La vivienda se ha convertido, una vez más, en el epicentro del debate político, pero no tanto por los avances prometidos como por las contradicciones que afloran en la gestión cotidiana. El último episodio tiene como protagonista a la compañía Alquiler Seguro.
Esta empresa privada sancionada recientemente por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha presentado a un concurso público para gestionar más de 1.600 viviendas de alquiler asequible pertenecientes a Casa 47, que es la nueva entidad pública encargada del parque estatal de vivienda.
El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha resumido el malestar con una crítica directa al Gobierno de coalición. A través de sus redes sociales, Matute lanzó una pregunta que ha resonado con fuerza: «¿Pero a estos de Alquiler Seguro no son a los que ha multado recientemente el ministro de Consumo con 3,6 millones por prácticas abusivas a sus inquilinos?». Y remató con una exigencia política clara: «No sé, pero un poco de coordinación y coherencia interministerial es lo menos que podría pedirse».
La crítica no surge en el vacío. Alquiler Seguro, que ha sido atinadamente investigada por Público, es una de la docena de empresas que han presentado oferta para hacerse con el contrato de gestión del alquiler de 1.661 viviendas en Asturias y Galicia, un lote incluido en una licitación más amplia que prevé incorporar más de 17.000 inmuebles al mercado en una primera fase.
El concurso ha sido impulsado por Casa 47, la antigua Sepes, entidad que depende del Ministerio de Vivienda que dirige la socialista Isabel Rodríguez. El problema es que esa misma empresa fue sancionada con 3,6 millones de euros por el Ministerio de Consumo, encabezado por Pablo Bustinduy (Sumar), tras denuncias de Facua-Consumidores en Acción por cobros indebidos a inquilinos.
El choque es evidente: mientras un ministerio multa, otro abre la puerta a la gestión de vivienda pública. EH Bildu no es el único actor que observa con preocupación esta situación, pero su intervención pone el foco en una cuestión política de fondo: la coherencia del Ejecutivo en materia de vivienda.
Porque no se trata solo de un expediente administrativo, sino del modelo que se está construyendo para el parque público. ¿Puede una política de alquiler asequible descansar en operadores privados cuya actividad ha sido cuestionada por prácticas abusivas?
LA POLÉMICA CANDIDATURA
Alquiler Seguro defiende su candidatura subrayando que «cuenta con la experiencia y la capacitación requerida por la Administración Pública para encargarse de la gestión integral del parque de alquiler asequible».
El pliego del contrato exige a las empresas acreditar experiencia previa en la gestión de vivienda asequible o social durante al menos un año de los últimos tres, así como asumir una larga lista de funciones: desde la recepción y adecuación de los inmuebles hasta la formalización de contratos, la gestión de pagos, la prevención de situaciones de pérdida de vivienda o el acompañamiento de colectivos en riesgo de exclusión social. En la práctica, se trata de una externalización integral de la gestión del parque público.
La polémica se agrava en un contexto en el que el Gobierno ha vuelto a situar la vivienda en el centro del discurso político. El presidente Pedro Sánchez ha anunciado recientemente una bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que renueven contratos sin subir el alquiler.
La iniciativa ha sido duramente criticada por organizaciones sociales y sindicatos de inquilinas, que la consideran un regalo para los caseros y una subvención encubierta al rentismo. En este clima de malestar, la posible adjudicación a Alquiler Seguro actúa como catalizador del descontento.
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha denunciado a la compañía por prácticas que califica de abusivas, señalando el cobro de honorarios, la imposición de cláusulas ilegales y un modelo que convierte al inquilino en la parte cautiva del negocio. Así, lo que debía ser el emblema de una nueva política de vivienda pública se convierte en un espejo incómodo para el Gobierno.
Entre bonificaciones fiscales a propietarios, una oferta pública claramente insuficiente y la posible cesión de la gestión a empresas privadas sancionadas, la ‘legislatura de la vivienda’ va camino de ser la ‘legislatura de los problemas de vivienda’ por la falta de colmillos del PSOE y la complicidad del PP con los especuladores.
