lunes, 6 febrero 2023 12:17

Cuatro directivos de la OCU tienen intereses empresariales y políticos

Al menos cuatro directivos de la OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, mantienen lazos empresariales y políticos al margen de la actividad de la organización de consumidores. Se trata de la directora general de la OCU, Esther Rodríguez Uceda, y del presidente Miguel Ángel Feito y de la consejera Ana Moreno, los tres con vinculaciones empresariales. También el consejero y presidente ya jubilado, Carlos Sánchez Reyes de Palacio mantiene o ha mantenido vínculos políticos de diversa índole, los principales y últimos con la formación política Podemos.

La OCU nació en España poco antes de la muerte del dictador Franco y ganó rápida fama por su defensa de los derechos de los consumidores. Se puede considerar a esta asociación como pionera en el análisis de productos de consumo, de los que salen recomendaciones a los usuarios. La forma jurídica de la OCU es más compleja. Se trata de una asociación que cuenta con un espejo en forma de sociedad anónima, OCU Ediciones SA. La OCU no respondió a la petición de aclaración sobre los extremos de esta información y no ha ofrecido a MERCA2 su opinión sobre si el hecho de tener directivos con intereses económicos en sectores bajo su supervisión es acorde a sus estatutos.

Miguel Ángel Feito, consejero y presidente de OCU Ediciones, compatibiliza este cargo con el un sillón en el Consejo de Administración de la mercantil Gestlink. Se trata de una empresa especializada en “asesoría de alta dirección estrategia y corporate finance”, según destaca la propia compañía. El presidente de Gestlink es Javier Vega de Seoane Azpilicueta, empresario de larga trayectoria en el mundo de los seguros, presidente del Círculo de Empresarios y también de DKV Seguros y Reaseguros, la filial española de la multinacional alemana. Vega de Seoane, que tiene en su consejo al presidente de la OCU, mantiene cargos en mercantiles como Ergo Generales Seguros y Reaseguros, Técnicas del Agua, Solarpack Corporación Tecnológica o Sonae Arauco.

Se trata, en todos estos casos, de ámbitos de actuación que entran bajo la lupa de la OCU, sectores de interés para los consumidores, sobre los que ha realizado su labor de supervisión. Feito fue nombrado consejero en agosto de 2019, según datos del Registro Mercantil. En Gestlink tiene cargos tanto Javier Vega de Seoane como sus hermanos Ignacio y Joaquín. Junto a ellos, Mercedes Pérez de Villaamil, que también aparece en la sociedad Inversiones Vedegane.

EMPRESA ACEITERA, INFORMES SOBRE ACEITE

El de FeiTo no es el único caso de altos cargos de OCU con intereses mercantiles privados cruzados. Esther Rodríguez Uceda es la directora general de la OCU, a la vez que sigue sigue siendo directiva, con el cargo de apoderada solidaria de Uno Aove, empresa dedicada al aceite de oliva virgen desde el año 2018. Rodríguez Uceda es la persona que figura como representante de la OCU en el registro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El sector empresarial del aceite de oliva ha sido uno de los grandes objetos de atención, análisis y amonestaciones por parte de la OCU. Y no exento de polémica. En 2020 -dos años después de que la directora general estuviera en una empresa aceitera-, tras unos estudios publicados por la OCU, el sector del aceite denunció que las catas organizadas por la OCU y sus análisis de producto tenían fallos en su metodología. La OCU denunció la situación de fraude en el etiquetado de muchos aceites de oliva virgen extra. Estas informaciones de la organización de consumidores fueron rebatidas con denuncias de irregularidades por parte de dos asociaciones sectoriales, la Asociación Nacional de de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac) y la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva (ASOLIVA). Estas asociaciones se quejaban de que lo que la OCU veía como “engaño” en realidad eran “diferencias de sabor”. La base de la denuncia es que el informe de la OCU se basaba en catas, es decir en el sabor y subjetivas.

No son estos dos los únicos casos de doble vertiente como defensores de derechos de consumirdoes y auditores de calidad de productos y la pertenencia a empresas con intereses en sectores analizados. Ana Moreno Romero, consejera de OCU, es administradora única de Hijos de Ana Aragón Gallardo. En este caso se trata de una compañía dedicada a la gestión y administración de la propiedad inmobiliaria en la localidad gaditana de Conil de la Frontera. Moreno está vinculada a esta empresa desde 2013. Del mismo modo, desde 2018 tiene el cargo de apoderada de Lotería El Torero, dedicada a juegos de azar, apuesta y comercialización de loterías y apuestas del Estado con sede en Torremolinos (Málaga). Otro sector de interés empresarial de esta consejera de la OCU es la madera. Es apoderada mancomunada desde 2013 de la mercantil Hijos de Juan Moreno Amaya. Esta empresa también está radicada en Conil de la Frontera.

LA POLÍTICA Y LAS DENUNCIAS DE CONSUMO

En sus estatutos, la OCU ha procurado dejar por escrito la necesidad de la neutralidad política de sus componentes. En el artículo 4 de sus Estatutos, donde se mantiene que la OCU no tiene carácter partidista y se sostiene su independencia, se indica que “quienes ostenten la condición de dirigente (cargos de las ejecutivas locales, provinciales, regionales o nacionales) de un partido político, la de cargos públicos de libre designación de rango superior al de Subdirector en la Administración Central y en las Administraciones Autonómicas, la de senador o diputado de las Cortes Generales o diputado de un Parlamento de las CC.AA. o del Parlamento Europeo, o la de Concejal de un Ayuntamiento de más de 15.000 habitantes, así como la de candidato por una formación política en elecciones locales, autonómicas, generales o europeas, no podrán figurar en las listas que concurran a las elecciones a compromisarios de la Asamblea de OCU, con el fin de salvaguardar a tales confrontaciones electorales de cualquier tinte partidista o gubernamental”.

No parece el caso de Carlos Sánchez Reyes de Palacio. Aunque jubilado (cuenta ya 84 años), sigue siendo consejero de OCU Ediciones, cargo al que accedió en 2018, con 80 años. El curróiculo de este prestigioso economista es extenso, pero dista mucho de la neutralidad política que exige la OCU en sus propios estatutos, sobre todo teniendo en cuenta que Carlos Sánchez ha sido presidente del entramado de la asociación entre 2008 y 2016.

La última acción política de Sánchez ha sido presentarse con Podemos a las elecciones de 2015, como candidato al Congreso de los Diputados por Castilla y León. Ex presidente de las Cortes, Sánchez Reyes de Palacio tiene una curiosa carrera política que incluye el paso por las filas del CDS de Adolfo Suárez.

No es el único político en el consejo. Miguel Ángel Feito, el actual presidente, fue secretario de Estado de Comercio en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En su currículo figura también haber sido alto cargo en uno de los ejecutivos de Felipe González, entre 1991 y 1993.

Los seguros, la consultoría, el aceite de oliva, la política, el sector turístico, de los juegos de azar, hasta el sector inmobiliario y el maderero tienen sentados sus intereses en la cúpula de la principal organización de defensa de los derechos de los consumidores. También la política, en este caso la ideología de extrema izquierda de Podemos. Todo bastante lejano de la esperada neutralidad. La OCU y su sociedad anónima espejo, OCU Ediciones, mantienen cerca de 250.000 suscriptores/socios, todos con pago de cuotas.

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Hoja registral con el nombramiento vigente de Carlos Sánchez Reyes de Palacio.
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Hoja registral con el nombramiento vigente de la directora general de la OCU en una empresa de aceites.
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