La votación del pasado jueves en el Congreso, que rechazó la toma en consideración de la proposición de ley de Sumar para prohibir la compra de viviendas por parte de empresas, fundaciones, personas jurídicas y fondos de inversión, ha vuelto a poner de relieve las contradicciones internas del PSOE en materia de vivienda.
La emergencia habitacional en España es una realidad reconocida por todas las fuerzas políticas, pero las respuestas divergen y, en el caso de los socialistas, las posiciones parecen oscilar entre la defensa de un marco regulatorio más ambicioso y la resistencia a medidas que limiten de manera directa la dimensión especulativa del mercado inmobiliario.
La abstención del PSOE (que parece mantener en su seno un alma neoliberal y otra socialdemócrata) resultó determinante. Con el apoyo de ERC, Bildu, Podemos, BNG y la diputada de Compromís, frente al rechazo del PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria, la iniciativa no prosperó. El PNV se alineó con los socialistas, también mediante la abstención.
LA PROPUESTA
El contraste entre esta postura socialista y algunos mensajes lanzados desde el propio Gobierno genera un terreno fértil para la acusación de ambigüedad. Sumar, impulsor de la iniciativa, defendió el texto destacando que la compraventa de viviendas por entidades jurídicas y fondos de inversión se sitúa en niveles más altos que durante la burbuja inmobiliaria de 2008.
Su portavoz de Vivienda, Alberto Ibáñez, subrayó que fondos buitre y empresas multipropiedad han adquirido desde entonces aproximadamente la mitad de los inmuebles del país. A su juicio, frenar este proceso mediante la prohibición de compras para uso no residencial representaba un paso imprescindible para evitar que la vivienda siga funcionando como un activo especulativo cuya rentabilidad condiciona el acceso de la ciudadanía a un hogar.
El turno del PSOE estuvo marcado por el mensaje del diputado Gabriel Blanco, quien aseguró que el grupo socialista está dispuesto a debatir cualquier medida orientada a resolver el problema habitacional, siempre que ello parta del reconocimiento al controvertido trabajo del Ministerio de Vivienda y de su titular, Isabel Rodríguez.
Enfatizó que el Gobierno está realizando un esfuerzo inmenso para afrontar la crisis y pidió a Sumar que respete ese trabajo en vez de contribuir, según dijo, al desgaste institucional buscado por quienes desean derribar al Ejecutivo. La posición socialista se complica cuando se contrasta la abstención en el Congreso con la nota difundida el mismo jueves por Moncloa, en la que se informaba de la apuesta de Isabel Rodríguez por que los Estados miembros de la Unión Europea puedan prohibir la compra especulativa de viviendas.
El comunicado subrayaba que Europa debe permitir intervenciones en zonas tensionadas por la escalada de precios y la presión turística, y mencionaba medidas como la prohibición de compraventas especulativas y la limitación de ventas de vivienda protegida a fondos buitre.
El contraste es evidente: mientras el Gobierno admite públicamente la necesidad de facultades para prohibir la compra especulativa, su principal partido rechaza siquiera abrir el debate legislativo sobre una iniciativa alineada con esa misma filosofía.
La diferencia entre pedir margen regulatorio a Europa y bloquear una propuesta similar en el Congreso alimenta la percepción de incoherencia. Esta tensión no se limita al ámbito estatal. En Cataluña, donde la emergencia habitacional es especialmente aguda, la Generalitat —liderada ahora por un PSC que también gobierna en coalición— ha mostrado una disposición significativa a estudiar medidas para limitar la compra especulativa.
El Govern y los Comunes han acordado la creación de un grupo de trabajo con expertos, liderado por la consellera de Territori, Sílvia Paneque, con el fin de plantear propuestas normativas que frenen estas prácticas. Se prevé la elaboración de un informe entre finales de año y principios de enero.
Este movimiento conecta con la proposición de ley ya registrada por los Comunes en el Parlament, que propone prohibir directamente las compras especulativas. Se trata de un instrumento clave en la negociación de los próximos presupuestos catalanes. La iniciativa, además, coincide plenamente con la narrativa defendida por el propio Salvador Illa, que semanas atrás sugirió la posibilidad de intervenir el mercado inmobiliario para afrontar la escasez de vivienda. Este enfoque sitúa al PSC catalán más cerca de la posición de Sumar que de la postura adoptada por el PSOE en el Congreso.
La coexistencia de un discurso en Cataluña favorable a restricciones fuertes y una actitud de prudencia en Madrid provoca que la estrategia del PSOE parezca bifurcada. La presión territorial, especialmente donde existe una crisis de vivienda más intensa, obliga a los socialistas a adaptarse a dinámicas políticas distintas, y ello alimenta la sensación de que no existe una línea clara y coherente frente al desafío de la especulación inmobiliaria.
A ello se suma el clima social y económico. El incremento sostenido de los precios de la vivienda —un 12,3% interanual en obra nueva y un 11,1% en segunda mano, según el INE— y el aumento de los alquileres por encima del 11% mantienen el debate en un terreno de máxima urgencia. Esta subida imparable fortalece los argumentos de quienes sostienen que la vivienda debe ser tratada ante todo como un bien de uso, no como un activo financiero.
Las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE interpretan que sin medidas de intervención directa la situación no se revertirá.
