El Congreso de los Diputados dio ayer un paso clave en la regulación del mercado del alquiler turístico con la admisión a trámite de una proposición de ley presentada por Euskal Herria Bildu. La iniciativa busca prohibir que plataformas como Airbnb o Booking publiciten viviendas de uso turístico que carezcan de licencia o número de registro, descargando la responsabilidad legal directamente sobre las plataformas digitales.
La propuesta ha sido respaldada por una amplia mayoría parlamentaria: PSOE, Sumar, Junts, ERC, Podemos, PNV, BNG, Coalición Canaria, y miembros del Grupo Mixto como José Luis Ábalos y Águeda Micó (Compromís). Por contra, el Partido Popular, Vox y UPN han votado en contra.
Aunque la norma no menciona a ninguna plataforma en concreto, el debate político y mediático ha situado en el centro de la polémica a Airbnb, el gigante global del alquiler turístico, que en los últimos años ha sido acusado de permitir la publicación masiva de alojamientos ilegales, especialmente en zonas tensionadas por la falta de vivienda.
La norma obligaría a las plataformas a verificar que cada anuncio cuenta con su correspondiente número de licencia o registro oficial, y de lo contrario, podrían ser sancionadas con multas que van desde los 10.000 hasta un millón de euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. También se sancionaría la publicación de anuncios no vinculados a los datos del anfitrión, o aquellos que incumplan requisitos mínimos de habitabilidad y salubridad.
Según explicó en el Congreso la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, se trata de que «las plataformas estén obligadas a asegurar que solo se anuncian y alquilan alojamientos con licencia. Si lo incumplen, serán sancionadas».
RÉGIMEN SANCIONADOR
El régimen sancionador propuesto es uno de los aspectos más llamativos de la iniciativa. Las infracciones se clasificarían en tres niveles:
Leves: multas de entre 10.000 y 50.000 euros.
Graves: entre 50.001 y 500.000 euros.
Muy graves: de 500.001 hasta 1.000.000 de euros.
El texto se apoya en herramientas jurídicas tanto nacionales como europeas, como el Registro y Ventanilla Única digital de Arrendamientos, el Reglamento europeo sobre intercambio de datos de servicios de alquiler de corta duración, y normativa sobre publicidad responsable.
REACCIÓN FORZOSA
Pese a las críticas históricas, algunas plataformas han comenzado recientemente a tomar medidas ante los requerimientos del Gobierno. Airbnb, por ejemplo, retiró este verano más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas sin número de registro, después de recibir un requerimiento formal del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Además, según datos del propio Ministerio, se detectaron otros 54.728 anuncios activos en la plataforma que seguían incumpliendo la normativa al no incluir el número de licencia, lo que podría dar lugar a nuevas sanciones si no se corrige.
También Booking actuó este verano tras una advertencia gubernamental, retirando más de 4.000 anuncios ilegales, principalmente en las Islas Canarias, que infringían la ley vigente. Estas acciones muestran que las plataformas pueden responder positivamente si se enfrentan a un marco normativo claro y sancionador.
RESPETO A LAS COMPETENCIAS AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES
Un aspecto relevante de la norma impulsada por EH Bildu es que no interfiere en las competencias autonómicas y municipales. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos podrán seguir aplicando sus propios criterios y normativas sobre el alquiler turístico, incluyendo zonas de exclusión, límites temporales o requisitos específicos para los propietarios.
El objetivo, subrayan desde la formación abertzale, no es sustituir las legislaciones locales, sino garantizar que las plataformas digitales no se conviertan en canales de difusión de viviendas ilegales que burlan los controles autonómicos y municipales.
VANGUARDIA
De salir adelante esta norma, España daría un paso relevante en el reordenamiento del sector turístico digital, que ha crecido en la última década sin un control eficaz. La imposición de responsabilidades a las plataformas pretende corregir un desequilibrio que ha favorecido durante años la expansión de viviendas turísticas no reguladas, con efectos directos sobre el mercado residencial, los precios del alquiler y la convivencia vecinal.
No obstante, queda por ver cómo evolucionará el trámite parlamentario y si la futura ley logra mantenerse firme ante la presión de los grandes actores del sector. Lo que sí es evidente es que comienza a agotarse el modelo de ‘todo vale’, en el que cooperan con su pasividad instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, que se niega a perseguir a los negocios turísticos ilegales.
