En un entorno de elevada inflación y en medio de la creciente preocupación por el cambio climático y la necesidad de impulsar la transición hacia fuentes de energía más sostenibles, el debate sobre la reforma eléctrica en Europa va ganando cuerpo y con polémica. En especial, después de que se hiciera pública la propuesta de reforma del mercado eléctrico de España.
No hay dudas sobre el objetivo común de favorecer una transición energética competitiva y eficaz. Pero no hay consenso en cuál es el mejor camino para alcanzarlo, Algunos defienden intervenciones agresivas en el mercado energético para controlar los precios y acelerar la adopción de las energías renovables —como es el caso de la propuesta de reforma del mercado eléctrico de España— y otros advierten sobre los riesgos asociados a una intervención excesiva tanto para la eficiencia demostrada del sistema como para avanzar en la descarbonización.
La crisis del gas y la subida vertical de los precios disparó la urgencia de los legisladores para tratar de acotar los riesgos de nuevas amenazas de suministro o tensiones geopolíticas que puedan amenazar la estabilidad económica y el funcionamiento de un mercado tan básico como la energía.
LA REFORMA DEL MERCADO ELÉCTRICO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN 2022
Reguladores, asociaciones sectoriales y diversos servicios de estudios han alertado sobre el peligro de caer en tentaciones intervencionistas como las que proponen algunos países que consideran que un sistema de precios intervenidos con una especie de control parental será la solución a todos los males bajo la argumentación de que la competencia libre y desregulada no es suficiente para garantizar la transición efectiva hacia las renovables.
Y es esta la tesis abrazada en la propuesta de reforma del mercado eléctrico de Pedro Sánchez, que plantea precios prefijados de antemano para las tecnologías no emisoras (nuclear y renovables, incluyendo la hidráulica) de manera arbitraria por el gobierno de turno y eliminando en la práctica el uso del actual sistema marginalista de los precios mayoristas de la electricidad (el “pool”). Opciones rechazadas por Bruselas.
Sin embargo, el sistema de precios marginales, utilizado en las economías más eficientes y vigente en toda Europa desde 1997, establece un equilibrio entre oferta y demanda incentivando una generación más competitiva y limpia con una visión a largo plazo que ha permitido a España ganar competitividad en los últimos años gracias a la expansión de las energías renovables, más baratas y sin emisiones.
Aquellos contrarios a la eliminación de este sistema, que establece los precios en función del coste variable de la última planta eléctrica que aporta energía en un momento determinado, argumentan que podría generar numerosos problemas. Entre ellos, un encarecimiento de la electricidad, falta de transparencia en la formación de precios, menor eficiencia del sistema eléctrico, dificultades en el logro de la independencia energética y la descarbonización y mayor dificultad para cumplir los objetivos.
La Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), ha presentado un sólido argumento en contra de la propuesta de reforma del mercado eléctrico de España. Según ACER, en la última década, el comercio transfronterizo y la integración del mercado liberalizado han generado beneficios anuales de aproximadamente 34.000 millones de euros para los consumidores. Y eso gracias a una estructura del mercado mayorista de la energía que ha permitido el intercambio transfronterizo entre los Estados miembros, mejorando la seguridad del suministro y facilitando la adopción de sistemas de generación renovable.
Lion Hirth, catedrático de Política Energética y asesor para el Gobierno alemán, la Comisión Europea y la Agencia Internacional de la Energía (AIE), argumenta que la modificación del esquema de fijación de precios generaría más tensiones a empresas y familias en contextos de aumentos temporales de precios. En su opinión, la afirmación de que el sistema marginalista de precios ya no funciona es simplemente falsa. Según Hirth, este sistema es una consecuencia natural de la economía de mercado en la que opera la Unión Europea, y se ajusta perfectamente a sus reglas al buscar satisfacer las necesidades de los clientes y garantizar el suministro energético en cualquier circunstancia.
En lugar de una intervención directa en el mercado, muchos defensores de una reforma del mercado eléctrico europeo abogan por un enfoque basado en la promoción de la innovación y la competencia, el aumento de las redes y la garantía de la seguridad del suministro, a través de mecanismos de capacidad.
Sus partidarios piden unos marcos regulatorios sólidos y estables que fomenten la inversión y el desarrollo de tecnologías energéticas limpias. Además, se propone impulsar la competencia mediante la eliminación de barreras burocráticas y la facilitación del acceso a la red eléctrica para nuevos actores y proyectos de energías renovables.
Pero quizás el punto más importante de esta reforma del mercado eléctrico sea la necesidad de mantener el sistema integrado vital para el progreso del bloque que garantice una competencia justa y evite distorsiones no deseadas. La cooperación y coordinación entre los distintos estados miembro es fundamental para establecer reglas comunes que indiquen la integración, faciliten el intercambio de energía y optimicen los recursos disponibles.
El debate es complejo y multidimensional y las diferencias entre los distintos países lo demuestran. Nadie duda de la importancia de impulsar la transición hacia energías renovables, pero en esta transición es fundamental equilibrar la intervención estatal con los mecanismos de mercado existentes. Una intervención excesiva, como la que plantea la reforma del mercado eléctrico de España, puede distorsionar la competencia y desalentar la inversión privada ralentizando el deseado progreso hacia un mercado eléctrico más sostenible que requiere de competencia e innovación.
