Las plataformas de VTC agonizan en Barcelona. La operativa se complica cada día que pasa y no tiene visos de frenarse ante uno de los veranos más esperados por el sector turístico. La Generalitat y el Área Metropolitana de Barcelona han puesto coto a las licencias, apretando aún más las tuercas y poniendo contra las cuerdas a Cabify, la plataforma que se resiste a dejar su cuna de nacimiento.
Y es que, los números no engañan. Antes de la entrada en vigor del decreto Ábalos -aprobado en 2019-, había 34.980 peticiones de licencias para vehículos de alquiler con conductor (VTC), la Generalitat y las autoridades de Barcelona las denegaron todas y cada una de ellas, pero 16.483 presentaron un recurso de alzada contra lo que consideraban un ataque a la competencia en toda regla.
Otras 2.861, por otro lado, emprendieron la vía contencioso administrativa, de las que 1.184 han recibido el varapalo judicial con sentencia firme. Así, otras 1.677 están a la espera de la mano de un juez. Con todo, Cataluña sólo ha permitido la movilidad a 600 licencias, un número muy reducido para poder operar en la segunda ciudad de España.
CABIFY PODRÍA QUEDARSE SIN LAS LICENCIAS SUFICIENTES PARA SER RENTABLE EN BARCELONA
Tal es la situación, que Cabify podría seguir los pasos de Auro -cuyo fundador y presidente están bajo la figura de querellado por presuntos delitos de «estafa» y «falsedad documental»- que dejará de operar en la Ciudad Condal una vez le caduquen la moratoria del decreto Ábalos. La mayoría de estas licencias perderán su vigencia en julio y tan sólo unas 1.000 podrán continuar operando hasta 2024, un número insuficiente para poder ofrecer el vehículo a los pasajeros. Y es que, las VTC están siendo objeto de continúas inspecciones durante los últimos meses, especialmente en las paradas críticas, como la estación de Sants y el aeropuerto Josep Tarradellas-El Prat.
Los propietarios tienen prisa por desprenderse de ellas antE la imposibilidad de volver a operar una vez caduquen
«La situación se complicó justo antes de la entrada en vigor del decreto Ábalos», apuntan fuentes del sector a MERCA2. Las empresas con intención de comprar y pedir licencias pidieron miles de ellas, hasta casi esas 35.000, pero «se denegaron todas y cada una de ellas». «Las que pudieran entrar, como máximo, son esas 1.677», siempre y cuando así lo reconozca un juez.
De esta forma, los vehículos de VTC que copaban las calles de Barcelona durante los últimos cuatro años ya no obtendrán el permiso, más aquellas que no acudieron a los tribunales tras agotar la vía administrativa. Con esta tesitura y la presión de la policía local de Barcelona, junto con los Mossos, las VTC están prácticamente ahogadas, y con ello las plataformas, como Cabify, que operan con ellas.
CABIFY Y LAS INCONTABLES SANCIONES A LAS VTC
Cabe recordar que el nuevo régimen sancionador de la Generalitat es uno de los más duros que existen. Las licencias que operan de forma irregular tienen un cupo muy limitado de faltas consideradas muy graves, como encochar en la vía pública o no respetar las paradas. A la tercera infracción de este tipo se les revoca la licencia. «Algunas de ellas, la inmensa mayoría de Cabify, llegan a sumar hasta siete infracciones muy graves y la plataforma se está gastando una verdadera millonada en retirar vehículos del depósito municipal», puntualizan las mismas fuentes.
Las tarifas del depósito no son precisamente baratas. Sólo la grúa conlleva el pago de 173 euros, mientras que se abonan otros 25 euros por cada día que el vehículo duerme en los parkings municipales. Las mismas fuentes puntualizan que a diario se retiran una decena de VTC de las calles de Barcelona, aunque no se facilitan los números oficiales. En el sector apuntan que apenas quedarán 600 licencias de cara al verano operativas, un número insuficiente para poder obtener una cierta rentabilidad.
Para evitar la presión policial, los conductores con licencias VTC están realizando trayectos en el Área Metropolitana de Barcelona, donde los agentes no realizan controles exhaustivos como lo hace la Guardia Urbana dado el menor número de efectivos y el desconocimiento de la propia normativa. «Cada vez se ven más por el Vallès Occidental y la zona de Badalona», apuntan las fuentes consultadas.
