La derecha política —y quienes han decidido acompañarla coyunturalmente— vuelve a cerrar filas para impedir cualquier avance en materia de vivienda. Junts, PP y Vox han unido fuerzas para bloquear la ley que pretende regular los alquileres de temporada y los alquileres de habitaciones, una norma impulsada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y el BNG para corregir uno de los mayores agujeros negros que dejó la Ley de Vivienda: el uso fraudulento del contrato temporal como vía para esquivar los topes y las garantías del alquiler habitual.
La ponencia del Congreso aprobó este martes el informe sobre la proposición de ley, aunque el proyecto ya había sido rechazado en septiembre pasado. La correlación de fuerzas que se vislumbra de cara al pleno vuelve a anticipar un bloqueo. Y no uno casual: responde a una estrategia compartida por los partidos conservadores —incluido Junts, que se está alineando en esta materia con PP y Vox— para mantener intacto un lucrativo nicho de mercado para los grandes propietarios y los fondos inmobiliarios.
La proposición de ley pretendía acabar con la trampa más utilizada por los arrendadores en zonas tensionadas: disfrazar de alquiler de temporada lo que en realidad es un alquiler habitual. Esa práctica permite sortear topes de rentas, plazos mínimos, prórrogas obligatorias y otras obligaciones básicas destinadas a proteger al inquilino.
En ciudades como Barcelona o San Sebastián, el fenómeno ha alcanzado niveles de escándalo: en la capital catalana, el 49% de la oferta actual está etiquetada como «alquiler de temporada»; en Donostia, el 39%. Esta parece una distorsión masiva impulsada por la mera búsqueda de mayor rentabilidad a costa de expulsar a residentes y encarecer artificialmente el mercado.
La norma planteada por los grupos progresistas busca revertir esa anomalía. Para ello, equipara los contratos temporales a los de vivienda habitual en las zonas tensionadas, inclinando la balanza hacia el uso legítimo del contrato —pensado originalmente para estancias justificadas por razones laborales, docentes o médicas— y no hacia el abuso especulativo.
La propuesta, además, introduce novedades relevantes:
-Ampliación del límite máximo del contrato temporal hasta los 12 meses, adaptándolo al calendario académico y a las necesidades de docentes, estudiantes o profesionales desplazados por temporadas.
-Obligación del arrendador de justificar el motivo del alquiler de temporada, evitando así falsos contratos motivados por «trabajos temporales» inventados.
-Duración mínima de 31 días y máxima de 12 meses, con la consideración de alquiler habitual si se encadenan más de dos contratos.
-Prohibición expresa de repercutir el IBI al inquilino, así como cualquier gasto o tasa añadida que no estuviera ya recogida en el contrato.
En la práctica, era una ley que ponía cerco a la picaresca inmobiliaria que tantos beneficios está generando en los segmentos más agresivos del mercado del alquiler.
JUNTS, OBSTÁCULO
El Sindicat de Llogateres no ha dudado en señalar a Junts como el gran escollo en esta fase final. Su voto en contra permitiría a la derecha sumar la mayoría que necesita para tumbar la iniciativa, algo que no sorprende: desde hace tiempo, el partido de Puigdemont se muestra cada vez más cercano a las posiciones del PP en materia de vivienda, bajo la premisa liberalizadora de «dejar hacer al mercado».
Un mercado que, por cierto, lleva años demostrando que sin regulación convierte el acceso a la vivienda en una carrera imposible para la mayoría social. La decisión de Junts resulta especialmente llamativa cuando se observa el comportamiento del mercado en Cataluña.
Barcelona lidera el abuso del alquiler de temporada, precisamente porque eso permite a los propietarios esquivar la Ley de Vivienda. Al votar contra la regulación, el partido independentista estaría blindando un mecanismo que expulsa a vecinos, tensiona aún más los precios y alimenta la turistificación.
En paralelo al bloqueo de la derecha y de Junts, los ministros de Sumar ha exigido la aprobación de un real decreto inmediato que prorrogue los contratos de alquiler que se firmaron durante la pandemia, con precios muy inferiores a los actuales. De no actuar, advierten, unas 300.000 familias podrían enfrentar subidas inasumibles en plena escalada de precios.
