El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, estima que la subida de las bases máximas de cotización en 2023 elevará en 1.600 euros al año el costo de cada trabajador, lo que agrava la situación de las empresas españolas.
De acuerdo a los Presupuesto Generales del Estado 2023 que fueron presentados esta semana por el Gobierno español, las bases máximas de cotización aumentará a 8,6% para el próximo año, una decisión que Amor ha criticado por unilateral y porque tendrá efectos devastadores para el tejido empresarial.
«¿Dónde está el diálogo social del que presume el Gobierno? El pasado lunes hubo una reunión con el Ministerio de Seguridad Social donde se trató este tema y el Gobierno ocultó lo que 48 horas más tarde ha tomado como determinación», ha señalado el presidente de la ATA.
«El pasado lunes hubo una reunión con el Ministerio de Seguridad Social donde se trató este tema y el Gobierno ocultó lo que 48 horas más tarde ha tomado como determinación»
Lorenzo Amor, presidente de ATA
Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre los costes laborales hablan de un incremento general de un 3,8% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2021, con lo que se situó en 2.871,64 euros para ese lapso.
MAYORES PRESIONES
El INE informó también que el coste salarial por trabajador y mes aumentó un 4,3% y alcanzó los 2.153,88 euros de media, mientras que los otros costes crecieron un 2,2%, al situarse en 717,76 euros por trabajador y mes.
El coste laboral incluye todo lo que un empleador paga por un trabajo. Allí se cuenta el coste salarial (sueldos, horas extras, y otros relacionados), al igual que las percepciones no salariales, como pagos por incapacidad temporal, dietas y viajes, y también los aportes que los empleadores hacen a las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social.
«El presidente de LA ATA ha cuestionado que en momentos de costes laborales elevados, el Gobierno ponga más presión en lo que calificó como «la peor noticia y una decisión que toma el Gobierno de forma unilateral»
El presidente de la ATA ha cuestionado que en momentos de costes laborales elevados, el Gobierno ponga más presión a través de una medida que calificó como «la peor noticia y una decisión que se toma de forma unilateral que es un daño terrible al diálogo social, que lo devalúa y que indudablemente va a tener consecuencias muy graves en las empresas que crean empleo».
En las últimas semanas, Amor ha reiterado que las empresas están ante una situación complicada de incertidumbre económica, a la que se unen los altos precios de la energía que hacen peligrar la situación del tejido empresarial español, sobre todo a los autónomos y las empresas más pequeñas.
INADMISIBLE E IMPRESENTABLE
De su parte, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha calificado la medida como «inadmisible e impresentable». A través de un comunicado de prensa, la patronal española ha denunciado que la decisión se ha adoptado «de manera unilateral y a espaldas del diálogo social».
En la actualidad, el Gobierno español junto a todos los sectores involucrados -incluyendo el empresarial- negocian la reforma de pensiones, en la que precisamente uno de los asuntos a tratar es la pensión máxima y la base máxima de cotización.
«Existe una mesa específica con los interlocutores sociales para tratar este tema y se reunió por última vez el pasado lunes sin que se nos trasladase nada sobre este asunto, con lo que la decisión adoptada es impresentable y devalúa el diálogo social», afirmó la organización presidida por Antonio Garamendi.
«La patronal critica que elevar las cotizaciones sociales y depositar una carga ‘aún mayor’ sobre las empresas supone un grave error que tendrá efectos nocivos sobre los niveles de empleo»
La patronal critica que elevar las bases máximas de las cotizaciones sociales y depositar una carga «aún mayor» sobre las empresas supone un grave error que tendrá efectos nocivos sobre los niveles de empleo.
EL CONTEXTO DE DETERIORO
La CEOE estima que, sumando a esta medida la sobrecotización incluida en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), los costes asociados al factor trabajo aumentarán más de un 9%, algo que ocurre «en un contexto de deterioro económico e incertidumbre generalizada».
Por ello, la organización empresarial recordó el sobreesfuerzo que han hecho las compañías españolas durante estos últimos años para mantener el empleo y amortiguar, más en el corto plazo, la escalada de la inflación.
Por último, la patronal acotó que la medida, que consideran un nuevo golpe al tejido productivo, en un momento en el que las arcas del Estado presentan una recaudación récord, genera de nuevo desconfianza en las empresas e inseguridad jurídica y supone un innecesario obstáculo a la competitividad y al crecimiento económico.
