El Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre bajo el impulso de Naciones Unidas, es una oportunidad para analizar cómo avanza —y dónde se estanca— la inclusión en nuestro país.
Aunque España ha realizado avances legislativos y sociales significativos, uno de los ámbitos donde persiste una brecha evidente es la accesibilidad del entorno construido, especialmente en viviendas y edificios públicos.
Los datos de la Fundación ONCE ponen de manifiesto la magnitud del problema: alrededor del 72% de los edificios municipales incumple con los criterios básicos de accesibilidad, lo que significa que una parte importante de los servicios públicos continúa siendo de difícil acceso para miles de ciudadanos.
A ello se suma el envejecimiento del parque residencial: una gran proporción de viviendas se levantó antes de 1980, cuando los criterios de accesibilidad universal no formaban parte de los estándares de diseño. Esta combinación genera un escenario que afecta de forma directa a personas con discapacidad, personas mayores y familias que necesitan soluciones que faciliten la movilidad entre plantas.
La falta de ascensor o de elementos de accesibilidad convierte actividades tan básicas como salir a la calle, acudir a un centro de salud o visitar a un familiar en retos diarios. La consecuencia no solo es física: también implica aislamiento social, pérdida de autonomía y dificultades para envejecer en el propio hogar.
En este contexto, la modernización del parque inmobiliario se ha convertido en uno de los debates centrales para avanzar hacia una sociedad más inclusiva. Muchas empresas del sector llevan décadas interviniendo en edificios antiguos y desarrollando soluciones adaptadas a espacios reducidos.
Entre ellas, FAIN, con una larga trayectoria en movilidad vertical, ha insistido en que la accesibilidad debe entenderse como un elemento esencial de la vida cotidiana y no como un añadido opcional. Su experiencia en la instalación de ascensores en entornos complicados refleja una realidad evidente: cuando un edificio incorpora soluciones de movilidad, la vida de las personas que lo habitan cambia de manera radical.
La problemática adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que, según estimaciones de organismos internacionales, la mayoría de los edificios que existirán dentro de un cuarto de siglo ya están construidos. Esto significa que el futuro de la accesibilidad en España depende, en gran medida, de la capacidad para intervenir sobre el parque actualmente existente.
Las nuevas tecnologías y la evolución normativa han abierto la puerta a intervenciones antes impensables: ascensores compactos, estructuras autoportantes, menor necesidad de espacio y una mayor eficiencia energética en el funcionamiento de los equipos. La legislación también ha ido incorporando mecanismos para facilitar estas obras cuando existe una necesidad manifiesta.
En comunidades de propietarios, por ejemplo, ya no se exige unanimidad en determinadas circunstancias para aprobar la instalación de un ascensor, lo que ha permitido acelerar miles de proyectos de rehabilitación. Además, la existencia de ayudas públicas estatales, autonómicas y municipales ha contribuido a que muchas comunidades puedan afrontar la inversión.
PLAN DE VIVIENDA
Aun así, las organizaciones representativas del movimiento de la discapacidad advierten de que queda mucho por hacer. La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha trasladado propuestas al borrador del Plan Estatal de Vivienda 2026–2030 para asegurar que la accesibilidad se contemple no solo como un principio teórico, sino como un compromiso operativo.
Aunque valora que el anteproyecto reconozca a las personas con discapacidad como colectivo vulnerable, señala que, sin medidas concretas y financiación suficiente, los avances normativos corren el riesgo de quedarse en meras declaraciones.
Estas reivindicaciones se enmarcan en los principios recogidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la ONU en 2006. Este tratado, ratificado por España, establece que la accesibilidad universal es un requisito imprescindible para garantizar el ejercicio pleno de otros derechos fundamentales.
Su aplicación afecta a ámbitos tan diversos como la educación inclusiva, la participación política, el empleo y la vida en comunidad, pero su base es siempre la misma: eliminar barreras. El lema de este año, «Fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social», incide precisamente en el papel de la inclusión como motor de transformación.
La accesibilidad residencial es una pieza clave de ese proceso, porque influye en la vida cotidiana de millones de personas. Según un estudio de TK Elevator, el 54,4% de la ciudadanía reconoce haber modificado alguna de sus rutas habituales para evitar zonas con dificultades de acceso y el 30% renuncia a ver a familiares o amigos por esta causa.
