La Generalitat ha dado luz verde a la subida del impuesto de Patrimonio en Cataluña, pese a la petición de varios grupos políticos de eliminar este injusto gravamen. Asimismo, el incremento será con carácter retroactivo al pasado 1 de enero para recaudar 12 millones de euros extras.
La medida coincide con la intención del Gobierno de aprobar un nuevo impuesto estatal sobre las grandes fortunas, que podría ser inconstitucional debido a la doble imposición. De hecho, las patronales CEOE y Foment han unido sus fuerzas para tratar de frenar las pretensiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Las subidas de impuestos temporales aplicadas desde 2010 se han mantenido en el tiempo, especialmente en Cataluña
La Generalitat ha argumentado que sin esta modificación, la recaudación extra del impuesto iría a las arcas estatales en vez de a las autonómicas. La subida del impuesto aumenta la presión fiscal en un 2% para estas rentas altas. Para la Generalitat, son 290 contribuyentes los afectados, según ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo.
LA GENERALITAT SUBE PATRIMONIO A PARTIR DE LOS 20 M€
La medida, según el Govern, será temporal, con un plazo de dos años. Sin embargo, los expertos dudan que se elimine en 2025. «Las subidas de impuestos aplicadas desde 2010 se han mantenido en el tiempo, especialmente en Cataluña», han apuntado las fuentes consultadas. De hecho, la Generalitat continuará cobrando el impuesto mientras se mantenga el nuevo impuesto del Gobierno.
Así, el nuevo tramo impositivo de Patrimonio en Cataluña, para las rentas superiores a los 20 millones de euros, tendrá un tipo del 3,48%. De esta forma, la Generalitat esquiva así la garra de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no se conforma con el récord de recaudación, sino que evita deflactar el IRPF y adecuar las retenciones a cuenta en la nómina a la inflación.
El Govern trata así de amarrar ese dinero en un momento de presión para eliminar el impuesto de Patrimonio, extinguido en la mayoría de países europeos por la doble imposición, ya que son rentas que han sido declaradas en el momento de la compra, venta y que en España se sigue declarando por el hecho de poseerlas.
CARGA TRIBUTARIA EXTRA A LA IMAGEN DE FRANCIA
De hecho, algunas Comunidades Autónomas están copiando a Madrid para bonificar el impuesto en un 100%, como Andalucía, que ha ‘eliminado’ el gravamen en la práctica.
El fin de este tributo, denominado con el eufemismo de Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, es recaudar «a fin de exigir, en estos tiempos de crisis energética y de inflación, un mayor esfuerzo a quienes disponen de una mayor capacidad económica, es decir, una muestra de solidaridad de las grandes fortunas». Sin embargo, el Ejecutivo se resiste a vincular la inflación en los tramos del IRPF, exigiendo una mayor carga fiscal a los contribuyentes, independientemente de sus rentas.
Otro de los fines de este impuesto es armonizar la presión fiscal entre las Comunidades Autónomas. En resumen, reducir las diferencias entre Madrid y el resto de regiones que se oponen a eliminar este injusto tributo.
Para el Gobierno es necesario «especialmente para que la carga tributaria de los contribuyentes residentes en aquellas CC AA que han desfiscalizado total o parcialmente el Impuesto sobre el Patrimonio no difiera sustancialmente de la de los contribuyentes de las CCAA en las que no se ha optado por reducir la tributación por dicho impuesto».
EL IMPUESTO DE SÁNCHEZ, UNA COPIA DEL PSOE DE 2010
Este nuevo impuesto es una copia calcada de la propuesta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) en 2010, en plena recesión y a punto de entrar en rescate. De hecho, el nombre utilizado para definir este impuesto es exactamente el mismo y está inspirado en la medida que impuso Francia y que provocó la huida de grandes fortunas. De hecho, afectó a más de 539.000 familias, que abonaron más de 3.100 millones.
Isabel Díaz Ayuso, sin embargo, trata de frenar estas pretensiones, mientras los empresarios se están movilizando para frenarlo totalmente en el Tribunal Constitucional, al entender que el Gobierno está vulnerando las competencias autonómicas.
LA GENERALITAT ESPERA 550 M€ EXTRA EN PATRIMONIO
En el caso de Cataluña, donde se paga más por este impuesto, la recaudación ronda los 550 millones de euros. Sin embargo, las grandes fortunas asentadas en Madrid y Andalucía se verán afectadas, así como en Asturias, Baleares, Cantabria, Galicia, Murcia, Navarra y País Vasco.
Los recientes cálculos apuntan que los contribuyentes catalanes con rentas superiores a los 18 millones de euros se verán afectados. De hecho, con un patrimonio de 40 millones se abonará un 17% más respecto a lo pagado en el Impuesto de Patrimonio.
