viernes, 2 diciembre 2022 8:03

Los Rubiralta viven sus horas más críticas en Celsa con presión a los fondos

La cuenta atrás se cierne sobre Celsa. Los fondos de inversión han exigido a la familia Rubiralta el canje del 49% del capital y la emisión de bonos con un disparado interés del 10% anual para cerrar el acuerdo y obtener el rescate de 550 millones de euros por parte de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).

Por ahora, la banca recula y permite las condiciones dadas por los Rubiralta para desencallar la situación antes de la fecha límite, el próximo 30 de junio. Las diferencias se centran especialmente en la diferente visión de los fondos SVP y Cross Ocean junto con el banco de inversión más grande del mundo, Goldman Sachs, y Deutsche Bank. «Los fondos acreedores, entre los que se incluyen los bancos, han formulado, sin embargo, una propuesta incompatible con el marco de la ayuda pública solicitada», ha explicado la compañía.

Los fondos acreedores, entre los que se incluyen los bancos, han formulado una propuesta incompatible con el marco de la ayuda pública solicitada

Por el momento, la banca española muestra su respaldo al plan presentado por la familia catalana y dueña del mayor grupo siderúrgico en Cataluña, con más de 30.000 empleados cuyo puesto de trabajo pende ahora de un hilo. Los Rubiralta exigen la quita de deuda como parte de la solución al conflicto, pero sin ceder capital.

LA BANCA ESPAÑOLA REFUERZA SU COMPROMISO CON CELSA

La propuesta de los fondos pasa por la ejecución de los 450 millones de euros de la SEPI y la aportación privada al repago de deuda, junto con el mantenimiento de la deuda de 662 millones. Además, se suma el instrumento convertible por un importe de 900 millones con un tipo de interés del 10% anual. Este instrumento financiero debe emitirse fuera de España, concretamente en Luxemburgo, país con una baja fiscalidad. Santander, CaixaBank, Sabadell y BBVA aceptaron dar líneas de crédito por valor de 525 millones tras aceptar la propuesta del organismo público.

Planta de Celsa en Reino Unido
Planta de Celsa en Reino Unido

A juicio de Celsa, la exigencia de los fondos y bancos de inversión elevaría la deuda a 1.700 millones de euros, una situación insostenible e incompatible con la proposición de la banca española y la SEPI.

Los fondos sólo valoran en 1.000 millones la compañía de los Rubiralta debido al elevado endeudamiento. Las cifras de la compañía arrojarían una valoración muy superior, al obtener 600 millones en el 2021, con los precios de la energía y las materias primas en niveles muy elevados. No obstante, Celsa se niega a dar entrada a cualquier inversor en el capital, incluso veta a la SEPI.

Estos vehículos oportunistas han tratado de sangrar a Celsa. Por un lado, le exigen a la compañía 900 millones en bonos convertibles con un interés del 10% anual. En caso de impago pueden quedarse con activos como pago en especie. También exigen el pago de dividendos y cobrar variables durante el próximo lustro. El plan de los Rubiralta pasa por aportar 50 millones de euros en una ampliación de capital, pero manteniendo el 100% del capital.

LA ÚLTIMA GRAN BATALLA DE LOS RUBIRALTA PUEDE DESEMBOCAR EN UNA GRAN CAÍDA

Los dueños de este gigante industrial catalana han descartado siempre la salida a Bolsa como incrementar los plazos en el mercado de capitales tras la ruptura de los dos hermanos y cabezas de la empresa, Francisco y José María Rubiralta Vilaseca. Francesc Rubiralta Rubió tiene ante sí ahora la última batalla.

Con esta tensión, la principal patronal catalana y la Generalitat han alzado la voz para mostrar su respaldo a los Rubiralta. El consejero de Empresa, Roger Torrent, ha mostrado todo su apoyo para que Celsa pueda recibir el rescate. A su juicio, el mantenimiento de los 30.000 empleos y el modelo industrial deben prevalecer por encima de los intereses de los fondos. «El Govern no encuentra razonable que los fondos de inversión pretendan beneficiarse de una ayuda pública a la vez que exigen rentabilidades de hasta el 80% anual», ha criticado Torrent. En este sentido, ha considerado que estos fondos deben adherirse a los pactos alcanzados con la banca española para evitar el bloqueo del rescate.

La patronal, por su parte, ha considerado «indispensable» el rescate público en empresas estratégicas, como Celsa, tras sufrir la pandemia y que resultan fundamentales para nuestra economía. «El trabajo realizado por el Gobierno de España no puede detenerse ahora, ya que las consecuencias son inasumibles desde el punto de vista social, empresarial y económico», ha asegurado Foment.

Los principales sindicatos en la siderúrgica catalana han dado también su apoyo a la Celsa y su actual cúpula al entender que la propuesta es «incompatible» con la financiación pública y con el verdadero apoyo a la economía industrial. Así, han pedido a los fondos que desbloqueen «la entrada de capital público».

EL RESCATE PÚBLICO, EN LA CUERDA FLOJA

En total, los fondos tienen la sartén por el mango en cuanto a la deuda se refiere. Y es que, ostentan el 85% del total. Los fondos reticentes a aceptar las condiciones de Celsa están representados por Houlihan Lokey. Este banco de inversión es experto en reestructuraciones de deuda y su irrupción en Celsa pone de manifiesto la débil situación en la que se encuentran grandes empresas con un exceso de endeudamiento.

Tanto la SEPI como Celsa excluyeron a estos fondos de las negociaciones, según describieron en una carta remitida a la compañía a finales de mayo. Ahora, el tiempo se agota para alcanzar un acuerdo. Y es que, el próximo 31 de junio expira el plazo para la concesión de ayudas públicas contrarias a competencia.

El rescate de Celsa es el más elevado de la SEPI durante toda la crisis de la pandemia. En este momento, la ayuda financiera pública está en la cuerda floja, más cuando apenas queda tiempo material para poder alcanzar un acuerdo antes del último Consejo de Ministros de este mes de junio, que se reunirá el próximo 28. En caso de demorarse, Celsa pasaría por una fuerte reestructuración que haría temblar los cimientos de la compañía y con ello se pondría en peligro los 30.000 empleos directos e indirectos.


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