La francesa Vivendi no ha tirado la toalla en su intención de tomar una participación de control en el Grupo Prisa, aunque ha decidido esperar a que pasen las elecciones generales confiando en que el próximo Gobierno decida retirar el «escudo antiopas» que obliga a las multinacionales a tener el visto bueno del Ejecutivo para superar el 10% del capital. Esta normativa afecta a empresas cotizadas consideradas estratégicas y, en el caso de la compañía editora del diario El País y la Cadena Ser, su importancia es determinante para el inquilino de La Moncloa.
CRISIS FINANCIERA EN PRISA
El problema que arrastra Prisa desde hace años es financiero, lo que le ha obligado a reestructurar su deuda en varias ocasiones. La última ha sido la reciente emisión de bonos convertibles en acciones, mediante la cual el grupo controlado por el fondo de inversión Amber Capital logrará la liquidez necesaria (130 millones de euros) para afrontar los próximos meses con garantías.
En el caso del fondo dirigido por Joseph Oughourlian, la decisión le ha costado dinero, ya que es el principal suscriptor de esta emisión, pero ha logrado una sonora victoria al recibir luz verde gubernamental para que también Vivendi adquiera esta deuda convertible en acciones. El inversor francés de origen armenio pidió al Ejecutivo que facilitara la entrada del grupo galo en Prisa como socio industrial y financiero (donde ya tiene el 10% del capital), algo que no gustó al núcleo duro de Pedro Sánchez.
No en vano el Gobierno usó el Consejo de Ministros para frenar a Vivendi con el citado «escudo antiopas», con el que también protege a otras empresas como Repsol, Telefónica, Indra o Naturgy. Vivendi quería aumentar su peso hasta el 29,9% –a partir del 30% es necesario lanzar una OPA– pero no le fue posible lograr su objetivo. Ahora, al acudir a la emisión de los bonos convertibles, lima asperezas con el Palacio de La Moncloa y esperará a la retirada del blindaje legal para acompañar a Amber Capital en la dirección de Prisa.
Otras de las compañías que han acudido a esta emisión son Santander y Telefónica, lo que ha sido interpretado en los círculos financieros como un respaldo al Ejecutivo, que en pleno año electoral no puede permitir que su buque insignia mediático no tenga dinero ni para pagar pagar las nóminas de los empleados.
La propia Telefónica tomó la decisión de vender su participación del 7% el pasado mayo a un grupo de empresarios del entorno de la familia Entrecanales y Miguel Barroso. Por su parte el Santander perdió capacidad de decisión en el grupo editorial tras la salida de Javier Monzón de la presidencia y el desembarco de Amber.
AMPLIACIÓN DE CAPITAL QUE NO LLEGA
Esta emisión de deuda convertible se ha realizado a la espera de una ampliación de capital que podría no llegar antes de las elecciones generales. Tal como avanzó MERCA2, otro de los candidatos a entrar en el accionariado de Prisa es Mediaset, con el que Amber Capital ha mantenido conversaciones. Pero aquí el fondo de inversión también se ha encontrado con la oposición del Gobierno porque en La Moncloa no se fían de Borja Prado, ex presidente de Endesa y que ahora está al frente de la empresa de medios italiana.
La estrategia de Oughourlian en Prisa sólo pasa por garantizar la supervivencia del grupo editorial –al menos en el corto plazo– mientras espera el visto bueno del Ejecutivo para permitir la segregación de Indra, separando la división tecnológica de la militar. El fundador de Amber ha dejado claro a Sánchez que su inversión en Indra tiene razones económicas y no políticas, por lo cual su objetivo es rentabilizarla. Y para ello la venta de Minsait es un elemento clave, filial con un valor de mercado situado entre los 1.500 y 2.000 millones de euros.
