En un esfuerzo por intensificar la protección del medio ambiente, la Unión Europea ha introducido recientemente una normativa pionera (2024/1203) que reconoce el ‘ecocidio’ como delito grave. Esta medida legislativa ha sido aplaudida por organizaciones ambientales y ciudadanos preocupados por la creciente crisis ecológica. Sin embargo, también ha generado un importante debate en el ámbito empresarial y asegurador, especialmente en lo que respecta a los seguros de Administradores y Directivos (D&O) y de Responsabilidad Medioambiental, según el director de Medioambiente de WTW España, Juan Garcia Cubillana.
El ecocidio, definido como cualquier acto ilícito que cause daños graves y a largo plazo al medio ambiente, ha sido tipificado como un delito penal en el nuevo marco legal de la UE. Esta legislación establece que las personas y entidades responsables de causar un daño ecológico significativo pueden enfrentarse a sanciones severas, incluidas penas de prisión y multas sustanciales. Así, la normativa busca responsabilizar a los individuos y organizaciones, incluyendo a altos directivos y miembros consejos de administración, de sus acciones en relación con el medio ambiente.
Impacto en la industria aseguradora
Los seguros de Administradores y Directivos (D&O), que tratan de proteger a la alta dirección de las empresas frente a reclamaciones derivadas de sus decisiones empresariales, se ven directamente afectados por esta normativa, ya que implica que los directivos pueden ser personalmente responsables por los daños medioambientales causados por sus decisiones.
Con la nueva norma, posiblemente se termine por evaluar la revisión de las pólizas de D&O para incorporar cláusulas específicas que contemplen la responsabilidad por ecocidio. Tampoco se descarta un aumento de primas por agravación del riesgo, especialmente en determinadas industrias, así como exclusiones más estrictas relacionadas con actividades que puedan tener un impacto ambiental significativo. De hecho, las aseguradoras podrían exigir a las empresas medidas más rigurosas de gestión de riesgos ambientales como condición para la cobertura.
Por otro lado, los seguros de Responsabilidad Medioambiental, que cubren los costes asociados con la contaminación y otros daños ambientales, van a experimentar cambios importantes. La nueva normativa de la UE aumenta la presión sobre las empresas para que adopten prácticas más sostenibles e implementen sistemas robustos de gestión ambiental, incluyendo lo siguiente:
- Para que una conducta constituya un delito medioambiental debe ser ilícita. Dicha conducta debe constituir delito cuando sea intencionada y, en determinados casos, también cuando se lleve a cabo por imprudencia grave.
- Las sanciones o medidas accesorias pueden incluir el requisito de restaurar el medio ambiente cuando el daño sea reversible y el de indemnizar cuando el daño sea irreversible o el autor del delito carezca de capacidad para llevar restaurarlo.
- En la medida en que una conducta constitutiva de delito medioambiental sea atribuible a personas jurídicas, estas deben ser consideradas responsables del delito.
- La introducción ilícita de energía en el medio ambiente debe constituir un delito si causa o puede causar daños sustanciales al medio ambiente o a la salud humana.
- Deben preverse sanciones o medidas accesorias en los procesos penales pertinentes.
Como datos más relevantes y de importancia para los programas de seguros en medio ambiente y D&O es que se va a exigir, antes de 2027, que el nivel máximo de las multas o sanciones con posibilidad de exigencias no sea inferior a entre el 3 y el 5% del volumen de negocios mundial total de la persona jurídica o un importe correspondiente a un intervalo entre 24.000.000 y 40.000.000 euros.
Una nueva era para las empresas
Las empresas deberán adaptarse a esta nueva realidad regulatoria y aquellas que no cumplan con las normativas ambientales podrían enfrentar no solo sanciones legales, sino también dificultades para obtener cobertura aseguradora adecuada. Sin embargo, las compañías que adopten prácticas sostenibles y demuestren un compromiso genuino con la protección ambiental podrían beneficiarse de mejores condiciones de seguro y de una imagen corporativa fortalecida.
La nueva normativa de la UE sobre el ecocidio representa un avance significativo en la lucha por la protección del medio ambiente, pero, a su vez, plantea importantes desafíos para el sector empresarial y asegurador. Las empresas deberán reevaluar sus estrategias de gestión de riesgos y sus prácticas medioambientales, al mismo tiempo que deberán revisar sus programas de seguros para blindarse ante futuras reclamaciones y o posibles límites reclamados.
Por su parte, las aseguradoras tendrán que ajustar sus productos y políticas de suscripción para responder a un entorno regulatorio en evolución. En última instancia, esta normativa podría ser un catalizador para un cambio positivo, fomentando una mayor responsabilidad ambiental y un enfoque más sostenible en el mundo empresarial.
