La colección de escándalos que afecta al Gobierno invita a pensar no solo en el próximo escenario político, sino también —y quizá sobre todo— en el escenario mediático que se abrirá en España tras un eventual cambio de ciclo.
En este 2025 que toca a su fin, desde los aledaños de La Moncloa se han ejecutado al menos cuatro grandes operaciones mediáticas con un objetivo claro: equilibrar el relato mediático, tan controlado por la derecha.
La primera ha sido la gubernamentalización de RTVE, culminada con la llegada de José Pablo López a la presidencia del ente público. La segunda, la toma de Movistar Plus+ de la mano de su nuevo presidente, Javier de Paz, histórico dirigente socialista. La tercera, el acercamiento a Mediapro, ahora presidida por Sergio Oslé.
Y la cuarta, la más compleja, la reconciliación con Joseph Oughourlian, principal accionista de Prisa, con José Luis Rodríguez Zapatero sustituyendo a José Miguel Contreras como enlace entre el PSOE y el empresario franco-armenio, tras la decisión de este último de abortar un canal televisivo progubernamental, prescindir de directivos afines al socialismo y amagar con distanciar a la Cadena SER y El País de la órbita del PSOE.
Estas maniobras no son casuales. La asfixiante hegemonía conservadora en el campo mediático, la práctica desaparición de editores progresistas con músculo financiero y la incapacidad del PSOE para promover medios independientes que se mantengan en la órbita progresista ante un eventual cambio de gobierno dibujan un panorama mediático complicado.
Más aún cuando la experiencia demuestra que los equilibrios actuales son frágiles y dependen en exceso del poder político de turno. El escenario que se barrunta es claro: RTVE y Movistar Plus+ virarán hacia el PP cuando se produzca la alternancia, como ya ocurrió en ciclos anteriores. Prisa, bajo el mando de Oughourlian, podría desplazarse hacia un centrismo editorial que recuerde al practicado en su día por Juan Luis Cebrián, antiguo enemigo del actual presidente del grupo.
Las televisiones privadas no mostrarán especial interés en dar oxígeno al bloque progresista, y la izquierda mediática tendrá que conformarse con un puñado de cabeceras digitales —eldiario.es, El Plural, El Salto, Infolibre o Canal Red— con influencia limitada fuera de los nichos ideológicos ya convencidos.
Pese a este contexto, el Gobierno parece muy interesado en controlar una compañía sin influencia política, Mediapro. Aunque los focos de la renovación ejecutiva se los ha llevado el nuevo presidente Sergio Oslé, ex consejero delegado de Movistar Plus+, no ha sido el único movimiento relevante. El fondo chino Orient Hontai, accionista de referencia del grupo, ha incorporado a Carlos Núñez, expresidente de Prisa Media y directivo considerado cercano al Gobierno, y al controvertido empresario israelí Oozi Cats, tal y como cuenta El Economista.
Desconocido para el gran público español, Cats fue protagonista durante semanas en la prensa italiana y británica cuando ejercía como consejero delegado de Telit Communications —hoy Telit Cinterion—, empresa británica dedicada al internet de las cosas y cotizada en el London Stock Exchange. No fue por sus éxitos empresariales, sino porque Il Fatto Quotidiano reveló que su verdadero nombre era Uzi Katz, un empresario que había huido de Estados Unidos en 1992 tras ser acusado de un fraude inmobiliario conocido como land flip, una práctica consistente en inflar artificialmente el valor de activos para revenderlos o utilizarlos como aval para obtener financiación.
A la inestabilidad accionarial y reputacional se suma la crisis industrial. Laura Fernández Espeso acaba de abandonar su cargo como directora general de The Mediapro Studio, cerrando una etapa de 16 años ligada al grupo. Pero el golpe más duro llegó el pasado 13 de abril, cuando Mediapro perdió uno de sus contratos estratégicos: la producción audiovisual de LaLiga. La organización adjudicó este servicio a HBS y Telefónica/TSA para las cinco próximas temporadas, a partir de la 2025-2026.
La pérdida de LaLiga no es un episodio menor. Los derechos deportivos han sido históricamente el principal activo de Mediapro y el motor que la convirtió en uno de los gigantes del sector audiovisual español. Sin ese pilar, el modelo de negocio queda seriamente tocado. Fitch lo dejó claro en un reciente informe en el que rebajó la calificación de la deuda del grupo de B a B-, alegando un «rendimiento comercial inferior al esperado debido a una menor demanda y a importantes pérdidas de contratos», entre ellos el de LaLiga.
Las cifras acompañan el diagnóstico: Mediapro cerró 2024 con pérdidas de 72 millones de euros, prepara un ERE que podría afectar a cerca de 1.000 trabajadores y podría ser vendido por el grupo chino Orient Hontai al Grupo Secuoya.
