La compañía aseguradora Sanitas rechazó tajantemente las acusaciones presentadas hoy por la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) contra el acuerdo suscrito entre esta empresa y Generali, que aseguró que competían deslealmente y ambas violaban la Ley 3/1991 y la Ley 15/2007 y que por eso tomarían acciones legales contra ellas ante la Comisión Nacional del Mercado de Competencia (CNMC) y los tribunales.
«El acuerdo cumple con la legalidad en términos de competencia y se ha informado con transparencia tanto a los clientes, los principales beneficiados de este acuerdo como a los médicos y centros hospitalarios», aseguró Sanitas.
Sanitas afirma que no violan las leyes de competencia de España
«El acuerdo entre Generali y Sanitas nos permite ofrecer la mejor solución a nuestros clientes. Sanitas y Generali se convierten en socios estratégicos en el ramo de salud. De este modo, los clientes de Generali amplían la oferta y la calidad asistencial que ya tenían con la experiencia de Sanitas, compañía especializada en salud, que ofrece los mejores servicios asistenciales presenciales y digitales, tanto a través de su red de centros propios como a través de su amplio cuadro médico», alegó Sanitas a través de un comunicado.
REASEGURO SANITAS-GENERALI
Según Sanitas, se trata de un acuerdo de reaseguro de prestación de servicios por el que los 150.000 asegurados de salud de Generali se benefician ahora de los servicios médicos que presta Sanitas con sus propios médicos y hospitales y su amplio cuadro médico.
«Se ha ampliado en una 43,4%% el cuadro médico a disposición de los clientes de Generali. Desde el 1 de enero de 2023, Sanitas se encarga de la gestión de la salud de los clientes de Generali, lo que les está proporcionando acceso a la más alta oferta asistencial y a la gama más variada de herramientas en medicina digital del mercado», añaden.
Generali y Sanitas mantienen una oferta diferenciada. Generali continúa comercializando su oferta de salud propia, a través de su red de mediadores como hasta la fecha
«Los clientes de Generali son los grandes beneficiados de este acuerdo. Desde el 1 de enero de 2023, pueden utilizar la red de Sanitas, lo que les proporciona acceso a la más alta oferta asistencial y la gama más variada de herramientas en medicina digital del mercado avaladas por los más de 60 años de experiencia de Sanitas cuidando de la salud de las personas», concluyó la empresa.
ARGUMENTOS DE ASPE CONTRA SANITAS Y GENERALI
La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha denunciado hoy por competencia desleal a Sanitas y Generali por competencia desleal. Esta patronal considera «ilegal» el acuerdo firmado entre ambas compañías en 2022 y que entró en vigencia el 1 de enero de 2023, por presuntamente violar la Ley 3/1991 y la Ley 15/2007, y tomarán acciones contra estas empresas ante la Comisión Nacional del Mercado de Competencia (CNMC) y los tribunales.
ASPE ha remitido por separado a ambas compañías el pasado miércoles 3 de mayo un escrito exigiendo que «cesen en su conducta y cumplan los acuerdos de prestación de servicios suscritos con los hospitales en sus propios términos», dando un plazo de respuesta hasta ayer 17 de mayo antes de la interposición inmediata de acciones legales. El plazo ya se venció.
«Desde enero de 2023, Generali cede a Sanitas la gestión y fijación a los proveedores sanitarios de condiciones de remuneración no pactadas para atender a sus 150.000 pacientes en España, alterando los acuerdos previos entre Generali y los centros. Este acuerdo reduce unilateralmente un 20% las tarifas previamente pactadas, haciendo abuso de una posición de dominio por las aseguradoras», explica la ASPE.
La sanidad privada iniciará sendos procedimientos ante la CNMC y los Tribunales por estos hechos, sin perjuicio de otras acciones que puedan emprender los operadores sanitarios individualmente
«El dictamen jurídico encargado por la Alianza de la Sanidad Privada Española, desarrollado por el despacho Lener, considera que el acuerdo firmado en octubre de 2022 entre las compañías aseguradoras Sanitas y Generali vulnera la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, siendo, asimismo, contrario a la buena fe», añade la patronal.
GENERALI RECORTA SUS TARIFAS UN 20%
Mediante este acuerdo, ambas compañías aseguradoras pactaron que la gestión de los servicios asistenciales y el pago de estos, acordados previamente entre Generali y cada uno de los centros sanitarios privados para la atención de sus 150.000 asegurados en España, pasarían a ser gestionados por Sanitas resolviendo de forma unilateral los contratos suscritos.
Según aspe, CON ESTE CONVENIO los centros sanitarios se ven obligados a asistir a los pacientes de Generali aplicando las condiciones, tanto de gestión como económicas, suscritas para atender a los asegurados de Sanitas
«Entre otras consecuencias, el principal de los efectos de esta estrategia de imposición unilateral es que permite recortar a Generali un 20% las tarifas previamente pactadas con los centros al ser absorbidos en los acuerdos de Sanitas, que hace así abuso de una posición de dominio en la negociación, de la que carecería Generali», precisa la sanidad privada.
ASPE RECLAMA FALTA DE TRANSPARENCIA
ASPE y los distintos proveedores sanitarios solicitaron a ambas aseguradoras ya en diciembre de 2022 las condiciones específicas del acuerdo, pero ambas compañías han ocultado las condiciones de gestión y comerciales, en una estrategia de silencio que busca enterrar los detalles de un acuerdo que afecta las relaciones de servicio que prestan los proveedores sanitarios a los asegurados de Generali, y que es considerada contraria a la buena fe.
A la falta de transparencia, se une una importante confusión en el mercado, no sólo a nivel de gestión de centros sanitarios, sino también de los propios pacientes de Generali, que desconocen las consecuencias del acuerdo sobre el cuadro médico y de servicios de los que ahora disponen
«Esta imposición unilateral, realizada además con ocultación del contenido del acuerdo, limita la libertad de los hospitales y les impide ejercitar sus derechos contractuales, ya que les obliga a aplicar una tarifa – la que tenían concertada con Sanitas- que no es la que se había acordado para los asegurados de Generali. Por este motivo, y tras haber intentado sin éxito establecer un diálogo con las otras partes interesadas, cabría plantear la oportuna demanda y/o denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, por infracción de las normas de competencia», señala el dictamen jurídico de Lener.
