El Gobierno de Pedro Sánchez ha prometido un reguero de ayudas públicas, las ha aprobado, pero el resultado es de nuevo un estrepitoso fracaso. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiREF), el Ejecutivo ha empleado sólo el 40% de lo presupuestado para abonar el cheque de 200 de euros de este 2023 y del pasado año, es decir, apenas 720 millones de euros de los más de 1.700 millones programados para esta ayuda directa que debía llegar a más de seis millones de hogares en total.
El fracaso del pasado año se ha podido comprobar con el propio cálculo de esta autoridad independiente. En junio de 2022 se abonaron un total de 120 millones a tan sólo 600.000 familias, es decir, poco más de una de cada cinco hogares supuestamente beneficiados con este cheque de 200 euros directos abonados por la Agencia Tributaria. El panorama no pinta nada bien de cara a la ayuda de 2023, más cuando se ha formado un monumental lío con las solicitudes y expedientes y todo a tan sólo seis semanas para que la Agencia Tributaria abone las cantidades correspondientes.
el impacto anterior estimado por AIReF se reduce a la mitad respecto al incluido en el anterior informe, hasta 600 millones de euros
Resulta cuanto menos curioso que el propio Gobierno no haya engrosado la ayuda de los 200 euros de 2022, a pesar de que una de las disposiciones del decreto así lo permitía con los créditos. «Si el importe resultante fuera inferior al presupuesto total disponible, y en todo caso tras haber aplicado el procedimiento del siguiente apartado si hubiese resultado necesario, la cuantía de las ayudas podrá ser incrementada proporcionalmente hasta agotar el crédito disponible, sin que se supere en ningún caso un 10% de la ayuda que les hubiera correspondido inicialmente», señala el Real Decreto en su artículo 4.
SIN OPCIÓN A INCREMENTAR LA CUANTÍA A LOS BENEFICIARIOS
No obstante, no sólo no se incrementó el cheque en septiembre del pasado año, sino que el Gobierno relajó las condiciones para acceder a los 200 euros. Para los del pasado año, el Ejecutivo sólo dio acceso a quienes residieran legalmente en España durante más de 183 días del 2021 y hubieran percibido ingresos inferiores a los 14.000 euros anuales, con un patrimonio -excluyendo la vivienda habitual- inferior a los 43.196,40 euros anuales.
El pasado mes de diciembre, la ayuda se aprobó con requisitos muy diferentes con el objetivo de alcanzar a un mayor número de personas. Entraron así quienes hubieran ingresado menos de 27.000 euros anuales, y tuvieran un patrimonio inferior a 75.000 euros anuales a 31 de diciembre de 2022. Casi el doble de lo exigido en 2021. Cabe recordar que este cheque de 200 euros se debe declarar en la Declaración de la Renta 2022 y en la del próximo año para quienes la hayan percibido antes del 30 de junio, último día que tiene la Agencia Tributaria para poder abonarlo.
EL GOBIERNO ENTREGARÁ EL 50% DEL CHEQUE DE 200 €
En concreto, la Agencia Tributaria tendría que abonar 1.200 millones de euros. Según el último informe de la AiREF, que desgrana todas las ayudas publicadas por el Gobierno y su nivel de ejecución, la línea de «ayudas directas a personas de bajo nivel de ingresos, cuyo impacto anterior estimado por AIReF se reduce a la mitad respecto al incluido en el anterior informe, hasta 600 millones de euros, tras las últimas informaciones relativas al menor nivel de solicitudes del esperado durante su periodo de vigencia».
Es decir, el Gobierno ha abonado hasta ahora 720 de los más de 1.700 millones prometidos, una diferencia de 1.000 millones que se encuentran en las arcas de la Agencia Tributaria, cuyos ingresos se han disparado a niveles récord por la inflación.
Para la autoridad independiente, estos hogares vulnerables son los peor tratados, ya que otras ayudas, destinadas a rentas medias y altas, como las dadas a la agricultura, bono social eléctrico -del que se han beneficiado diputados- y el transporte, han tenido un mayor grado de ejecución.
«Las medidas vinculadas al nivel de renta, como la ayuda de 200 euros a personas de bajo nivel de ingresos, son de naturaleza focalizada por su diseño y, en este caso, concentra su coste en hogares de renta media y baja», ha destacado la AiREF. Por su parte, «las reducciones fiscales a agricultores y ganaderos benefician principalmente a los hogares de ingresos medios y altos», ha apuntado.
EL GOBIERNO PROTEGE MÁS A LAS RENTAS MEDIAS Y ALTAS RESPECTO A LOS VULNERABLES
La propia autoridad fiscal ha reseñado que el paquete de ayudas no ponen en el foco a los más vulnerables. «En conjunto, considerando todas las medidas analizadas ponderadas por su importancia presupuestaria, se observa que el paquete no está focalizado en los más vulnerables, ya que los hogares de las decilas altas de renta absorben una parte importante del coste de las medidas», ha calculado.
«La protección de los hogares de renta baja ha venido a través de medidas que han pasado a tener un carácter estructural, como el incremento de las cuantías del Ingreso Mínimo Vital, de las pensiones no contributivas y del bono social térmico», ha explicado.
Así, destaca la prórroga de la bonificación por litro de carburante para agricultores y transportistas, de casi 1.400 millones de euros; el descuento en los bonos de transporte que se canalizan parte como transferencia a Renfe por casi 700 millones, y a través de las administraciones territoriales, por casi 400 millones. En total, se han dado 7.500 millones de euros, un impacto directo del 0,5% del PIB. En caso de prorrogar estas ayudas hasta finales de año, el impacto en el PIB sería de un 1%, hasta los 13.473 millones de euros.