Cabify opera con un total de unas pocas miles de licencias en la Ciudad Condal, un número que se verá cada vez más reducido. De hecho, tal es la situación que se han disparado los anuncios de venta de estas VTC en páginas populares. Los propietarios tienen prisa por desprenderse de ellas ante la imposibilidad de volver a operar una vez caduquen.
LOS ANUNCIOS DE VENTA DE LICENCIAS CON EL LOGO DE CABIFY INUNDAN LAS WEBS
«Se venden licencias VTC de Barcelona Catalunya. Todos los días de libranza. Y también licencias con cobertura del Decreto Ábalos hasta año 2026», apunta uno de los anuncios. «Pocas unidades», remacha. En otro se puede comprar la licencia por unos 47.000 euros o bien 61.000 con el vehículo. Eso sí, señala que tiene el permiso de licencia urbana al día, sin dar a conocer cuándo va a caducar. Son sólo dos ejemplos de los centenares de licencias publicitadas en las webs tradicionales.
La Generalitat obliga a las VTC a disponer de una licencia urbana para poder realizar el transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), pero las propietarias de éstas han cosechado sonoras negativas. Sin este requisito, en teoría, no podrían circular, como también que los nuevos vehículos dispongan de una longitud mínima de 4,9 metros y que el seguro cubra daños por 50 millones de euros en daños. Pese a estas exigencias, las plataformas y propietarios diseñaron un plan para poder operar. Primero, las que tenían en regla los papeles tenían bula hasta que les caduque, otros, como Bolt, instalaron unas extensiones homologadas para dar la longitud necesaria. El resto opera sin tener que hacerlo.
Según el registro del Instituto Metropolitano del Taxi (IMET), hay un total de unas 370 licencias otorgadas, la mayoría a las VTC denominadas tradicionales, que trabajan desde hace décadas y a las que hay que contratar con 24 horas de antelación. Sin embargo, hasta éstas han tenido problemas para poder tener sus respectivas licencias. «El silencio administrativo es negativo», apuntan las mismas fuentes consultadas. Es decir, si la administración no atiende la petición se entiende como denegada.
CABIFY, CON EL TIEMPO EN CONTRA EN BARCELONA
Cabify tiene, a través de Vecttor, cerca de 1.000 licencias, con unas 600 sin caducar aún. «El resto no puede operar», puntualizan. Esta situación pone contra las cuerdas a uno de los gigantes de las VTC en España. La compañía siempre ha mostrado su intención de operar en la ciudad que la vio nacer, aunque la Generalitat y la AMB no estén por la labor.
Desde el sector de las VTC consideran que se puede convivir en las calles por la movilidad, más cuando la demanda va en aumento y a las puertas de uno de los mejores veranos para el turismo que se recuerdan, con números que apuntan a superar el récord previo a la pandemia. Estas VTC obtuvieron una bula de la Generalitat para poder dar servicio durante el Mobile World Congress, pero era una condición de los organizadores para poder desarrollar el evento.
Aquellos días, las aceras cercanas a la Fira de Barcelona se llenaron de vehículos negros con matrículas negras. Numerosas colas en las gasolineras cercanas e incluso los parkings. Había permiso y se puso de manifiesto la falta de organización en el sector, mientras los taxis realizaban sus servicios con cierto orden y concierto.
TODOS MIRAN AHORA AL TJUE
Sin embargo, el sector de las VTC, con Cabify al frente, espera con impaciencia la sentencia del próximo 8 de junio que pronunciará el Tribunal de Justicia de la UE. «Habrá que esperar a los términos utilizados en la sentencia», han señalado las fuentes consultadas, más cuando el Tribunal Supremo ha obligado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a modificar sentencias.
El TJUE dará su visión sobre la ratio 1/30, es decir, una licencia de VTC por cada 30 de taxis. En Barcelona, operan unas 10.500 licencias negras y amarillas, es decir, tendrían que operar un total de 350 VTC. Para el abogado de la UE, esta restricción atenta contra la libertad de competencia. Sin embargo, no se pronunció sobre cuestiones clave como las medioambientales y de movilidad, dos de los asuntos que sí aborda el nuevo y restrictivo decreto de la Generalitat.
Este caso volverá al Tribunal Supremo y podría ser el inicio de una nueva guerra judicial. Sin embargo, la batalla en los tribunales puede alargarse en el tiempo, un tiempo del que no disponen las licencias VTC y que poner en riesgo la supervivencia de un sector que no es taxi, pese a que quieren el mismo hueco de mercado.
