce, no obstante, que han aparecido mecanismos de elusión de la norma. En 2025 se produjo un ligero aumento de los contratos de temporada, que pasaron del 5% al 11% respecto al año anterior.
Un incremento que, según Alfaro, responde a una parte del sector privado que pretende eludir la ley a través de los contratos ficticios de temporada. Ante esta situación, la consejera ha animado a los inquilinos afectados a acudir al nuevo Servicio de Mediación y Asesoramiento del Gobierno de Navarra para denunciar estas prácticas.
MENSAJE AL PP
El éxito del modelo navarro coloca en una posición incómoda a las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que siguen rechazando cualquier tipo de intervención sobre el mercado del alquiler. Un rechazo que contrasta con la evidencia empírica que empieza a acumularse en las comunidades que sí han optado por aplicar la Ley de Vivienda.
«No vamos a intervenir la vivienda ni del alquiler ni de la venta. Esto se ha demostrado fallido allá donde se ha aplicado», afirmó a finales de septiembre de 2025 la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un foro organizado, precisamente, por el fondo de inversión BlackRock. Sin embargo, los datos de Navarra y Cataluña cuestionan directamente esa afirmación.
Mientras los precios del alquiler no dejan de dispararse en territorios gobernados por el PP, estas comunidades se niegan a aplicar medidas de contención y, en la práctica, despliegan una alfombra roja para los grandes inversores, incluso a costa de convertir los centros urbanos en ciudades escaparate para turistas. El resultado es una creciente gentrificación que expulsa a los residentes, especialmente a los jóvenes y a las rentas medias y bajas, sin que se ofrezca una alternativa estructural.
La derecha, que con frecuencia acusa a la izquierda de incurrir en un dogmatismo ajeno a la lógica económica, está abrazando en el Estado español un dogmatismo neoliberal que no se sostiene en los datos, sino en una ideología que choca frontalmente con los intereses de la mayoría social.
