La subida de precio de los alimentos es un hecho real y que afecta a todo el conjunto de consumidores, a los que se les complica el hecho de poder llevar una dieta más equilibrada y sana. La Unión Europea quiere poner en marcha una nueva normativa a favor del bienestar animal que a consecuencia aumentaría el precio de la carne de unos 3,25 euros el kilo, en la actualidad hasta los 9,75 euros el kilo.
En este contexto, en España se está viendo una pérdida del valor adquisitivo que afecta a todos los ciudadanos y que les dificulta la tarea de poder llegar a finales de mes y ahorrar algo de dinero. Sin embargo, la Unión Europea estaría proponiendo una normativa que no solo va a afectar a agricultores y productores, también a los propios consumidores, quienes van a ver como vuelve a subir la cesta de la compra.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha iniciado una ronda de contactos con las autoridades comunitarias y españolas para presentar un informe de impacto socioeconómico de la revisión normativa en materia de bienestar animal propuesta por la Comisión Europea. «Queremos trasladar a las diferentes administraciones, tanto estatales como europeas, el impacto de la modificación en la normativa de bienestar animal y alertar del problema económico y de abastecimiento que esto puede generar».
UNA PROPUESTA DE LA UNIÓN EUROPEA CON CLAROS PERJUDICADOS
El responsable de sectores ganaderos de COAG, Jaume Bernis ha explicado lo que puede provocar esta normativa al consumidor, «Queremos mostrar a los consumidores la realidad de la ganadería en España y las repercusiones que tendría en la inflación del precio de los alimentos por el aumento de los costes a los ganaderos».
Desde los sectores cunícola, avícola y porcino de COAG se han analizado las posibles consecuencias de la nueva ‘Normativa Europea Reguladora del Modelo de la Producción de Carne’, enfocado especialmente en la referida prohibición de las jaulas en la producción de carne de conejo, cerdo y pollo. Lo que desde la organización reclaman es que estas normativas estén basadas en evidencias científicas independientes, que tengan en cuenta el impacto socioeconómico de las medidas que se han propuesto desde la Unión Europea, y que se consideren los riesgos, costes y necesidades que implica la eliminación total de las jaulas.
EL SECTOR AVÍCOLA PUEDE LLEGAR A TENER CON ESTA NORMATIVA UN COSTE ADICIONAL DE 140.000 EUROS PARA LOS PRODUCTORES DE HUEVOS
Sin embargo, esta propuesta va a terminar de tensar la cuerda que hay entre agricultores y productores con la Unión Europa, a la que le recriminan más ayudas y menos ‘piedras’ en el camino. Entre las principales recomendaciones presentadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la más impactante es la propuesta de reducir la densidad de población de pollos convencionales a un máximo de 11 kg por metro cuadrado.
Esto viene a decir que si se termina aplicando esta ley, la Unión Europea solicitará a los productores avícolas convencionales que realicen importantes inversiones en las granjas, mientras que el número de aves en las mismas deberá reducirse en un 72%.
En esta situación, EPSA hace recomendaciones muy parecidas para las gallinas ponedoras. En este caso, la implementación de las mismas requerirá altas inversiones por parte de los ganaderos, sin tener en cuenta los préstamos tomados para cumplir con las reglas, que ya previamente se habían establecido en 2012 y qué, a día de hoy, todavía no se han pagado en su totalidad. Un claro ejemplo de la inversión necesaria para una reconversión, que cumpla todas las exigencias y normativas para una granja de 8.000 gallinas ponedoras, supondría ni más ni menos que un desembolso por parte del ganadero de 141.426,00 euros.
LA CARNE DE POLLO EL NUEVO ‘LUJO’ EN LOS SUPERMERCADOS
Actualmente, una granja de 1.800 m² tiene una capacidad de 33.000 pollos. Según el estudio de la EFSA, la granja de 1.800 m² pasaría a tener una capacidad de 11.000 pollos para que no se pasara de los 11 kg/m² exigidos por la EFSA con un impacto de pérdida de 22.000 plazas de pollos. El impacto económico, a precios actuales, sería de una bajada de una tercera parte de los ingresos para el granjero.
Se entiende que la bajada de producción repercutirá en un aumento de precio desorbitado para perjuicio del consumidor, que supuestamente tendría que pagar una tercera parte más de lo que está pagando ahora. En estos momentos, en los lineales el precio es de 3,25 €/kg el pollo entero, se estima que podría llegar a los 9,75 €/kg, casi al mismo precio que el pollo campero.
“El bienestar animal no tiene por qué mejorar con estas medidas. Las naves actuales están preparadas con sistemas de calefacción, sistemas de refrigeración y sistemas de ventilación que aseguran, en todo momento y en todo tipo de circunstancias climáticas, unas condiciones óptimas de temperatura y calidad de aire. Criar a menos densidad no es sinónimo de tener estos parámetros mejor controlados. De hecho, puede ser más difícil y costoso conseguir mantener las temperaturas de una forma adecuada”, ha subrayado Eloy Ureña, responsable del sector avícola de COAG.
Más del 95% de la producción se realiza en jaulas. Únicamente existe una explotación ecológica de conejos (que cuenta con algo más de 1.200 conejos aproximadamente). Es evidente que la potencial prohibición de la utilización de jaulas en la producción de conejos para carne tendrá una extraordinaria repercusión en toda la estructura productiva sectorial y en el equilibrio de la cadena alimentaria del sector. Si se aprobara esta normativa, cada granja perderá entre un 40 a 50% de producción.
La posible prohibición de las jaulas es solo una parte limitada de una ecuación mucho mayor; el impacto global de la revisión de la legislación sobre bienestar animal será mucho más amplio y todavía no conocemos el alcance exacto determinado por la Comisión para esta prohibición. Además, hay que tener en cuenta el impacto que las nuevas legislaciones puedan tener en los sectores ganaderos no se limitará únicamente a la actividad económica relacionada con la ganadería, sino que también tendrá importantes repercusiones en las empresas locales.
«Para garantizar la supervivencia del sector, deben tenerse en cuenta los tres pilares de la agricultura sostenible, medioambiental, social y económico, para evitar que la producción desaparezca o se traslade a terceros países con normas menos exigentes en bienestar animal», ha apostillado José Luis Santaclara, responsable del sector cunícola de COAG.
