El sector de la agricultura es uno de los más afectados ante un cambio climático que cada vez es más notorio. Los viticultores afrontar pérdidas de hasta 1.200 euros por hectárea en la cosecha más corta y cara de la última década. En este contexto, se refleja una caída de la producción de entre el 20% y el 40% por sequía y unos costes de producción al alza no justifican las tablas de precios presentadas, que en algunas regiones recogen bajadas de hasta un 30% respecto a 2022.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha pedido a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que actúe de oficio y realice una campaña exhaustiva de inspecciones sobre los contratos de compra-venta de uva de vinificación presentados por las grandes bodegas de referencia.
Según los datos del INFOVI de junio de 2023, la producción total de vino acumulada a un mes de finalizar la campaña de 2022/2023 se sitúa en 35,9 millones de hl, lo que esto representa un incremento del 1,3% más en comparación con el mismo período que el año anterior. Es importante destacar que, a medida que avanzaba la campaña, las existencias finales de vino y mosto han experimentado un incremento notable, especialmente en el mosto sin concentrar.
EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY ANTE LOS VITICULTORES
Sin embargo, obviando la incuestionable subida de los costes de producción para el viticultor y la reducción de cosecha prevista, siendo la más baja de los últimos 10, los precios de la uva ofertados se sitúan claramente por debajo de los costes, incumpliendo la Ley de mejora de la Cadena Alimentaria. Dependiendo de la zona y la variedad de uva, los precios presentados recogen bajadas de hasta un 30% respecto a 2022.
«SACAR ADELANTE UVAS DE CALIDAD NO SE PUEDE HACER A CUALQUIER PRECIO»
Joaquín Vizcaino, el responsable del sector vitivinícola de COAG
Según los cálculos realizados por los Servicios Técnicos de COAG, un viticultor tipo perdería de media en torno a los 900 euros por hectárea en el caso de uva blanca ‘airén’ y 1.200 euros en tinta tempranilla. Los costes de producción se elevan a 0,43 euros el kilo para la variedad de uva blanca ‘airén’, y 0’52 euros el kilo para la tinta tempranilla, muy por encima de los precios que oficialmente se habían presentado, que eran 0,20 euros el kilo de la primera y en 0,36 euros el kilo de la segunda variedad.
En este contexto el responsable del sector vitivinícola de COAG, Joaquín Vizcaino ha querido añadir, «Es intolerable que las grandes bodegas se salten la ley y obliguen a los agricultores a vendimiar a pérdidas, No vamos a consentir ni que haya viticultores que no tengan donde entregar sus uvas, ni que a otros les obliguen a firmar contratos a sabiendas de que sus costes de producción no se cubren con los precios ofertados».
LA DENUNCIA DE COAG ANTE LAS BODEGAS QUE INCLUMPEN LA LEY
Teniendo en cuenta, que esta campaña no solo se han incrementado los costes de producción respecto a la de 2022, sino que además los rendimientos que los viticultores pueden entregar por hectárea se han reducido. COAG denuncia esta posición abusiva de la bodega, ya que los viticultores se ven obligados de esta forma a firmar contratos ‘presuntamente’ ilegales ante la amenaza de tener que dejar sus uvas colgando en las cepas.
Los ejemplos que ha conseguido reflejar COAG son de tres bodegas, una de La Rioja, Toro y Castilla La Mancha. La semana sin ir más lejos, una bodega de La Rioja, presentó contratos a sus proveedores para que aceptasen precios de 0,54 euros el kilo para las tintas, y 0,60 para las blancas. Si la propia Consejería de Agricultura de La Rioja fija los costes de producción medios para 2022 en 0,70 euros el kilo, con una rebaja del 23% es absolutamente imposible que se cumpla la más mínima rentabilidad.
Otro de los ejemplos es la DO Toro, la oferta de una gran bodega para la presente campaña, que suele ser el referente para la fijación del precio de compra de la uva para el resto de las bodegas de la denominación, es de 0,20 euros para la uva de las variedades ‘malvasía’ y ‘garnacha’ y de entre 0,37 euros y 0,43 euros para la ‘tinta de Toro’.
Con los precios anteriores, estimando la producción máxima autorizada por el Consejo Regulador de 7.500 kg para la Tinta de Toro y de 9.000 kg para el resto de las variedades, sólo las producciones de tinta de toro procedentes de explotaciones que estén en la banda baja de costes, superarían en ingresos a los gastos de producción. Todo ello sin contar con que dichos gastos se estimaron a precios de 2022 y que éstos han experimentado un notable encarecimiento desde entonces, fundamentalmente la partida relativa a personal.
