Las energéticas Repsol, Cepsa, Naturgy, Iberdrola y Endesa pagarán este año 1.483 millones de euros por el nuevo impuesto temporal extraordinario de 1,2% que grava las ventas de las compañías eléctricas con ingresos anuales superiores a los 1.000 millones. Las empresas recurrieron ese nuevo hachazo fiscal ante la Audiencia Nacional con el propósito de que sea revertido por el Poder Judicial, pero la anulación de esa carga tributaria podría llegar antes si el Partido Popular (PP) gana las elecciones anticipadas del próximo 23 de julio y desactiva esa norma al formar gobierno.
La llegada de Alberto Núñez Feijóo a la cúpula del PP alumbró un entendimiento con Génova que el jefe de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, nunca tuvo con Pablo Casado.
Y casi a la vez el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio a su discurso político un giro a la izquierda que generó muchos malestares entre los empresarios españoles. Estas dos circunstancias fueron in crescendo hasta el día de las pasadas elecciones y provocaron una «pinza» entre Garamendi y Feijóo contra la política económica del sanchismo.
El PP y el CEOE coincidieron de manera especial en cuanto a los nuevos impuestos extraordinarios establecidos a las energéticas, las alzas salariales impuestas unilateralmente y los ataques directos a los líderes empresariales de diversos sectores (como el de Ione Belarra al presidente de Mercadona, al llamarlo indecente y capitalista despiadado).
«Las subidas anunciadas de impuestos al sector energético y financiero pueden destruir
de un orden de casi 72.000 empleos y cuatro décimas de PIB cada uno de los dos años
que se han anunciado que estarán en vigor», advirtió la patronal empresarial en su momento.
Garamendi resaltaba entonces que estas subidas de impuestos empresariales podrían tener un impacto contractivo sobre la actividad económica total de casi 5.000 millones de euros.
Además, tomando en cuenta que la medida anunciada se aplicaría durante dos años consecutivos,
los efectos previamente descritos, tanto en términos de actividad como de empleo, podrían ser de hasta el doble de la magnitud mencionada.
Ya entonces advertían los empresarios que las leyes aprobadas no solo eran inconstitucionales, sino que también violentaban el derecho comunitario europeo. Y Feijóo se hacía eco de todas esas posiciones.
LOS CONSENSOS DEL PP
El sanchismo desoyó las recomendaciones hechas por las patronales y la guerra discursiva entre ambos sectores se profundizó en los últimos meses y los consensos buscados no fueron alcanzados
De hecho, en el «cara a cara» que mantuvo Sánchez con Feijóo en el Senado, el presidente del Gobierno llegó a pedirle que intermediara con Garamendi para que la CEOE aceptara el pacto de rentas planteado (un menor margen de beneficios de las empresas para posibilitar una subida de sueldos) con los sindicatos.
Y ahora que la posibilidad de que el PP gane las elecciones del próximo 23 de julio se han elevado, tras su arrasadora victoria en las autonómicas y municipales del pasado domingo, pues los populares no tienen intención de dejar de exhibir esa buena relación con la patronal y de ofrecer al sector empresarial las ventajas que traerían sus políticas públicas a la economía española.
Por ejemplo, si el PP desmonta ese impuesto del 1,2% al asumir su eventual futuro mandato presidencial le ahorraría cerca de 1.500 millones de euros en 2022 a cinco de las principales energéticas del país.
¿UN GOBIERNO CONSERVADOR EN JULIO?
El Ejecutivo sanchista percibe que Garamendi está intentando echar una mano a Feijóo para que haya un Gobierno conservador en julio.
En marzo, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, coincidieron en la celebración del IV Foro ATA de emprendedores y autónomos.
Ni Feijóo ni Garamendi desaprovecharon la oportunidad de atacar al Gobierno desde la sede de la patronal empresarial
«Estamos viendo una campaña de hostigamiento, de insultos, de descalificaciones, que no se ha visto en la democracia española por parte de ningún dirigente. En ningún país de Europa se está señalando a los que generan empleo y actividad», comentó el líder de los autónomos, Lorenzo Amor, quien actuó como presentador de ambos en el evento.
