Reconoce el «elevado riesgo» del sector pero deja flexibilidad a los Estados miembro
El acuerdo alcanzado en la madrugada de este jueves por el Consejo y el Parlamento Europeo pone a los clubes y agentes de fútbol en el punto de mira de la nueva directiva para luchar contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones, y quiere obligarlos a informar de cualquier transacción sospechosa.
La nueva ley en la que trabaja la UE brindará acceso a información sobre beneficiarios reales y otorgará más poderes a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) para analizar y detectar casos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, así como para suspender transacciones sospechosas.
Durante las negociaciones, los eurodiputados se han asegurado que el texto incluya que, a partir de 2029, los clubes de fútbol profesionales estén obligados a verificar la identidad de sus clientes, controlar e informar de cualquier transacción sospechosa a las UIF.
Estas unidades compartirán información entre sí y con las autoridades competentes, y cooperarán con la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA), cuya creación se ha acordado recientemente y que España quiere que tenga su sede en la Torre de Cristal de Madrid.
El acuerdo provisional, que aún debe ser adoptado formalmente por ambas instituciones antes de su entrada en vigor, amplía la lista de entidades obligadas a informar de estos movimientos sospechosos a sectores como los clubes y agentes de fútbol, criptoactivos, o artículos de lujo como joyas, relojes, coches, aviones, yates u obras de arte.
Los colegisladores han reconocido así que el sector del fútbol profesional representa un «riesgo elevado» pero, dado que está sujeto a «grandes variaciones», quedará en manos de cada Estado miembro eliminarlos de la lista si se considera que representan un «riesgo bajo».
Este grado de riesgo de blanqueo de capitales se medirá en base a factores como comportamientos pasados, o a características como el tamaño y volumen de negocio de cada club o agente, según han explicado fuentes comunitarias.
Además, las normas para el sector del fútbol profesional se aplicarían tras un periodo de transición más largo, que se iniciará 5 años después de la entrada en vigor de la directiva, frente a los 3 años de las demás entidades obligadas.
