Cambios y una estrategia similar a Londres y otras ciudades europeas. Barcelona y Valencia intensifican el estudio de implantar peajes de entrada a los vehículos, independientemente de si contaminan o no. La nueva ley de movilidad sostenible permite implantar estos nuevos pagos, inéditos hasta ahora en España, imponiendo barreras en las entradas de los grandes núcleos urbanos.
En Barcelona se estudia este modelo desde hace meses, mientras que en la ciudad de Valencia se está ensayando las fórmulas para poder cobrar estos peajes desde el pasado mes de mayo implementar este tipo de barreras en las grandes ciudades. La determinación del Gobierno contrasta con las dudas de los alcaldes que deben decretar su extensión.
Serán los Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes los que puedan instaurar estos pagos obligatorios
Con la excusa de la sostenibilidad, el Ayuntamiento de Barcelona y Valencia tratarán de implementar la estrategia anticoches, y con ello la contaminación. No obstante, esta carga la pagarán miles de trabajadores que, por los precios actuales del alquiler, tienen que vivir fuera de la Ciudad Condal y acudir a su puesto cada día. Para ellos no hay un plan detallado ni concreto aún.
LAS FAMILIAS NUMEROSAS, LAS OLVIDADAS EN LOS PEAJES URBANOS
La única propuesta que fija una cantidad fija al día es la de Seopan, la patronal de las grandes constructoras, que estima en cuatro euros diarios el pago para aquellos vehículos que transporten un máximo de dos personas.
La nueva normativa, fijada por el Ministerio de Transportes, dirigido por Raquel Sánchez, iba a aprobar la ley para finales del próximo 2023, pero se está adelantando a la misma en pleno periodo electoral. De esta forma, las ciudades se podrán adaptar rápidamente para poder abrir los peajes una vez se apruebe.
Serán los Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes los que puedan instaurar estos pagos obligatorios, los mismos que a partir de enero de este año tendrán que tener listas las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) para evitar que los vehículos con etiquetas ‘B’ de la Dirección General de Tráfico puedan circular por estas calles. Más adelante, serán los vehículos con etiqueta ‘C’ los que tendrán prohibido el paso.
BARCELONA Y VALENCIA, PIONERAS EN LOS PEAJES PERO SIN MIRAR LA RIQUEZA QUE DEJAN LOS VENIDOS DE FUERA
Tanto Valencia como Barcelona tratan de adelantarse al Supremo antes de la sentencia definitiva de las zonas de bajas emisiones, impuestas por Bruselas a los Gobiernos. En Europa, tan sólo cuatro ciudades han instalado este tipo de peajes -La mencionada Londres, Milán, Copenhage y Estocolmo-, una medida que se plantea como justa. Sin embargo, la mayoría de afectados son los que van a generar riqueza a Barcelona, no sólo por su trabajo, sino por los gastos que realizan después en restauración y ocio.
No obstante, pese a que el objetivo es reducir y acabar con el vehículo privado -que ya paga impuestos por circular-, las administraciones no han reforzado el transporte público ni ampliado horarios. De hecho, el transporte gratuito por Cercanías no cubre toda la demanda al no llegar a todos los municipios por igual en el Área Metropolitana. La red de autobuses interurbanos tampoco es fiable debido a las demoras y la capacidad de los mismos para albergar una mayor demanda está en entredicho. Sucede, por ejemplo, lo mismo en el Metro de Barcelona en hora punta.
LA PROPUESTA DE LOS 4 EUROS, ACEPTADA POR LAS ORGANIZACIONES
La estrategia anticoches, además, no hace mención a las familias numerosas con varios hijos en edad escolar. Son los grandes olvidados en estas políticas de movilidad.
La posición de los cuatro euros propuestos por Seopan se encamina a reducir el tráfico en un 50% en hora punta. Otras propuestas que está estudiando el Ayuntamiento de Barcelona se centran también en el pago y tarifa que soportarán los llegados de fuera. Asociaciones como Plataforma por la Calidad del Aire, Ecologistas en Acción, así como Bicicleta Club de Catalunya, Exaimple Respira o Red por la Justicia Climática, entre otros, reclaman estos peajes desde hace años. Algunas de sus reivindicaciones ya se han materializado, como colocar cámaras por toda la ciudad, así como prohibir el tráfico no sólo a los vehículos más antiguos, sino también a los más contaminantes.
El principal argumento de estas asociaciones próximas a Unidas Podemos y partidos ecologistas se centra en el derecho a la salud y a la vida de los ciudadanos antes que el de la libertad de elección de los particulares. No obstante, para implantarlo, Barcelona busca el apoyo y la complicidad de la Generalitat de Cataluña.
UN PEAJE APLICADO CADA DÍA DEL AÑO
Asimismo, el peaje no entendería de festivos, al aplicarse todos los días de la semana sin excepción, aunque la Zona de Bajas Emisiones solo funcionaría de lunes a viernes. De esta forma, los usuarios del vehículo privado abonarían no sólo la tasa, sino también la cuantía del parking o de la zona SER para poder estacionar. Así, el coste supondría unos 280 euros mensuales tan sólo por entrar y estacionar en Barcelona cada día, el tercio de la nómina de un mileurista.
Además, el Ayuntamiento permitía la autorización de tan sólo 10 días para circular al año de forma gratuita. Esta autorización se ha extendido esta misma semana a 24 días para las familias vulnerables. Para ello, tendrán que acreditar unos ingresos económicos anuales inferiores a dos veces el indicador de renta de efectos múltiples (IPREM), que a partir de 2023 alcanza los 600 euros mensuales. Así, quienes cobren menos de 1.200 euros al menos tendrán esta autorización de forma anual.