NATURGY, REPSOL Y CEPSA
Naturgy, Repsol y Cepsa son las energéticas que más contribuirán a las arcas públicas este año por el impuesto extraordinario de 1,2%: un 72,5% del total que corresponde a este trio corporativo.
estas tres empresas, además de iberdola y endesa, CONSIDERAN a ESTE TRIBUTO COMO «DISCRIMINATORIO, INJUSTIFICADO Y ARBITRARIO» Y LA MAYORÍA DE ELLAS YA HAN RECURRIDO ESA NUEVA CARGA TRIBUTARIA ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL
Repsol tendrá que abonar este año 450 millones de euros por dicho gravamen, que considera que no es compatible ni con la Constitución Española ni con la normativa europea, por lo que la compañía lo ha llevado ante la Audiencia Nacional.
Cepsa, por su parte, pagará por este impuesto extraordinario que grava a las empresas energéticas en función de sus ingresos de 2022 aproximadamente 325 millones de euros.
Naturgy pagará en 2023 por este gravamen alrededor de 150 millones de euros, cifra que ya está integrada en las previsiones de la compañía sobre el resultado bruto de explotación (Ebitda) de este ciclo fiscal.
Iberdrola, por su parte, estima que este año tributará en torno a 200 millones de euros por este impuesto, que también ha recurrido ante los tribunales.
INCONSTITUCIONAL
«CONSIDERAMOS QUE ESTE IMPUESTO INCUMPLE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA Y EL DERECHO EUROPEO Y NO ESPERAMOS QUE ESTE AÑO HAYA UNA DECISIÓN DE LOS TRIBUNALES, PROBABLEMENTE EL AÑO QUE VIENE», DENUNCIA IBERDROLA
Endesa también está inmersa en una batalla judicial contra el impuesto y lo ha recurrido ante la Audiencia Nacional por considerarlo «injustificado y discriminatorio».
Esta compañía avanzó que los resultados de los años 2023 y 2024 se verán impactados tanto en Ebitda como en resultado ordinario neto por la nueva tasa, con una afectación de 208 millones por año.
No solo Repsol, Naturgy, Iberdrola y Endesa han presentado acciones legales contra esta medida tomada por el Gobierno de Pedro Sánchez, también lo hizo la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC), que presentó un recurso ante la Audencia Nacional.
La patronal eléctrica española, que agrupa a las principales eléctricas del país, optó por recurrir directamente la orden ministerial que recogía los modelos de declaración y pago anticipado del nuevo gravamen a las compañías energéticas.
LOS 2.600 MILLONES EN IMPUESTOS DE IBERDROLA
«Hemos recurrido estas medidas arbitrarias y discriminatorias que solo afectan a algunos sectores (energéticas y banca), sectores que no están en una situación comparable. La medida tiene impacto sobre los ingresos y no sobre los beneficios extraordinarios. Consideramos que este impuesto incumple la Constitución Europea y el Derecho europeo y no esperamos que este año haya una decisión de los tribunales, probablemente el año que viene», ha detallado el director de los servicios jurídicos de Iberdrola, Gerardo Codes.
Iberdrola asegura que el aporte que hará a la Hacienda Pública este año asciende a 2.600 millones de euros y que eso la convierte en «uno de los tres mayores contribuyentes» del país.
En cuanto a la propuesta para la reforma del mercado energético que se está debatiendo en la Unión Europea (UE), la compañía ha subrayado que está de acuerdo con que esta discusión sirva para «seguir mejorando». No obstante, ha recalcado que este mercado estaba «funcionando bien».
La empresa también se ha referido a las medidas de la UE para contrarrestar la Ley para la Reducción de la Inflación (IRA) estadounidense, dotada con un paquete de 369.000 millones de dólares en subsidios verdes.
Estos subsidios verdes de Estados Unidos suponen, según analistas, una amenaza de «fuga» de inversiones destinadas a la transición energética en Europa
Sobre este particular, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, opina que las medidas que se están adoptando en la UE son «las adecuadas» y que antes de la creación de la Ley IRA ya se había repartido en torno al 40% de los fondos Next Generation dedicados a la transición energética.
«El tema está en cómo podemos hacer para acelerar la ejecución de estos fondos. Medidas para poder reducir los permisos, aclarar la cuestión de la producción de hidrógeno verde, fomentar las interconexiones o para unificar la normativa. Las cosas se están haciendo bien y en la
