Para las VTC hay dos decisiones de la Unión Europea que pueden ser clave durante los próximos meses. Desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se está analizando la relación que deben tener estas empresas con sus conductores, que ya no pueden ser autónomos -en el caso español cada vez lo son menos-, pero la posición del abogado general del Tribunal, Maciej Szpunar, también apunta a que se acabe la normativa del 1 por 30 que los obliga a no superar una sola licencia de VTC por cada 30 taxis en una ciudad.
Es una muestra de dos posiciones que Bruselas mantiene de cara a los nuevos negocios. La primera es la importancia, más que evidente, de cuidar los derechos de los trabajadores, pero, al mismo tiempo, se nota la importancia que la institución ha puesto siempre en la idea de la libre competencia. Tampoco debería ser una gran sorpresa, puesto que es el mismo principio que los ha llevado a exigir decisiones como la liberalización de los trenes en España.
Sin embargo, toca esperar la decisión final, ya que de momento nada es seguro. Los procesos de deliberación del tribunal pueden ser largo, y más aún durante estas fechas invernales.
EL UNO POR TREINTA ES CLAVE PARA LOS TAXISTAS
Aunque las denuncias de que es ignorada son constantes, la normativa del uno por treinta es precisamente uno de los puntos que más defienden los taxistas en cuanto a poder mantener su funcionamiento de cara a las aplicaciones de vehículos de transporte con conductor. Es una normativa tan sagrada que ninguna de las comunidades se vio tentada a tocarla con las nuevas regulaciones posteriores al vencimiento de la moratoria del Decreto Ábalos.
Pero eso no quiere decir que no haya recibido alguna crítica del tipo de empresas que, señalan, se ven algo limitadas por este tipo de medidas. A pesar de ello, la decisión del estado español de defender a los taxistas como profesión, cuyo puesto, en definitiva, exige más experiencia que la de los conductores de VTC. Es por ello que resulta poco probable que, al menos sin presión externa, la medida desaparezca en el territorio español.
LA POSICIÓN DEL ABOGADO GENERAL
Según el texto publicado el pasado 15 de diciembre, el abogado general ha considerado que la viabilidad económica de los taxis no es motivo suficiente para limitar la cantidad de licencias de VTC que se entregan en un territorio. Es bueno recordar que en el caso barcelonés, la alcaldía de Ada Colau exige una licencia del Ayuntamiento de Barcelona sumada a la entregada por la comunidad autónoma.
El dictamen nace tras una petición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que elevó la causa al tribunal europeo para aclarar la situación tras una denuncia de la empresa ‘Prestige and Limousine’, que trabaja junto a Cabify. Según ha explicado el abogado, el motivo es que los taxis no son vistos como «un servicio de interés económico general», asegurando que tanto ellos como las VTC subsanan una necesidad de transporte que no cubre el transporte público.
Vale recordar que la posición de Szpunar no es vinculante para el tribunal. Sin embargo, un repaso rápido muestra que suele haber coincidencia entre las posiciones del abogado general con las sentencias finales de la institución.
LOS CONTRATOS: EL LARGO CHOQUE DE BRUSELAS CON LAS VTC
Mientras tanto, en Bruselas también se está discutiendo el tema que a Uber, Cabify y compañía menos les gusta que se mencione en los tribunales: La relación laboral con sus conductores. Aunque, hoy por hoy, la mayoría son contratados, muchas veces a través de empresas intermediarias, en algún momento fueron considerados autónomos aunque pasaban 40 horas a la semana, y hasta más, trabajando en las aplicaciones para que el ingreso fuese rentable.
Lo cierto es que cada vez que este tema ha llegado a algún tipo de tribunal las empresas han tenido que hacerse responsables, directamente, del empleado. Por tanto, lo esperado es que el tribunal europeo sea exactamente la misma. Es complicado saber que tanto efecto tendría en España, donde las empresas intermediarias que tienen los contratos y las flotas son los que trabajan con las VTC. Lo cierto es que el porcentaje de autónomos que trabajan en ellas es cada vez menor.
De cualquier modo, dado que las decisiones no se han tomado las VTC que funcionan en España se mantienen a la espera. Lo cierto es que tras el fin del decreto Ábalos han tenido que pasar una buena parte del año funcionando con incertidumbre, y sin la posibilidad de dar nuevas licencias en la gran mayoría del territorio español.
El futuro de las VTC puede ser interesante. En España los taxis son una institución importante por lo que lo normal es que si estas sentencias van a favor de las nuevas formas de transporte estos busque nuevas opciones legales para discutirlas.
