Celsa se acerca al fin a la realidad de su delicadísima situación financiera. La compañía siderúrgica más importante de Cataluña, controlada por la familia Rubiralta, se ha negado hasta ahora a abrir su participación a los fondos acreedores, pero la necesidad aprieta y la posible acción judicial no parece ser la vía a seguir, dada la complejidad del proceso.
Los Rubiralta se enfrentaron a Deutsche Bank, Kutxabank y Goldman Sachs, entre otros, con unas exigencias inasumibles
Los Rubiralta han tenido el visto bueno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para obtener un rescate de 550 millones de euros. El organismo público dio el sí a este montante el pasado mes de junio, pero la empresa no ha percibido ni un solo euro aún hasta desbloquear la situación con los fondos acreedores.
CELSA SE ALLANA AHORA A UN ACUERDO
Desde el inicio, los fondos acreedores han tratado de convencer a la familia de permitir su entrada en el capital de Celsa a cambio de realizar una quita de deuda. Sin embargo, los catalanes han rechazado reiteradamente esta pretensión. De hecho, una de sus soluciones pasaba por la quita de deuda, pero manteniendo el 100% del capital. Una opción que choca de frente con la situación financiera de la compañía.
La negociación se estableció así en condiciones de máximos, con posiciones enfrentadas y sin visos de un acuerdo. Sin embargo, con las reiteradas subidas de los tipos de interés y un mayor riesgo en el sector por la crisis energética, los Rubiralta han soltado sus férreas posiciones para iniciar una nueva negociación, con nuevas condiciones.
Los fondos acreedores no se han movido de su posición, mientras los Rubiralta han puesto sobre la mesa la posibilidad de dar cabida a los tenedores de su deuda en el capital de la compañía, pero en «ningún caso ofrecer una posición de control», según han señalado fuentes cercanas al proceso consultadas por MERCA2.
LA LÍNEA ROJA DEL 49%, CRUCIAL PARA LOS RUBIRALTA EN CELSA
Las mismas fuentes afirman que tratarán de hacerlo valer en la mesa, pero admiten que el revés judicial de diciembre por el recurso contra el plan de los fondos ha hecho replantearse la estrategia de defensa. En resumen, es la única solución, en este momento, para desatascar el proceso y cerrar el pacto extrajudicial. En el juicio, los fondos tienen las de ganar.
El caso de Celsa es el primero que se produce con la nueva ley concursal en vigor, donde se pone en valor la acción para mantener la empresa a flote, con una mejora de la productividad y la eficiencia. Antes del cambio de la ley, las empresas en concurso de acreedores llegaban a acuerdos para la venta de activos y tratar de eliminar la deuda para su posterior disolución.
Los acreedores tratan de recuperar 1.051 millones de euros, con una liquidez bajo mínimos. Eso sí, la compañía genera una facturación de 5.300 millones de euros, con una fuerza laboral de casi 9.900 empleos directos, a los que habría que sumar otros 33.000 indirectos. El inicio del proceso judicial se produjo tras el impago de la deuda en mayo de 2021.
LA ÚLTIMA PALABRA DE LOS ACREEDORES EN CELSA
La empresa no afrontó tampoco los importes de diciembre ni de mayo del pasado año. Más de 220 millones de euros, a los que hay que añadir los de 2020. Una vez iniciado el concurso, que ha recaído en el Mercantil 2 de Barcelona, con el magistrado Álvaro Lobato de titular, los Rubiralta se enfrentaron a Deutsche Bank, Kutxabank y Goldman Sachs, entre otros, con unas exigencias inasumibles. Según los datos de Bloomberg, la compañía se enfrenta a un vencimiento de unos 1.230 millones de euros en abril de este mismo año.
De esta forma, la familia catalana trata de cerrar este acuerdo antes del próximo vencimiento. En caso contrario, el control quedaría, si así lo estima el juez, en manos de los acreedores. El plan de los actuales dueños de Celsa pasaría por una reestructuración de la deuda y ofrecer un alto interés por la misma, como ya presentara en el pasado.
Sin embargo, el 8% de la última oferta podría quedarse corto a tenor del nivel del precio del euro y la voracidad por la rentabilidad de la banca. De hecho, los fondos contraofertaron con un interés del 10% justo después del sí de la SEPI, pero tendrían el 49% del capital.
