Este mes de diciembre arranca con una cuenta atrás angustiosa: la del fin de la moratoria antidesahucios que ha protegido a decenas de miles de familias vulnerables desde 2020. Lo que nació como un mecanismo excepcional al calor de la pandemia y se incorporó al llamado escudo social, se ha convertido en un salvavidas esencial para cerca de 60.000 hogares.
Según el Observatori DESCA, la medida ha logrado suspender o paralizar hasta un 24% de los procedimientos de desahucio abiertos en España entre 2020 y 2024. Su final, previsto para el 31 de diciembre, desata tensiones en el Gobierno, preocupación entre los colectivos sociales y una ofensiva política y mediática desde la derecha centrada en el discurso contra los okupas.
Desde las organizaciones por el derecho a la vivienda, el escenario que se dibuja es alarmante. Las mismas creen que se van a producir decenas de miles de desahucios, ya que se reactivarán los suspendidos y los nuevos quedarán desprotegidos. La comparación con la crisis hipotecaria posterior al estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 surge una y otra vez. Entre 2008 y 2019 se ejecutaron 684.000 desahucios, afectando a más de 1,7 millones de personas.
Las organizaciones reclaman que la suspensión de los desahucios de inquilinos vulnerables deje de renovarse año a año y se convierta en una medida estructural mientras persista la emergencia habitacional. El debate sobre la continuidad de la moratoria se ha visto contaminado por la campaña política y mediática de PP y Vox contra lo que llaman ‘la industria de la okupación’.
Para estos partidos, la moratoria «ampara a los okupas» y supone una carga injusta para los propietarios. Es un discurso compartido por la patronal del alquiler, Asval, que insiste en que la falta de seguridad jurídica desincentiva que más viviendas salgan al mercado.
A esta presión se suma la compleja aritmética parlamentaria. El Gobierno reconoce que la diversidad del arco político hace inviable en ocasiones, sacar adelante medidas de vivienda por vía legislativa.
CONCENTRACIÓN
El pasado martes 2 de diciembre, unas cuarenta personas, en representación de una treintena de entidades sociales, sindicales y vecinales, se concentraron ante el Congreso para exigir una prórroga urgente. La PAH, sindicatos de inquilinas, Amnistía Internacional, FACUA, UGT, CCOO, la CEAV o RED ACOGE, entre otras, entregaron un manifiesto en el que alertan de una emergencia habitacional sin precedentes si no se extiende la suspensión.
Denuncian, además, que el Estado incumple sistemáticamente sus obligaciones internacionales: Naciones Unidas y el Consejo de Europa recuerdan que, en caso de desalojo, debe garantizarse una alternativa habitacional digna. Sin embargo, el Observatori DESCA documenta que solo se ofrece alojamiento alternativo en el 2% de los casos y vivienda social en el 3%. El manifiesto reclama prolongar la moratoria el tiempo necesario para diseñar un plan de actuación urgente que asegure el mantenimiento en la vivienda o un realojo digno.
Entre las medidas: reforzar el Plan Estatal de Vivienda, movilizar viviendas privadas mediante tanteo y retracto, y poner a disposición inmuebles de la Sareb, especialmente ante la inminente venta de grandes carteras a fondos de inversión. En plena negociación con Junts per Catalunya para consolidar apoyos en el Congreso, Moncloa ha empezado a mover ficha.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el próximo Consejo de Ministros del 9 de diciembre aprobará un real decreto que incluirá una partida de ayuda económica a propietarios ante impagos en contratos con jóvenes y familias vulnerables.
El objetivo: ofrecer garantías adicionales y desactivar la campaña de miedo al impago. Además, el Ejecutivo se compromete a acelerar los procesos de desalojo de viviendas okupadas —una exigencia de Junts— dentro de la tramitación parlamentaria en curso. La medida busca sortear las resistencias de los sectores más conservadores y, al mismo tiempo, asegurar la estabilidad parlamentaria.
Pero para los colectivos sociales, estas concesiones no pueden sustituir la prórroga de la moratoria. Mientras el debate estatal se encona, el Gobierno vasco ha anunciado el programa Alokaplus, un seguro público de impagos y desperfectos dirigido a quienes alquilen viviendas en zonas tensionadas. La iniciativa pretende frenar la creciente reticencia de propietarios a arrendar, que la propia Administración vincula al endurecimiento de las medidas de protección a inquilinos vulnerables.
