A partir de 2022, Acciona reformó su Modelo de Prevención de Delitos y Anticorrupción (MPDyA) e incrementó notablemente los recursos destinados a combatir este tipo de conductas. Esta transformación llegó poco después del periodo en el que la compañía habría estado presuntamente vinculada a una trama de corrupción que salpica, entre otros, al exsecretario general del PSOE, Santos Cerdán.
Según las investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), entre 2019 y 2022 la empresa habría obtenido cinco adjudicaciones por las que presuntamente pagó más de un millón de euros de forma ilícita a los líderes de dicha red.
La corrupción ha vuelto a sacudir el panorama político y empresarial en España. En el centro de esta nueva oleada se encuentran los exsecretarios generales del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Junto a ellos, el informe de la UCO también señala a tres compañías como posibles implicadas: Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR). Todas aparecen como participantes en un esquema de intercambio de contratos millonarios por pagos en efectivo, colocación de familiares o favores personales.
En el caso de Acciona —presidida por José Manuel Entrecanales— la Guardia Civil detalla que la empresa recibió cinco contratos entre 2019 y 2022 por un valor cercano a los 190 millones de euros. A cambio, se habrían canalizado pagos ilícitos por más de un millón de euros dirigidos a Ábalos, su entonces asesor Koldo García, y el propio Cerdán. En Murcia, por ejemplo, la empresa resultó adjudicataria de obras relacionadas con el soterramiento ferroviario, por las que, según la UCO, se habrían abonado sobornos que Koldo cifra en unos 550.000 euros.
Acciona cambia su protocolo anticorrupción
Ante estas acusaciones, la compañía ha manifestado públicamente su «total desconocimiento, sorpresa y preocupación» por los hechos recogidos en la investigación. Además, ha recordado que Fernando Agustín Merino Vera —mencionado expresamente en las diligencias judiciales— fue despedido el 12 de abril de 2021. También ha confirmado que, en respuesta a la posible elusión de sus controles internos, ha abierto una investigación interna.
Sin embargo, los documentos internos de la empresa revelan que estas medidas pudieron iniciarse antes de lo anunciado. Poco después de que presuntamente concluyera la trama corrupta, Acciona renovó sus protocolos anticorrupción y redobló esfuerzos para prevenir este tipo de prácticas. Uno de los cambios más relevantes fue el aumento en un 41% del número de empleados formados para detectar actividades delictivas relacionadas con la corrupción.
En cuanto a su MPDyA, un informe de 2024 revela que en 2023 se emprendió una reforma profunda del modelo, que ha seguido evolucionando a lo largo de este año. Según el documento, «durante este año se han actualizado las matrices y controles de Auditoría Interna (SCIIF), el MPDyA y el SCISS para adaptarlos a este nuevo modelo de gestión implementado en 2023 y en constante evolución en 2024”.
Más formación y vigilancia interna
Tras la salida de Merino Vera, se impartieron sesiones específicas a los altos cargos de la división de Infraestructuras, centradas en la «responsabilidad penal de las personas jurídicas: fraude y corrupción en las empresas» y en los protocolos a seguir ante inspecciones de las autoridades competentes.
Asimismo, el número de empleados formados en España en materia de anticorrupción ha crecido un 41% entre 2022 y 2024, pasando de 450 a 727 personas. Este programa de formación ha sido definido por la propia Acciona como un pilar fundamental para garantizar que todos los miembros de la organización actúen conforme a los valores y principios éticos de la compañía”.
Los otros frentes judiciales abiertos de Acciona
A pesar de estos esfuerzos, el caso que implica a altos cargos del PSOE no es el único desafío judicial al que se enfrenta Acciona. En 2021, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) interpuso una demanda contra Acciona Mantenimiento e Infraestructuras y otras once empresas del sector por presuntamente formar un cártel. El objetivo habría sido restringir la competencia en licitaciones públicas para la conservación de carreteras, limitando la presentación de ofertas con precios bajos.
Además, la CNMC investigó a Acciona y otras cinco grandes constructoras por acuerdos para compartir gastos en estudios técnicos previos a licitaciones públicas, lo que se consideró contrario a la normativa de competencia.
En el pasado, la compañía también ha sido vinculada de forma indirecta a la trama Gürtel, a través de la financiación de eventos y el pago de comisiones mediante sociedades vinculadas a la red de Francisco Correa. Aunque Acciona no fue formalmente imputada en ese caso, sí ha asumido responsabilidades en otros. Uno de los más relevantes fue el caso Plaza, relativo a los sobrecostes millonarios en la plataforma logística de Zaragoza. En este caso, Acciona reconoció su responsabilidad civil y pagó 60 millones de euros.
