Canarias podría convertirse en el epicentro de una de las políticas más ambiciosas del Gobierno de España en materia de vivienda. La iniciativa, que ya ha sido elevada a la Comisión Europea, busca restringir la adquisición de inmuebles por parte de inversores que pretendan destinarlos al alquiler turístico o de temporada, con el objetivo de favorecer el acceso a la vivienda residencial de quienes más lo necesitan.
La propuesta se enmarca en la futura simplificación de la normativa europea para las regiones ultraperiféricas (RUP), un grupo de territorios de España, Francia y Portugal que gozan de un trato singular dentro de la Unión Europea. Canarias, junto a Guadalupe, Martinica, Azores o Madeira, se beneficiaría de estas medidas que podrían cambiar de manera notable la dinámica del mercado inmobiliario local.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha sido el encargado de coordinar los trabajos para remitir el texto a Bruselas, destacando que la medida pretende «limitar con mecanismos legislativos la adquisición de vivienda en las regiones ultraperiféricas para el uso no residencial, para que se pueda abaratar el precio y puedan acceder a ella los jóvenes y otros colectivos con dificultades».
Con esta declaración, Torres sitúa la propuesta dentro de un marco de protección social, equilibrando la oportunidad de inversión con la necesidad de garantizar el acceso a la vivienda para residentes permanentes.
El Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo, ya ha tomado la iniciativa en Bruselas para reforzar esta posición. Durante su reciente visita, defendió la posibilidad de restringir la compra de viviendas por parte de ciudadanos no residentes, subrayando que actualmente una de cada cuatro viviendas en venta en el archipiélago se adquiere por extranjeros.
La propuesta pretende, por tanto, reforzar la prioridad de acceso a la vivienda para quienes viven y trabajan en el territorio, contribuyendo a un mercado más sostenible y equilibrado. El planteamiento llega en un contexto de presión creciente sobre el mercado residencial.
LA CRISIS DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA
En España, el déficit de vivienda alcanza cifras preocupantes: según estimaciones del Banco de España, a cierre de 2025 se necesitaban 700.000 viviendas adicionales, impulsadas por el crecimiento de hogares fruto de la inmigración y la reducción del tamaño medio de las familias. Canarias, con un incremento del 10,7% en los precios de venta de viviendas el año pasado, refleja con claridad esta tensión.
El interés de la UE en la regulación específica para las RUP no es casual. Estos territorios enfrentan desafíos singulares, desde su lejanía geográfica hasta el coste de transporte y la dependencia de economías altamente estacionales. Incorporar medidas que restrinjan la adquisición de inmuebles con fines turísticos no solo protege a los residentes locales, sino que también fortalece la sostenibilidad social y económica de estas regiones.
En este sentido, Canarias podría convertirse en un laboratorio de soluciones innovadoras que luego podrían extrapolarse a otras RUP europeas o incluso en otras zonas del Estado español. El proyecto no pretende frenar la inversión extranjera en su totalidad, sino canalizarla de manera que beneficie al tejido social y económico local.
Limitar la compra de vivienda para uso turístico es una medida que, lejos de ser restrictiva, podía abrir la posibilidad a abrir la puerta a un mercado más estable y accesible, en el que los jóvenes, las familias y otros colectivos vulnerables tengan una opción real de acceso a la vivienda.
Este enfoque equilibrado sitúa a España y, en particular, a Canarias, como referentes europeos en políticas de vivienda con mirada social, integrando desarrollo económico y cohesión territorial. La relevancia de estas medidas se amplifica al considerar la presión demográfica y el crecimiento del turismo en el archipiélago.
Canarias recibe millones de visitantes cada año, lo que genera una fuerte demanda de alquileres temporales. Sin embargo, la priorización de la vivienda para residentes permite que la economía turística conviva con la estabilidad social y la justicia habitacional. Se trata de un enfoque que reconoce la complejidad de la economía insular y la necesidad de proteger a quienes viven y trabajan en el territorio, sin sacrificar la competitividad ni el atractivo turístico.
La propuesta, además, refuerza la cooperación entre Gobierno central, ejecutivo autonómico y autoridades europeas, mostrando un frente unido en la búsqueda de soluciones que respondan a desafíos reales y urgentes.
