En julio de 2025, el precio medio de la vivienda en venta en Móstoles ha alcanzado los 2.588 euros por metro cuadrado, el valor más alto registrado hasta la fecha, según datos del portal Idealista. Esta cifra representa un incremento del 21,7% respecto a julio del año anterior, cuando el precio se situaba en 2.126 euros por metro cuadrado.
El aumento, sostenido pero también preocupante, refleja la intensificación de las tensiones entre la oferta y la demanda, así como los fallos estructurales en el acceso a la vivienda en esta ciudad del sur madrileño.
Durante el último año, Idealista ha situado a Móstoles como la ciudad española con mayor presión de demanda sobre la escasa oferta de viviendas a la venta. Este indicador no solo apunta a un fenómeno puntual de encarecimiento, sino a un desequilibrio estructural profundo: la oferta existente no alcanza para absorber el ritmo de la demanda, ni responde a las características ni capacidades económicas de una parte significativa de la población, especialmente jóvenes, familias trabajadoras y sectores vulnerables.
MEDIDAS
Pese a este contexto, las administraciones locales y regionales han promovido algunas iniciativas orientadas a incrementar el parque de vivienda. El pasado 27 de junio, el Ayuntamiento de Móstoles aprobó el Plan Parcial del SUNC-4 dentro del Plan General de Ordenación Urbana. Este proyecto contempla la construcción de 1.000 nuevas viviendas, lo que sobre el papel podría aliviar parcialmente la presión del mercado.
Sin embargo, la eficacia de la medida está lejos de estar garantizada: todo dependerá de los plazos reales de ejecución, del tipo de vivienda que se construya y, especialmente, de si estas unidades se sitúan dentro de precios asumibles para la mayoría de la población del municipio. Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha anunciado una inversión de 39,7 millones de euros para la edificación de 249 viviendas destinadas a familias en situación de vulnerabilidad y personas con necesidades especiales.
Estas viviendas se distribuirán en dos parcelas, con una tipología diversa: desde pisos de un dormitorio hasta viviendas de cuatro. Parte de ellas estarán adaptadas para personas con movilidad reducida, incorporando así criterios básicos de accesibilidad que, sin embargo, siguen siendo excepcionales y no una norma generalizada en las políticas de vivienda pública.
Además, el programa Plan Vive Solución Joven incorporará 307 viviendas más a la oferta local. Dirigido a personas menores de 35 años, este plan se enmarca dentro de un modelo de colaboración público-privada y se presenta como una apuesta por el alquiler asequible juvenil.
A pesar de sus promesas, el proyecto ha recibido críticas tanto por su diseño como por la opacidad de sus criterios de adjudicación, lo que ha generado dudas razonables sobre su alcance real, su sostenibilidad en el tiempo y su capacidad para contener los precios de un mercado cada vez más inaccesible.
ENFADO EN LA OPOSICIÓN
En paralelo al desarrollo de estas medidas, el debate político sobre la vivienda ha adquirido una nueva intensidad. El grupo municipal del PSOE presentó recientemente una moción en la que se señalaba que el acceso a la vivienda constituye uno de los principales retos sociales, económicos y generacionales del país.
En el texto se denunciaba la degradación progresiva de este derecho constitucional, atribuida a décadas de políticas especulativas, ausencia de planificación urbana efectiva y una inversión pública claramente insuficiente para revertir la situación. La moción también hacía referencia a uno de los datos más repetidos en los análisis comparativos internacionales: en España, el parque público de vivienda apenas alcanza el 3,4% del total, una cifra muy por debajo de la media europea.
Países como los Países Bajos, Austria o Francia mantienen porcentajes que oscilan entre el 15% y el 25%, lo que les permite amortiguar los efectos del mercado y proteger a una parte significativa de la población del alza constante de precios.
Esta diferencia, lejos de ser anecdótica, refleja una brecha estructural que sigue sin corregirse. Mientras tanto, en municipios como Móstoles, la realidad se impone: precios al alza, demanda desbordada, medidas parciales y políticas de vivienda que no logran revertir una tendencia que se ha vuelto insostenible para amplias capas de la población.
La proliferación de anuncios y planes con escasa ejecución inmediata o con un impacto limitado genera una sensación de continuidad en la precariedad habitacional, agravada por un modelo inmobiliario que sigue priorizando la rentabilidad sobre el derecho a una vivienda digna y asequible.
