Las sombras del uso indebido de fondos europeos encuadrados en el Next Generation EU vuelven a oscurecer la labor del Gobierno español. En este caso afectan al PERTE Aeroespacial, uno de los proyectos estrella del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia creado por los cerebros económicos del Palacio de La Moncloa para acceder al dinero público que canaliza Bruselas con la excusa de la pandemia y la guerra de Ucrania.
Empresas que optan a las adjudicaciones denuncian «trato de favor, adjudicaciones a dedo y mal uso de los fondos», trasladando a las autoridades comunitarias una serie de indicios que están siendo investigados. Según confirman a MERCA2 fuentes del sector aerospacial, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF, por siglas en inglés) ha recibido un escrito de denuncia que ha motivado que esta agencia comunitaria haya solicitado información adicional par determinar si ha existido fraude en los procesos de licitación y adjudicación de los contratos.
Los denunciantes indican que la asignación de los proyectos se está realizando con «opacidad» y «discrecionalidad», beneficiando a compañías con «estrechos intereses» con la Administración Pública y «dando trato de favor» a grandes grupos corporativos del sector.
PERTE ESPACIAL Y MALVERSACIÓN
La denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, «llama la atención sobre el nivel de mala conducta e irregularidades que se han ido desarrollando en el PERTE Aeroespacial, que podrían implicar claros conflictos de interés, competencia desleal y un general mal uso de fondos públicos». El importe asignado es de 4.500 millones de euros que, en teoría, está destinado a «impulsar la ciencia y la innovación en el ámbito aeroespacial con el objetivo de dar respuesta a los retos del sector como el cambio climático, la seguridad global y la transición digital», según afirma el Gobierno.
Recordemos que PERTE es el acrónimo para definir los «Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica» con los que oficialmente el Ejecutivo pretende modernizar el tejido productivo español. Tiene como ejes principales la colaboración público–privada y la transversalidad entre las distintas Administraciones, lo cual genera el caldo de cultivo perfecto para el fraude y la malversación, delito recientemente modificado en el Código Penal que rebaja la condena y cuya reforma ha motivado una queja oficial de la Eurocámara.
«la modificación del delito de malversación se ha diseñado para evitar litigios derivados de la gestión de los fondos de recuperación a través de los perte»
«Es de dominio público que la modificación del delito de malversación se ha diseñado para evitar litigios derivados de la gestión de los fondos de recuperación, de hecho ya no se castiga la administración desleal, sólo si el funcionario se queda dinero. Así, si el responsable de repartir el dinero no se queda con nada, queda impune. Fue una condición necesaria al darse cuenta muchos técnicos de la administración del lío que se iba a organizar con la gestión de los fondos, diseñados de antemano para que los proyectos beneficiarán entidades y organismos concretos, de muy dudosa legalidad acordé con la Ley de Contratación Pública», explica un directivo de una de las empresas denunciantes.
LA ALIANZA POR EL PERTE AEROSPACIAL
En lo referente al PERTE Aeroespacial el problema surge desde el mismo momento en el que se constituye en el mes de junio de 2022 una comisión de trabajo interministerial, bajo el paraguas del Ministerio de Ciencia e Innovación, en la que se incluyó también a representantes de instituciones profesionales y científicas del sector, de las comunidades autónomas, así como delegados de sindicatos y asociaciones empresariales, como la Plataforma Tecnológica Aeroespacial Española (PAE). Todos ellos formaron lo que se bautizó como la Alianza por el PERTE Aeroespacial, cuya presidenta es la ministra Diana Morant.
Durante la presentación de esta organismo –encargado de gestionar los fondos y determinar los proyectos– se hizo referencia a que entre los miembros de la mesa también se incluiría a «representantes de la industria», lo cual levantó las suspicacias de las empresas del sector al sospechar que podría haber compañías concretas que participaran en la toma de decisiones. En las comisiones de otros PERTE, como el del desarrollo del vehículo eléctrico, no se incluyen a empresas individuales, al estar representadas por las patronales.
Tras la reunión inaugural varios socios de la citada Plataforma Tecnológica Aeroespacial Española (PAE) se dirigieron a su secretario general, Andrés Catalán, para que indicara si había compañías concretas que formaran parte de la Alianza y, en caso afirmativo, conocer sus nombres.
OCHO EMPRESAS ESCOGIDAS
Como respuesta obtuvieron un correo electrónico en el que se explicaba que entre los miembros estaba la asociación de empresas de defensa, aeronáutica y espacio (TEDAE), patronal «que tenía el mandato» de nombrar cuatro empresas del sectorde la aeronáutica (dos grandes y dos pymes) y otras cuatro del ámbito espacial. Según la información facilitada por la PAE a sus socios –que obra en posesión de este diario– las ocho empresas escogidas fueron Airbus, ITP Aero, Apha Unmanned Systems, Temai Espacio, Hispasat, GMV, PLD Space y Arquimea.
«Esto es, de hecho, una anomalía. Otras comisiones del PERTE no incluyen empresas individuales ya que ya están representadas por las asociaciones industriales y aún es más chocante si esas empresas podrían ser candidatas a postularse a los proyectos y actividades definidas por la comisión. Es más, en este caso, dichas compañías están sobrerrepresentadas, ya que representan sus intereses no solo por sí mismas, sino a través de las asociaciones incluidas en la Alianza: PAE y TEDAE», apunta el escrito enviado a la OLAF.
EL CDTI Y EL CONFLICTO DE INTERESES
Además, los denunciantes consideran que hay un conflicto de intereses derivado del hecho de que algunas de estas empresas tienen como accionistas al Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), que es una entidad pública empresarial dependiente del propio Ministerio de Ciencia e Innovación que podría recibir beneficios económicos directos de contratos asignados en el PERTE. «Esto motiva un claro desequilibrio en la igualdad de oportunidades ya que el proceso de selección de aquellas empresas presentes en la alianza fue totalmente opaco», indica la denuncia.
Tras recibir la exposición de los hechos con los indicios citados en este artículo –y otros que afectan a personas concretas que omitimos hasta poder recoger su valoración– la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude ha respondido a los denunciantes solicitando más información para determinar si se han cometido delitos en este PERTE. En el caso de que esta investigación salga adelante y la autoridad europea considere que se ha producido un mal uso de los fondos podría recomendar a Bruselas detener el envío de los siguientes tramos de los fondos Next Generation EU.
Además de las pesquisas que está realizando la OLAF los hechos podrían ser investigados también por la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC), que es otro de los organismo competentes para determinar si los procesos de licitación y adjudicación se están haciendo sin beneficiar a unas compañías a costa del resto. Sin embargo los denunciantes indican «que no tienen esperanzas» en que la institución que dirige Cani Fernández tome cartas en el asunto.
