La ciudad de Valencia ha vivido un giro inesperado en una operación inmobiliaria que estaba prácticamente cerrada. Gracias a la presión ejercida por colectivos vecinales, sindicatos y partidos de la oposición, el Ayuntamiento regido por el Partido Popular ha decidido ejercer su derecho de tanteo y retracto para impedir la venta de 134 viviendas de protección oficial (VPO) a la socimi Ktesios.
La operación, que implicaba la adquisición de un edificio completo en la pedanía de La Torre por parte de esta sociedad inmobiliaria cotizada, se encuentra ahora en suspenso. Ktesios tenía previsto desembolsar nueve millones de euros por el inmueble, actualmente en manos de Inmo Criteria Caixa, filial de la Fundación La Caixa.
Sin embargo, la intervención del consistorio, encabezado por la alcaldesa María José Catalá (PP), ha trastocado estos planes. La medida responde a una creciente movilización ciudadana. En concreto, 25 entidades de la sociedad civil, entre asociaciones vecinales, sindicatos y movimientos sociales, presentaron dos escritos urgentes: uno dirigido al Ayuntamiento y otro a la Generalitat, ambos actualmente bajo el control del Partido Popular.
En ellos exigían que las instituciones ejercieran su derecho de preferencia para evitar la privatización de unas viviendas que, a pesar de ser gestionadas por una entidad privada, fueron construidas con financiación pública y figuran como viviendas protegidas. Este mecanismo legal de tanteo y retracto, que permite a las administraciones públicas igualar la oferta de un comprador privado para adquirir viviendas de interés social, fue aprobado durante el mandato del anterior gobierno progresista del Botànic (PSPV-Compromís-Podemos).
En su día, el PP criticó duramente esta herramienta, pero ahora se ha visto obligado a recurrir a ella ante la presión popular. El edificio está situado en una zona especialmente vulnerable del sur de la ciudad, afectada por la dana del 29 de octubre.
Las lluvias torrenciales dejaron graves daños en infraestructuras y viviendas, muchas de ellas de alto valor patrimonial. La ubicación del inmueble, en la calle Paz Azzati Cutanda, está rodeada en su mayoría por parcelas sin edificar, y fue una de las zonas más castigadas por el temporal de octubre.
SITUACIÓN COMPLICADA EN LA CIUDAD DE VALENCIA
Más allá de esta operación concreta, la situación de la vivienda en Valencia sigue siendo crítica. Los precios se han disparado tanto en el mercado de compra como en el alquiler. Según un reciente informe de la plataforma Culmia, el 55% de los valencianos reconoce tener dificultades para acceder a una vivienda asequible, y un alto porcentaje solo contempla opciones con subvención pública.
En paralelo, la ciudadanía ha comenzado a movilizarse. En octubre de 2024, miles de personas salieron a las calles bajo el lema ‘València s’ofega’ para protestar contra la especulación inmobiliaria. La manifestación sirvió también como denuncia del impacto del alza inmobiliaria en los barrios históricos y las pedanías. Los colectivos vecinales denuncian que los fondos de inversión están comprando grandes lotes de vivienda protegida, expulsando poco a poco a los residentes de siempre.
Mientras tanto, el Gobierno central ha anunciado un plan de reconstrucción de 530 millones para las zonas afectadas por la dana, y la Generalitat ha puesto en marcha un programa de ayudas directas para las familias damnificadas. Estas ayudas están destinadas a la rehabilitación de instalaciones eléctricas, estructuras y mobiliario básico, mediante un procedimiento simplificado.
Además, se proyecta la creación de la Ciudad de la Industrialización de la Construcción en Valencia, como parte del PERTE para la vivienda. Este proyecto tiene una inversión prevista de 1.300 millones de euros en una década.
REHABILITACIÓN
Por último, el Consell Valencià de Cultura (CVC) ha emitido recientemente un informe alertando sobre la dificultad para rehabilitar estos inmuebles, muchos catalogados como Bienes de Relevancia Local. El documento también advierte de la escasez de artesanos cualificados para llevar a cabo las necesarias restauraciones, una situación que agrava la precariedad habitacional en la zona.
El CVC insta a las administraciones a ofrecer asesoramiento técnico y financiación suficiente para garantizar que las viviendas dañadas puedan ser restauradas adecuadamente, no solo por el derecho a la vivienda, sino también por su valor como patrimonio cultural. El informe fue remitido a la Generalitat, a la Conselleria de Cultura, al Colegio de Arquitectos y a los ayuntamientos afectados.
