La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) dedica más de un tercio del dinero que recauda de sus suscriptores para sufragar sus propios sueldos. Según se refleja en las cuentas de la empresa que utiliza la OCU para operar (OCU Ediciones), en 2020, último año que aparece en los registros, destinaron a retribuciones casi 10 millones de euros, para una base de ingresos de 28 millones. La propia OCU reconoce en su memoria de 2021 que esta cifra aún ascendió en medio millón de euros más en el último año, en pleno retroceso de suscriptores. La OCU no ha dado explicaciones a las preguntas de MERCA2 sobre las retribuciones de sus directivos y cargos societarios.
Las cuentas de OCU Ediciones podrían ser preocupantes si se tratara de una empresa al uso. Tal como se reconoce en las mismas, tiene fondo de maniobra negativo (por valor de 3,62 millones de euros) y sus fondos propios -que son de 4,21 millones de euros- son inferiores al capital social. Según ellos mismos indican, esto se debe a resultados negativos no solo de ese año 2020 (perdieron 1,29 millones), sino a pérdidas en años anteriores tan voluminosas como 2,54 millones de euros. “Estos factores podrían ser indicativos de algún tipo de duda respecto a la capacidad de la empresa para continuar con su actividad”, se dice expresamente en estas cuentas. No obstante, el Consejo de Administración considera que hay factores mitigantes y un marco financiero que impide el cierre de la actividad. Sin embargo, las retribuciones, que salen de las cuotas de los socios, han subido este año.
En su párrafo de énfasis, la auditora de las cuentas de OCU Ediciones, Morison ACPM, dice expresamente que «La sociedad, dentro del curso ordinario de su actividad, realiza transacciones muy significativas con empresas vinculadas y en consecuencia, las cuentas anuales han de entenderse en ese contexto». La OCU no ha respondido a las preguntas de MERCA2 sobre el significado de esas transacciones.
28 MILLONES QUE PAGAN LOS SOCIOS Y SUSCRIPTORES
La OCU tampoco ha querido detallar a Merca2 la remuneración de sus principales directivos, englobada en esos 10,5 millones de euros de gastos de personal. La compañía cuenta, según cuentas depositadas en el registro, con 215 empleados, lo que supone un salario medio cercano a los 50.000 euros anuales. La OCU se financia básicamente por medio de las cuotas que pagan sus socios y las suscripciones de los mismos. Esta cifra ascendió en 2020 a 28,1 millones de euros. La OCU cuenta con 227.387 socios, según datos de 2020, los últimos conocidos. Si bien en 2019 el número de socios subió, la crisis derivada de las consecuencias de la pandemia hizo que cerca de 20.000 suscritos a la Organización se dieran de baja. Al margen de estos ingresos, la OCU recibió en 2020 150.000 euros en subvenciones y dos millones en otro tipo de aportaciones, cuyo origen está sin especificar en las cuentas anuales.
Los socios pueden estar solo inscritos con esa categoría o bien ser también suscriptores a las publicaciones de OCU Ediciones. Las cuotas de estas suscripciones pueden llegar a ser de unos 70 euros anuales en el caso de las más caras y sin descuento, y en función de si se recibe la revista física o solo en la versión digital.
UN CONSEJO POLÍTICO
La estructura orgánica de la OCU como asociación tiene en su base la Asamblea General de Socios, elegida entre los inscritos en la organización. En esta Asamblea se encuentran personalidades conocidas como Javier Urra (ex defensor del menor en la Comunidad de Madrid). La siguiente instancia es el Consejo General de Socios, donde también hay personas significadas empresarial y política, como el ex ministro socialista Tomás de la Quadra-Salcedo, el editor de El Siglo, José García Abad, cercano también al PSOE, o el ex diputado socialista Miguel Martínez Cuadrado. Pilar Ayuso, ex eurodiputada del PP también está en el Consejo. Por encima de estos órganos de amplia representación, el comité de dirección de OCU, la parte ejecutiva de la empresa-organización, y los cargos societarios.
La Organización, que tiene pretensiones de neutralidad, no deja de tener un claro sesgo socialista. Empezando por su presidente, Miguel Ángel Feito, ex secretario de Estado de Comercio con el PSOE, y sus ex presidentes, Miguel Martínez Cuadrado o Carlos Sánchez Reyes de Palacio, que llegó a presentarse al Congreso por Podemos. No queda ahí la cosa, su vicepresidente, Alfonso Pérez Herranz, fue alto cago de Renfe con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El Consejo de Administración de OCU Ediciones, la sociedad instrumental de la organización, está compuesto por 18 miembros, según está anotado en el Registro Mercantil. Varios con relaciones comerciales, empresariales y políticas, como su propio presidente, socio de Juan Vega de Seoane -empresario con importantes intereses- en la comercial Gestlink. La OCU sostiene en un escrito remitido a MERCA2 que varios de esos directivos ya han cesado o han dejado sus cargos en las compañías con posible conflicto de interés.
OTRA ACEITERA EN EL CONSEJO
La secretaria del Consejo, María Rosa Millán García, también tiene intereses en uno de los sectores en el que más ampollaS han levantado los estudios crítico de la OCU, el aceite. La secretaria de la OCU compatibiliza ese cargo con los de consejera delegada solidaria de la mercantil Aceites Valderrama.
Se trata de una mercantil, dedicada en principio al aceite, pero con ramificaciones interesantes. Uno de los accionistas de la compañía, con el 30,2% de la misma, es la alemana Software AG Stiftung. Se trata de una fundación alemana -al igual que la empresa que preside el socio de Feito, presidente de la OCU- con más de 1.400 millones de euros en activos. Su matriz es la empresa de software, radicada en Darmstadt, Software AG. Del software en Darmstadt al aceite en España, no deja de ser un viaje interesante.
María Rosa Millán, la secretaria del Consejo de la OCU, y aceitera al igual que la directora general de la OCU, tiene en el consejo de su empresa a Fernando Von Carstenn-Lichterfelde. El compañero de María Rosa Millán a su vez es miembro de un buen ramillete de sociedades de todos los sectores, desde el inmobiliario al de los seguros, o las ITV (TUV Rheinland Ibérica).
